Adoctrinamiento social primario estatal: crítica libertaria de la regulación digital juvenil

    Por
    Alexis Sémanne
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    El aumento de la adicción a las redes sociales entre los jóvenes ha generado una preocupación generalizada, en particular por su impacto en la salud mental, el rendimiento académico y el desarrollo social (Al-Samarraie et al., 2022; Bezáková, Madleňák y Švec, 2021; Bozzola et al., 2022). Gobiernos, grupos de defensa e incluso empresas privadas han propuesto o implementado diversas regulaciones, como límites de tiempo frente a la pantalla, moderación más estricta de contenido, y restricciones basadas en la edad, para proteger a los usuarios vulnerables (Koo, Wati y Lee, 2011). Si bien estas medidas suelen tener buenas intenciones, plantean importantes interrogantes sobre el papel del estado, la autonomía individual, y los derechos de los padres (Anderson, Faverio y Park, 2024; Decter, 1975; Cohen y Hall, 2022; Dominiak, 2015; Lipson y Vallentyne, 1991). Este nuevo control social debe ser analizado en el contexto más amplio de mayor regulación económica y social, así como de mayor control y vigilancia gubernamental (Zuboff, 2019; Holloway, 2019; Andrejevic, 2007; Lyon, 2018).

    A pesar de la creciente relevancia de este asunto, existe una notable brecha en la investigación libertaria que aborda la regulación de las redes sociales, especialmente en lo que respecta a la juventud (Perry, 2017; Dahlberg, 2010). La literatura existente suele centrarse en críticas más amplias a la censura o a las dinámicas del mercado, pero rara vez considera las implicancias únicas de la intervención estatal en este contexto específico (Busch, Theiner y Breindl, 2018; Peterson, 2013; Slutskiy, 2020). Esta carencia ofrece la oportunidad de ofrecer una perspectiva libertaria novedosa a un debate contemporáneo de gran actualidad (Palmer, 2014; Vallentyne y Steiner, 2000).

    Este artículo presenta el concepto de adoctrinamiento socializador primario estatal como una contribución novedosa a la literatura austrolibertaria. Este concepto describe cómo el estado condiciona sistemáticamente a los individuos desde la infancia hasta la edad adulta,[[1]] moldeando sus creencias, comportamientos y valores, para que perciban a la autoridad gubernamental como natural y necesaria. A través de la educación obligatoria, la influencia de los medios de comunicación, la intervención burocrática y la supervisión regulatoria, los individuos se habitúan gradualmente a políticas intervencionistas, y se los desalienta del pensamiento independiente (Pennington 2025; von Mises 2011). Este proceso fomenta una ciudadanía cada vez más pasiva y dependiente de las directivas estatales, en lugar de valorar la autodeterminación y la libertad. Al vincular este marco con el debate sobre la adicción a las redes sociales y la intervención estatal, destacamos cómo las iniciativas regulatorias contemporáneas ‒en particular las aceleradas por crisis como la del covid‒ refuerzan este patrón más amplio de control estatal. En lugar de abordar las causas profundas de la adicción, estas medidas amplían la influencia del gobierno sobre la vida privada, consolidando aún más la dependencia respecto de las soluciones estatales, en detrimento de la agencia individual y de las alternativas voluntarias.

    Adoctrinamiento social primario estatal

    La expresión adoctrinamiento social primario estatal[[2]] describe el condicionamiento sistemático que el estado ejerce sobre los individuos desde la infancia hasta la edad adulta, moldeando sus creencias, comportamientos y valores para que acepten la autoridad estatal como algo natural y necesario (Oetting et al., 1998; Whitbeck, 1999). Mediante la educación obligatoria, la influencia de los medios de comunicación, la intervención burocrática y la supervisión regulatoria, los individuos se habitúan gradualmente a políticas intervencionistas, y es limitada su capacidad de pensamiento independiente; ésto fomenta una ciudadanía pasiva, la que se basa en las directivas del gobierno en lugar de valorar la autodeterminación y la libertad (von Mises, 1956, 2011; Ikeda, 2002). Apelaciones a la seguridad, el crecimiento económico, la equidad social, la salud pública y la lucha contra el extremismo o el terrorismo, son constantemente utilizadas para justificar este proceso. Ya sea a través de programas de lucha contra la pobreza, la gestión de crisis o medidas regulatorias, la intervención estatal es enmarcada como protección esencial contra los riesgos sociales.

