Existe una visión peligrosa que amenaza con descarrilar el movimiento anti-woke. Según muchas personas, incluyendo desafortunadamente a algunos “libertarios”, el problema con los programas woke es que no se ajustan a la Ley de Derechos Civiles de 1964. Esa ley pretendía prohibir la discriminación contra las personas por su raza. No se podía negar la contratación de o con alguien, porque no gustaran las personas negras. La ley decía que debíamos ser “daltónicos” y tratar a todos por igual. Pero ahora, dicen estas personas, el movimiento woke exige que las personas den un trato especial a las demás personas por su raza. Si por ejemplo Ud. tiene un negocio, debe contratar a un cierto número de personas negras, incluso si no están calificadas para el trabajo. También está perfectamente bien discriminar a las personas blancas. La solución, dicen, es volver a la Ley de Derechos Civiles de 1964.
Murray Newton Rothbard tenía una opinión completamente diferente y, como siempre, es nuestro mejor referente en todas las cuestiones políticas. En su opinión, el contrato se basa en la naturaleza voluntaria de la transacción. Si un empleador le ofrece trabajo y Ud. lo acepta, eso es todo lo que necesita. Si Ud. es un empleador al que no le gustan las personas negras, tienes plena libertad de no ofrecerles trabajo, de la misma manera que una persona negra puede negarse a aceptar una oferta de trabajo.
Rothbard consideraba la Ley de Derechos Civiles una violación del principio fundamental de la libertad contractual. En toda la cuestión de los “derechos civiles” impuestos legal y judicialmente, hemos caído en una trampa, en un juego de pasamanos, en el que “ambos bandos” adoptan el mismo pernicioso axioma, y simplemente discuten sobre la interpretación dentro del mismo marco. Por un lado, el liberalismo de izquierda, que en nombre de la igualdad y de los derechos civiles pretende prohibir la “discriminación” en todas partes, ha llevado el proceso hasta el punto de prácticamente imponer cuotas de representación para grupos supuestamente oprimidos en toda la sociedad; ya sean empleos y ascensos, acceso a clubes de golf privados, o en las legislaturas y el poder judicial. Pero la oposición conservadora oficial, que incluye no sólo a neoconservadores, sino también a conservadores de a pie, fundaciones jurídicas conservadoras y libertarios de izquierda, adopta el mismo axioma de los derechos civiles y de la igualdad. En nombre de la supuesta visión “original” de los derechos civiles de Martin Luther King, los conservadores también quieren prohibir la discriminación en el empleo y la vivienda, y permitir que los tribunales federales ordenen la manipulación de los distritos electorales.
Un buen ejemplo reciente de lo que Rothbard está hablando, es el reciente esfuerzo de la administración Trump y los partidarios de MAGA de utilizar acusaciones de “discriminación” para obligar a las universidades a instituir programas para combatir el antisemitismo. Según The New York Times, la Universidad de Columbia pagará una multa de U$S 200 millones para resolver las acusaciones de la administración Trump de que no hizo lo suficiente para detener el acoso a estudiantes judíos. Ésto forma parte de un amplio acuerdo alcanzado el Miércoles para restaurar el financiamiento federal de investigación de la universidad, según un comunicado de la universidad. A cambio de la devolución de cientos de millones en becas de investigación, Columbia también se comprometerá a cumplir las leyes que prohíben la consideración de la raza en las admisiones y la contratación, y a cumplir otros compromisos para reducir el antisemitismo y los disturbios en el campus, acordados en Marzo. El acuerdo, que resuelve más de media docena de investigaciones abiertas sobre derechos civiles en la universidad, será supervisado por un monitor independiente acordado por ambas partes, quien informará al gobierno sobre su progreso cada seis meses. Columbia también pagará U$S 21 millones para resolver las investigaciones iniciadas por la Comisión para la Igualdad de Oportunidades de Empleo de EE.UU.
