Recientemente el presidente Trump respaldó una política posiblemente tan socialista como cualquier propuesta del candidato a la alcaldía de New York, Zohran Mamdani, o del senador Bernie Sanders: la propiedad estatal parcial de empresas privadas.
Como condición para aprobar la compra de US Steel por parte de Nippon Steel a principios de este año, el presidente Trump exigió que Nippon Steel otorgara al gobierno estadounidense una “acción de oro” en US Steel. Esta acción de oro permite al gobierno estadounidense invalidar la gestión de Nippon Steel si determina que actúa en contra de la “seguridad nacional” de Estados Unidos, lo que significa que el gobierno puede invalidar muchas decisiones tomadas por la dirección de Nippon Steel.
Desafortunadamente, Nippon Steel no fue la incursión única en el corporativismo. El presidente Trump llegó recientemente a un acuerdo con el fabricante de chips Intel para otorgarle U$S 8.900 millones en subsidios gubernamentales, a cambio de 10% de las acciones de Intel. ¡Este acuerdo convierte al gobierno estadounidense en el mayor accionista de Intel!
La administración Trump ha prometido que no usará su posición para socavar la posición de la junta directiva de Intel. Sin embargo, se reserva el derecho de contraatacar a la junta directiva si determina que ésta toma una medida que pueda afectar negativamente la relación de la empresa o sus filiales con el gobierno estadounidense. Por lo tanto, la administración Trump se está otorgando una vez más el poder de gestionar una empresa aparentemente privada.
Permitir que el gobierno controle una empresa privada (incluso si no ejerce su poder), significa que la dirección de la empresa basará sus decisiones en lo que complacerá a quienes ostentan el poder, en lugar de los deseos de los consumidores.
El gasto gubernamental en corporaciones hará que los políticos tomen decisiones basadas en lo que beneficie a las empresas en las que el gobierno ha “invertido”, mientras que los competidores de esas empresas buscarán atraer la “inversión” gubernamental para obtener privilegios especiales.
Una corporación parcialmente propiedad del gobierno será considerada “demasiado grande como para quebrar” [Too-big-to-fall], ya que su quiebra haría que el gobierno pierda el dinero “invertido” en las empresas. Por lo tanto, el argumento será que un rescate ahorrará dinero a los contribuyentes. Según un análisis de 2024 del Banco Mundial –organización que dista de caracterizarse como partidaria de la economía de libre mercado—, las empresas con participación gubernamental de 10% o más, son 6% menos rentables, y su productividad es 32% menor.
Algunos miembros de la administración Trump han sugerido que el gobierno federal asuma la participación parcial en contratistas de defensa como Lockheed Martin y Boeing. El secretario de Comercio, Howard Lutnick, ha señalado que la gran contratista de defensa Lockheed Martin, por ejemplo, es “básicamente un brazo del gobierno estadounidense”, ya que casi todos sus ingresos provienen de estado. El secretario Lutnick tiene razón, pero la cercanía entre el Pentágono y las grandes corporaciones es un argumento a favor de restaurar una política exterior no intervencionista. Otorgar al gobierno una participación en la propiedad de los contratistas de defensa, permitiría al bando belicista argumentar que el militarismo beneficia al contribuyente, porque aumenta el valor de las “inversiones” gubernamentales.
La “inversión” gubernamental en empresas privadas sólo agravará las dos plagas del corporativismo y el favoritismo que aquejan a nuestros sistemas político y económico. En lugar de complicar aún más al gobierno y a las empresas, quienes buscan la grandeza de Estados Unidos deberían trabajar para acabar con el estado de bienestar, guerra y regulación, y con el sistema de dinero fiduciario que lo hace posible. El único camino hacia la prosperidad es un verdadero libre mercado, un gobierno limitado y una política exterior de paz y libre comercio.
Traducción: Ms. Lic. Cristian Vasylenko