    Más recientemente ha sido ampliada la justificación de la extralimitación gubernamental, para incluir la regulación del comportamiento bajo el pretexto de preocupaciones de salud pública, incluyendo la adicción (Illich, 2003; Zhan y Chan, 2012; Kolodny y Frieden, 2017; Bakke y Endal, 2010). Sin embargo, en algunos casos estas adicciones parecen ser artificialmente inducidas por el propio estado.[[3]] Un ejemplo claro es la dependencia de las redes sociales, exacerbada por los confinamientos pandémicos. Los gobiernos restringieron la movilidad física y reconfiguraron las interacciones sociales al confinar a las personas en sus hogares, lo que obligó a las personas a pasar más tiempo frente a la pantalla como su principal medio de comunicación e interacción. De esta manera, las políticas estatales intensificaron la dependencia de las plataformas digitales (Amankwah-Amoah et al., 2021; Floetgen et al., 2021), y reforzaron el papel del estado como supervisor del discurso y del comportamiento aceptables, creando tanto las condiciones para la adicción como la justificación para mayor regulación.

    Herramientas de adoctrinamiento

    El sistema escolar público es una de las herramientas más potentes de habituación estatal. Como destaca Murray Newton Rothbard (1999) en Educación: Gratuita y Obligatoria, la educación controlada por el gobierno instruye e inculca la obediencia a la autoridad estatal. El curriculum moderno suele enfatizar valores colectivistas, suprimiendo el individualismo y el pensamiento crítico en favor de la obediencia. Introducir formación ideológica ‒ya sea en políticas sociales progresistas, alarmismo ambiental o intervencionismo económico‒ garantiza que los estudiantes sean socializados para considerar el control estatal como legítimo y necesario.

    Desde la infancia, las personas interactúan con burocracias que regulan casi todos los aspectos de sus vidas, desde la educación hasta la atención médica y el empleo. Estas interacciones constantes refuerzan la percepción de que el gobierno es un solucionador indispensable de problemas, más que una fuerza coercitiva. Una vez que la autoridad centralizada es aceptada como fuerza standard y benévola, se vuelve extremadamente difícil resistir su expansión.

    El estado de bienestar desempeña un papel crucial en la habituación de las personas a la intervención gubernamental. El estado cultiva un sentimiento de dependencia que socava el atractivo de la responsabilidad personal y de las soluciones de libre mercado, al hacer que amplios sectores de la población dependan de programas sociales, subsidios y prestaciones estatales. Rothbard (2011, 235) argumenta que dicha intervención distorsiona los incentivos económicos naturales, reforzando la creencia de que sólo el gobierno, y no la cooperación voluntaria ni el emprendimiento, puede brindar seguridad y estabilidad.

    El auge de las plataformas digitales ha ampliado aún más la influencia del estado. Shoshana Zuboff (2019) explica en The Age of Surveillance Capitalism [La era del capitalismo de vigilancia] que los gobiernos y las principales empresas tecnológicas colaboran para rastrear y regular el comportamiento en línea, normalizando la vigilancia y condicionando a las personas a la autocensura. Los sistemas de crédito social, la recopilación generalizada de datos, y la moderación algorítmica de contenido, refuerzan la conformidad ideológica, a la vez que erosionan sutilmente la resistencia a la extralimitación del estado.

    El covid brindó una excusa sin precedentes para que los gobiernos reforzaran la autoridad estatal, al tiempo que fomentaban la adicción conductual a los entornos digitales. La imposición de mandatos de mascarillas, confinamientos y pasaportes de vacunación ‒sin debate sólido ni supervisión legislativa‒ acostumbró a las poblaciones a altos niveles de control sobre su comportamiento personal. Walter Block (2020) y Mark Pennington (2023) destacan cómo estas medidas ampliaron la ventana de Overton, haciendo que niveles de intervención estatal antes impensables, parecieran razonables, sino necesarios. Además, las políticas de confinamiento aceleraron la transición hacia la adicción digital, especialmente entre los jóvenes, reforzando la dependencia de la socialización mediada por el estado a través de pantallas, educación en línea e interacciones digitales supervisadas por el gobierno (Gupta, Swami y Nebhinani, 2020; Gregersen et al., 2023). Este fenómeno se relaciona directamente con los temas explorados en este artículo.

    En los últimos años, la promoción de políticas de identidad, la teoría crítica de la raza y las ideologías radicales de género en las instituciones educativas, y las políticas públicas, ha consolidado aún más la intervención estatal. Como argumenta Hans-Hermann Hoppe (2001), las ideologías colectivistas sirven como justificaciones ideológicas para mayor control estatal, al presentar todas las disparidades sociales como injusticias sistémicas que requieren corrección gubernamental. Este cambio desalienta la autosuficiencia y promueve la expectativa de que el estado debe impulsar la igualdad, consolidando aún más la supervisión burocrática de la vida cotidiana.