Continuemos con el análisis de Rothbard. Si bien los conservadores oficiales respaldan plenamente la prohibición de la discriminación racial y de otro tipo, quieren detenerse ahí, y afirmar que ir más allá e imponer medidas de acción afirmativa y cuotas, pervierte el noble ideal original de los derechos civiles. El resto del movimiento por los derechos civiles ha ido trágicamente más allá de esa doctrina, y ha estado “precariamente cerca de aprobar cuotas”. El pecado original de los “derechos civiles”, que habría sido perfectamente comprendido por “viejos conservadores” como los tan difamados Nueve Viejos [de la Corte Suprema], los que intentaron bloquear las medidas del New Deal, es que las leyes o edictos antidiscriminatorios de cualquier tipo son malvados porque pisotean el único derecho natural fundamental: el derecho de cada persona a su propiedad. Todo propietario debería tener el derecho absoluto de vender, alquilar o arrendar su dinero u otra propiedad a quien elija, lo que significa que tiene el derecho absoluto de “discriminar” a su antojo. Si tengo una planta y quiero contratar sólo albinos de 1,83 metros de estatura, y puedo encontrar empleados dispuestos, debería tener el derecho a hacerlo, aunque podría perder hasta la camisa –por supuesto, no debería tener derecho a obligar a los contribuyentes a rescatarme después de haberlo perdido todo. Si soy dueño de un complejo de departamentos y quiero alquilar sólo a suecos sin hijos, debería tener derecho a hacerlo, etc. Prohibir dicha discriminación y los convenios restrictivos que la sustentan, fue el pecado original del que han surgido todos los demás problemas. Una vez que se admite ese principio, todo lo demás se sigue como la noche al día: una vez que es admitido que es correcta la prohibición de que me niegue a contratar a personas negras (o sustituirlas por cualquier otro grupo étnico, de género o lo que se quiera), entonces el liberalismo de izquierda es mucho más lógico que el conservadorismo oficial. Porque si es correcto y apropiado prohibir mi discriminación contra las personas negras, entonces es igualmente correcto y apropiado que el gobierno determine si estoy discriminando o no, y en ese caso, es perfectamente legítimo que apliquen cuotas para comprobar la propuesta.
Como era de esperar, Rothbard fue aún más radical al desafiar las ortodoxias de la izquierda, incluyendo, en su mayoría, a los llamados “libertarios de izquierda”. Estos afirmaban que las empresas privadas deberían tener libertad para discriminar, pero que el gobierno no. Rothbard también rechazó ésto. Volviendo a las falacias del libertarismo de izquierda: además de la cuestión de qué hacer con las instalaciones gubernamentales, los libertarios de izquierda son extremadamente irrealistas al afirmar que las leyes antidiscriminación sólo deberían ser aplicadas a las operaciones estrictamente gubernamentales, mientras que las operaciones privadas deben ser totalmente libres. El problema radica en que, especialmente en nuestra sociedad dominada por el estado, la línea entre lo público y lo privado se ha vuelto cada vez más difusa, y es precisamente debido a esa imprecisión que el liberalismo de izquierda ha podido expandir con gran facilidad, y prácticamente sin oposición, la aplicación original de los derechos civiles de las instalaciones públicas a todo tipo de instalaciones privadas. Por ejemplo, en todas partes y frente o junto con toda propiedad privada, existen calles y carreteras públicas. Prácticamente todos los negocios privados venden algún servicio o producto a alguna agencia gubernamental; todos los negocios privados venden a través de las fronteras estatales y, por lo tanto, están sujetos a la “cláusula de comercio” de la Constitución; todas las escuelas o instituciones culturales privadas reciben, directa o indirectamente, fondos gubernamentales; los restaurantes tienen, de alguna manera, carácter “público”, porque tienen sus puertas abiertas al público; los clubes sociales … No son realmente la corrección “privada” en la alta teoría; resultan totalmente irrelevantes para el panorama social actual. Entonces, ¿cuál es la solución a todo ésto? Ciertamente no tomar el camino libertario standard: respaldar los derechos civiles para las operaciones públicas y luego, si les interesa el mundo real, intentar distinguir con precisión qué es privado y qué es público hoy en día. El resultado es que no queda nada “privado”, y los libertarios de izquierda, como siempre, satisfechos con la corrección en la alta teoría, resultan totalmente irrelevantes para el panorama social actual. Lo que hay que hacer es repudiar por completo los “derechos civiles” y las leyes antidiscriminación; y mientras tanto, en una vía separada pero paralela, intentar privatizar tanto y tan completamente como sea posible.
Traducción: Ms. Lic. Cristian Vasylenko
