Una contabilidad engañosa oculta la asombrosa magnitud de las obligaciones financieras de DC.
Cuando se les pregunta hasta qué punto se ha hundido el gobierno estadounidense en números rojos, muchos estadounidenses con conciencia fiscal dirán que la deuda nacional ha alcanzado los U$S 37 billones. Por muy preocupante que sea esa cifra oficial, la verdadera situación fiscal de Estados Unidos es aún peor, mucho peor. Según un informe del Tesoro apenas difundido, el total real de las obligaciones del Tío Sam supera los U$S 151 billones.
Esta enorme discrepancia se debe a que el gobierno federal no se rige por las mismas normas contables que impone a las empresas. En lugar de utilizar la contabilidad de acumulación (que reconoce los gastos cuando se incurre en éstos), nuestros amos de Washington utilizan para su propio beneficio una contabilidad de caja simple, reconociendo los gastos sólo cuando son pagados. Como resultado, el discurso sobre las obligaciones federales está centrado únicamente en la deuda nacional, que comprende letras, pagarés y bonos del Tesoro.
Sin embargo, una vez al año un informe poco conocido presenta una versión más precisa del balance general del Tío Sam. Aunque recibe poca atención de periodistas o funcionarios públicos, el Departamento del Tesoro está obligado a presentar un informe anual al Congreso que detalla la situación financiera del gobierno. Fundamentalmente, la ley de 1994 que obliga a este informe exige que refleje los “pasivos no financiados”; es decir, compromisos asumidos sin activos ni fuentes de ingresos específicos que garanticen su cumplimiento.
un prendedor que muestra la creciente deuda nacional en tiempo real.
Una de las categorías más importantes de estos pasivos no financiados son las futuras prestaciones a empleados federales y veteranos. Al cierre del ejercicio fiscal 2024, ésto por sí solo representaba una obligación de U$S 15 billones. Sin embargo, con una diferencia considerable, los mayores pasivos no financiados provienen de las obligaciones de seguridad social de Estados Unidos, principalmente el Seguro Social y Medicare. Al cierre del ejercicio fiscal, estos pasivos ascendían a la impresionante cifra de U$S 105,8 billones.
Al sumar estos y otros pasivos no financiados a la deuda nacional pública y otras obligaciones, se llega a un total de U$S 151,3 billones al cierre del ejercicio fiscal 2024. Si se compensa con un estimado de U$S 7,9 billones en activos tangibles del gobierno estadounidense, incluyendo propiedades, planta, equipos y supuestas tenencias de oro, un análisis de Just Facts sitúa al Tío Sam en un saldo neto negativo total de U$S 143 billones.
En un artículo publicado en el Heartland Institute, el presidente de Just Facts, James Agresti, puso esa cifra casi incomprensible en perspectiva: “U$S 143 billones representan 85% de la riqueza neta que los estadounidenses han acumulado desde la fundación de la nación, estimada por la Reserva Federal en U$S 169 billones. Ésto incluye todos sus activos en ahorros, bienes raíces, acciones corporativas, empresas privadas, e incluso bienes de consumo duraderos, como automóviles y muebles”.
Esas cifras reflejaban la posición del gobierno al 30 de Septiembre de 2024. No sólo han empeorado significativamente en los meses transcurridos, sino que se están deteriorando a un ritmo vertiginoso incluso mientras usted lee ésto: sin contar los pasivos no financiados que representan la mayor parte del problema, la deuda nacional por sí sola está aumentando a un ritmo aproximado de U$S 156 millones/hora.
Discutir el presupuesto no nos salvará. Los debates en el Congreso tienden a centrarse en el gasto discrecional: desembolsos que requieren la votación del Congreso durante el proceso de asignación de fondos. Sin embargo, la marcha constante de Estados Unidos hacia la insolvencia está impulsada por el llamado gasto obligatorio, prescrito por leyes previamente promulgadas.
En lo que podría ser el indicio más ominoso de que el gobierno se encuentra en piloto automático en una ruta catastrófica, la proporción del total de gastos federales impulsados por el gasto obligatorio se ha más que duplicado desde 1965, de 34% a 73% en 2024. Tan sólo dos años antes, en 2022 era de 71%.
Los dos mayores ejemplos de gasto obligatorio son la Seguridad Social y Medicare. Estos programas de jubilación se encuentran ahora al borde de una crisis que se viene advirtiendo desde hace una generación: según el último informe de los administradores de sus programas, los fondos fiduciarios de la Seguridad Social y Medicare están a sólo siete años de la insolvencia.
Si bien el gobierno federal exige que los planes de pensiones del sector privado mantengan activos equivalentes al valor actual de las obligaciones futuras, se exime de brindar a los ciudadanos la misma seguridad que impone al programa de la Seguridad Social. Contrariamente a la creencia popular de que los impuestos sobre la nómina se depositan en “cuentas” individuales para nuestro beneficio futuro, ese dinero es inmediatamente distribuido entre otras personas que ya han alcanzado la fase de recepción de beneficios; razón por la cual la Seguridad Social puede ser razonablemente comparado con un esquema Ponzi –estafa piramidal.
Debido a que la proporción de trabajadores contribuyentes por beneficiarios está en constante descenso –de 5,1 en 1960 a 2,7 en 2023–, los pagos del Seguro Social han superado los ingresos durante los últimos 15 años. Como resultado, se prevé que los fondos fiduciarios del Seguro Social y Medicare se agoten en 2033. Según la ley que rige el Seguro Social, los pagos de ese año se limitarán a los ingresos del programa, lo que se traducirá en un recorte repentino de 23% en los pagos.