    Los medios de comunicación alineados con el estado refuerzan estas narrativas, al moldear la percepción pública de las acciones gubernamentales. Ya sea a través de medios de comunicación financiados por el estado o de controles regulatorios sobre los medios privados, son marginadas las perspectivas disidentes, mientras que las narrativas proestatales son amplificadas. Como advierte Alexis de Tocqueville (1840, cap. 6) en La democracia en América, este “despotismo blando” garantiza que los individuos, incluso en sociedades democráticas, acepten gradualmente la influencia del estado no mediante la coerción abierta, sino mediante la manipulación sutil del discurso público.

    Erosión de la libertad e influencia individual

    Con el tiempo, la exposición repetida a la intervención estatal conduce a la desensibilización. Cada pérdida gradual de libertad ‒restricciones de expresión, vigilancia financiera o aumento de impuestos‒ se vuelve más fácil de ser aceptada a medida que las personas se acostumbran al control gubernamental. Este proceso refleja la adaptación psicológica observada en las relaciones abusivas, en las que las víctimas se condicionan a aceptar la coerción como parte de la vida cotidiana. Al posicionarse como el principal cuidador, educador y autoridad moral, el estado erosiona gradualmente la influencia de las familias y de las comunidades locales. Los derechos parentales son subordinados cada vez más a los mandatos gubernamentales en materia de educación, salud y políticas de bienestar infantil. Este cambio debilita la autonomía familiar, y consolida el papel del estado como el árbitro supremo de los valores sociales.

    Como señala Rothbard (1998) en The Ethics of Liberty [La Ética de la Libertad], la forma más eficaz de control es aquélla en la que las personas ya no cuestionan su legitimidad. Cuando las personas internalizan la creencia de que el estado es necesario para el orden y el progreso, la oposición a su crecimiento es considerada irracional o extremista. Este arraigo ideológico garantiza que la resistencia sea mantenida en sus mínimos, incluso con la expansión del poder gubernamental.

    Contrarrestar la habituación estatal requiere de un enfoque multifacético, basado en la educación voluntaria, la descentralización y el pensamiento independiente. Los modelos de escolarización alternativos, como homeschooling [educación en casa] y la educación privada, ofrecen vías para desarrollar habilidades de pensamiento crítico al margen del adoctrinamiento estatal. Los medios de comunicación descentralizados y las publicaciones independientes pueden desafiar las narrativas estatales, fomentando la diversidad intelectual (Brunetti y Weder, 2003; Guseva et al., 2008). Finalmente, abogar por soluciones de libre mercado en lugar de la intervención gubernamental, fortalece la independencia económica, reduciendo la dependencia de los programas estatales.

    El adoctrinamiento socializador primario estatal representa un nuevo marco teórico dentro del pensamiento austrolibertario, que destaca los mecanismos por los que la influencia del estado es profundamente arraigada en la sociedad. Su conexión con la adicción digital, particularmente durante y después de la crisis del covid, subraya el papel del estado ‒más allá de la intervención política y económica‒ en el fomento de la dependencia. Reconocer estos mecanismos es el primer paso para resistir su influencia y fomentar una cultura que valore la libertad, la autosuficiencia y la cooperación voluntaria, por encima de la coerción y de la dependencia.

    La Tabla 1 presenta los mecanismos centrales del adoctrinamiento socializador primario estatal: el condicionamiento sistemático de los individuos por parte del estado a través de la educación, los medios de comunicación, la asistencia social y la regulación digital, para normalizar la obediencia y la dependencia. Al mapear estos mecanismos y sus efectos psicológicos, sociales y políticos, este marco pretende explicar cómo el estado moderno erosiona sutilmente la responsabilidad personal y la autoridad familiar, a la vez que fomenta una cultura de conformidad y vigilancia.

    Tabla 1. Mecanismos y efectos del adoctrinamiento socializador primario estatal

    Mecanismo Descripción Efecto sobre el individuo
    Educación obligatoria La educación controlada por el estado impone un curriculum uniforme que enfatiza la obediencia, el colectivismo y la conformidad ideológica. Internalización de la legitimidad del estado.

    Supresión del pensamiento crítico y del individualismo.
    Influencia de los medios y control de la narrativa Los medios de comunicación financiados por el estado, y la regulación algorítmica del contenido en línea, moldean la percepción pública y marginan el disenso. Aceptación de narrativas dominantes.

    Normalización de la vigilancia y de la censura.
    Socialización burocrática Los ciudadanos interactúan con las burocracias desde la infancia en los ámbitos de la salud, la educación y el empleo, lo que refuerza la dependencia de las instituciones públicas. Reducción de la autoconfianza.