Si bien ésto representa una bomba de tiempo política, no esperen ninguna urgencia para desactivarla. La cuenta regresiva de ocho años es corta, pero aún está fuera del marco de las próximas elecciones que impulsa las acciones de los funcionarios electos. Estos políticos saben que cualquiera que proponga una reconsideración del Seguro Social y Medicare, largamente esperada, será acusado oportunistamente de “atacar” los programas. Sin embargo, cuando la crisis finalmente les llegue, no se sorprendan si parte de su solución consiste en pedir dinero prestado para apuntalar los pagos.
Hay otro componente clave del gasto obligatorio que no es contabilizado en la deuda nacional: los pagos de intereses de la deuda emitida para cubrir gastos pasados y actuales. “En total, los programas sociales y los intereses de la deuda nacional –que provienen principalmente de programas sociales– representan 75% de todo el gasto federal”, señala Agresti.
Los pagos de intereses también representan una parte cada vez mayor del total de los desembolsos, y ascenderán a casi U$S 1 billón este año. Se proyecta que, dentro de 10 años, alcancen los U$S 2 billones, aproximadamente el equivalente al deficit total de 2025. El año pasado se registró un hito desalentador, ya que los gastos por intereses superaron el gasto en defensa y Medicare.
Las proyecciones actuales indican que los intereses superarán a la Seguridad Social y se convertirán en el mayor gasto individual para 2042, pero no se sorprendan si ese hito es alcanzado antes. El gobierno ya está entrando en un círculo vicioso en el que la creciente deuda estadounidense obliga a sus compradores a exigir tipos de interés más altos como compensación por el creciente riesgo de inflación o impago. Estas tasas más altas generan mayores pagos de intereses y aún más deuda.
Más allá de lo obligatorio frente a lo discrecional, y de lo financiado frente a lo no financiado, existe una clasificación del gasto aún más importante, pero mucho menos debatida, que afecta directamente a la marcha de Estados Unidos hacia el desastre financiero: constitucional frente a inconstitucional. Como señalé en el artículo más leído de Stark Realities, “Los estadounidenses luchan por el control de poderes federales que no deberían existir”:
El extenso gobierno federal actual, que se involucra en casi todos los aspectos de la vida cotidiana estadounidense, es casi completamente inconstitucional.
Para enumerar sólo unas de las pocas actividades y entidades no autorizadas del gobierno federal –prepárense–, no existe ninguna autoridad constitucional para el Seguro Social, Medicare, las prohibiciones federales de medicamentos, la Administración de Pequeñas Empresas (SBA), los subsidios agrícolas, el Departamento de Trabajo, los standards de eficiencia de combustible para automóviles, las regulaciones climáticas, la Reserva Federal, la regulación sindical, los subsidios de vivienda, el Departamento de Agricultura, las regulaciones laborales, el Departamento de Educación, los préstamos federales para estudiantes, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), los cupones de alimentos, el seguro de desempleo ni las regulaciones sobre bombillas. Ni siquiera esa muestra alcanza para comprender completamente el alcance de la actividad no autorizada.
Esta caja de Pandora de intentos inconstitucionales fue abierta de par en par con las interpretaciones desmesuradas de la Constitución por parte de la Corte Suprema en la década de 1930. No es casualidad que el gasto federal representara tan sólo 3% del PBI en 1930, pero se disparara al 23% que deformaría la economía en 2024.
Ahora encontramos al gobierno federal en un agujero de U$S 143 billones, carga que equivale a más que U$S 1,085 millón por hogar estadounidense. La historia sugiere que ésto terminará con un impago del gobierno. En Estados Unidos, ésto posiblemente ocurrirá no mediante el repudio explícito de la deuda, sino mediante el alza desenfrenada de precios, a medida que el Tesoro y la Reserva Federal conspiran para crear nuevo dinero de la nada (dinero fiduciario o dinero fiat) para cubrir los pagos de la deuda.
“No pueden pagar la deuda, así que tienen que liquidarla”, dijo el ex congresista Ron Paul en una conversación con David Lin en Junio. “No incurrirán en impago; siempre van a pagar algo por las letras del Tesoro. Lo que harán es liquidar la deuda pagándola con dinero falso”.
Si bien el esquema de creación de dinero de la Reserva Federal y el Tesoro lleva mucho tiempo con nosotros, la alarmante trayectoria de la deuda y el gasto federal apunta a una futura impresión de dinero a una escala de hiperinflación y colapso económico. En ese momento, los estadounidenses se encontrarán en una encrucijada. La desesperación y el miedo los harán susceptibles al canto de sirena del autoritarismo aún mayor, y del control inconstitucional y centralizado de la economía y de la sociedad, que el que los puso en una situación tan desesperada.
“La gente querrá que la cuiden”, dijo Paul. Lo veo como una oportunidad. Si la gente está promoviendo la causa de la libertad y hay caos en las calles, mejor salgamos a la calle y lideremos la lucha, diciendo que no necesitamos más de lo que causó ésto. No necesitamos más autoritarismo. Lo que necesitamos es más libertad y más paz, y eso significa que debemos obedecer la Constitución.
Traducción: Ms. Lic. Cristian Vasylenko