    Habituación a mecanismos externos de resolución de problemas.
    Dependencia de la asistencia social Los programas sociales y los subsidios fomentan la dependencia económica de largo plazo de los mecanismos de redistribución del gobierno. El debilitamiento del espíritu emprendedor y de la cooperación voluntaria.
    Regulación del comportamiento vía sucesivas crisis Las crisis fabricadas (ej.: hambrunas, pandemias, guerras, terrorismo) justifican controles intrusivos de comportamiento (confinamientos, pasaportes, mandatos), remodelando los hábitos sociales y aumentando la dependencia digital. Incrementalidad en la aceptación de normas coercitivas.

    Adicción digital e interacción mediada por el estado, normalizadas.
    Vigilancia digital y colusión tecnológica Las plataformas tecnológicas y los estados colaboran para rastrear el comportamiento, hacer cumplir las normas, y moderar el discurso (Zuboff 2019). Erosión de la privacidad y de la autonomía.

    Fomento de la aceptación pasiva del capitalismo de vigilancia.
    Adoctrinamiento ideológico Las políticas identitarias progresistas y las narrativas igualitarias son institucionalizadas para justificar la redistribución y la intervención estatal. Desaliento y debilitamiento de la responsabilidad personal.

    Mayor tolerancia al igualitarismo coercitivo.
    Desensibilización al control La expansión incremental del poder estatal a través de impuestos, censura y mandatos, conduce a la normalización del control. Habituación psicológica a la coerción.

    Resistencia descalificada como irracional.
    Erosión de la autoridad familiar y comunitaria Los derechos de los padres se ven anulados por los mandatos estatales en materia de educación, atención médica, y comportamiento digital. Debilitamiento de las estructuras orgánicas de orientación moral y social.

    Centralización de la autoridad social.

     

    La ideología del control: riesgos y repercusiones

    Más allá de las intenciones inmediatas de proteger a la juventud, las implicancias ideológicas más amplias de la regulación de las redes sociales revelan una tendencia más profunda hacia la normalización del control estatal. Esta sección examina críticamente las consecuencias imprevistas y los riesgos estructurales de dichas intervenciones, en particular cómo afectan la autonomía individual, la autoridad familiar y la resiliencia social (véase la Tabla 2 para un resumen). Partiendo de la teoría libertaria, esta sección destaca cómo los enfoques estatales suelen ser contraproducentes: fomentan la dependencia, socavan la responsabilidad parental, y amplían la extralimitación burocrática.

    Impacto en la socialización y en la independencia

    La regulación excesiva de las redes sociales corre el riesgo de condicionar a los niños a depender de controles externos, en lugar de fomentar su capacidad de autorregulación (Xiao, 1999).[[4]] Al restringir el acceso a plataformas que ofrecen tanto riesgos como oportunidades de crecimiento, estas regulaciones inhiben el proceso natural mediante el cual los jóvenes desarrollan la independencia y el pensamiento crítico (Bylund, 2015). A pesar de sus inconvenientes, las redes sociales ofrecen un espacio para que los jóvenes exploren diversos puntos de vista, conecten con compañeros de todo el mundo, y se expresen creativamente. La sobrerregulación sofoca estos beneficios, fomentando la dependencia de las normas impuestas por el estado, en lugar de la toma de decisiones personales (Bylund 2015; von Mises 1949, 307, 310). Como señala Rothbard (2011, 353), los seres humanos prosperan en entornos en los que pueden actuar con libertad, y alinear sus decisiones con la razón y los valores.

    Al restringir el acceso, la regulación limita las oportunidades de los adolescentes para ejercer su autonomía en un contexto digital (Van der Hof y Koops 2011; J. K. Park et al. 2024). La adolescencia es una fase crítica del desarrollo, durante la cual las personas aprenden a desenvolverse en realidades sociales complejas. La sobrerregulación impone el riesgo de detener este proceso, sustituyendo la oportunidad de crecimiento por la dependencia de mandatos de arriba hacia abajo. Por ejemplo, las prohibiciones generalizadas de las redes sociales a menudo ignoran los distintos niveles de madurez y responsabilidad de los jóvenes, homogeneizándolos y sofocando la individualidad y el autogobierno.

    Una preocupación secundaria es la culturización de los jóvenes a sistemas invasivos de verificación de identidad (Chin, Jin y Ling, 2006; Labati et al., 2017; Wang, Tan y Jain, 2003). Las políticas que exigen verificaciones de identidad frecuentes para acceder a espacios en línea podrían normalizar la vigilancia constante, condicionando a los niños a aceptar dichas intrusiones como una norma social. Ésto podría sentar las bases para futuros sistemas similares a los modelos de crédito social, en los que las personas deben revelar información personal para participar en actividades sociales fundamentales. Estas medidas socavan el principio de privacidad como piedra angular de la libertad.

    Además, exigir a los niños que compartan datos personales para acceder a las plataformas, plantea dudas sobre la proporcionalidad de dichas medidas. Los principios de minimización de datos, tal como son enfatizados en los marcos legales de privacidad, son a menudo pasados por alto en favor de prácticas generales de recopilación de datos. Al intentar aplicar las regulaciones, las plataformas pueden extralimitarse recopilando gran cantidad de información personal, lo que erosiona no sólo la privacidad, sino también la libertad de expresión y de comunicación. Esta dinámica crea un efecto disuasorio, ya que los jóvenes usuarios pueden autocensurarse para evitar posibles repercusiones.

    En última instancia, estas medidas no abordan las causas fundamentales de la adicción a las redes sociales, sino que crean una solución superficial que podría tener consecuencias duraderas. Al no inculcar un sentido de responsabilidad y autonomía en los jóvenes, la regulación excesiva corre el riesgo de producir una generación sin la preparación necesaria para gestionar las libertades digitales. Empoderar a las familias[[5]] en lugar de imponer mandatos estatales, se alinea con la visión de Rothbard (1998) de fomentar la libertad a través de la autopropiedad y de la asociación voluntaria.

    En igual sentido, Hans-Hermann Hoppe destaca que, en las sociedades occidentales modernas, los niños suelen estar expuestos a ideologías colectivistas e instituciones estatales durante casi dos décadas, desde la guardería hasta la escuela primaria, el bachillerato y la universidad. Incluso las instituciones privadas suelen estar sujetas a fuerte regulación estatal, que adapta los planes de estudio para alinearlos con marcos ideológicos específicos. Como señala: “Cuanto más tiempo pasa una persona dentro del sistema de educación pública, más comprometida está con las ideas igualitarias de izquierda, y ha asimilado e internalizado de lleno la doctrina y la agenda oficiales de la ‘corrección política’” (Hoppe 2018, 96-97). Este adoctrinamiento sistémico, que se extiende durante décadas, socava los cimientos del individualismo, y refuerza la cultura de conformidad y dependencia.

    Esta exposición prolongada condiciona las mentes jóvenes a aceptar la autoridad estatal como una parte natural e inevitable de la vida.[[6]] La creciente intervención en áreas como el comportamiento digital, como se observa en los casos de Corea del Sur, China, Estados Unidos, España y Australia, extiende aún más esta dinámica, acostumbrando a los niños a la idea de que el estado debe dictar sus decisiones personales.

    En Corea del Sur, los “campamentos de desintoxicación digital” del gobierno son un claro ejemplo de esta extralimitación (BBC 2019; Koo, Wati y Lee 2011). Diseñados para abordar la adicción digital percibida, estos campamentos separan a los niños de sus familias y entornos, para imponer correcciones conductuales. Si bien su objetivo aparente es proteger a los jóvenes, estos programas pueden ser interpretados como condicionamiento para que acepten el control estatal intrusivo como una solución legítima a sus desafíos personales, delegando el problema de la adicción en el estado. Estas iniciativas socavan también la autoridad parental, reemplazando la orientación familiar por la reeducación impulsada por el gobierno ‒a pesar de que inicialmente dichos campamentos contaron con la aprobación de los padres y de la familia. La consecuencia de largo plazo es la normalización de la intervención institucionalizada, que evoca la práctica autoritaria de los campos de reeducación, lo que genera profundas preocupaciones sobre la libertad y la autonomía.

    China ofrece otro claro ejemplo de extralimitación estatal, con estrictas regulaciones que limitan a los jóvenes a tan sólo cuarenta minutos diarios de acceso a redes sociales en Douyin (nombre de TikTok en China). Como explica Gao (2023, 3): “En cuanto a los mecanismos de seguridad para los jóvenes que utiliza Douyin, ésta lanzó también el modo Douyin para adolescentes, con duración predeterminada de 40 minutos; imposibilidad de publicar contenido, ver y abrir en directo; imposibilidad de usar mensajes privados, comentarios y la función de recompensa por recarga; la misma ciudad y el portal de búsqueda popular están cerrados; la plataforma selecciona el contenido, y sólo se puede buscar contenido seleccionado”. El gobierno también impone filtros obligatorios y toques de queda, lo que refuerza su papel como máximo responsable del comportamiento aceptable. Si bien estas medidas pueden parecer eficaces para combatir la adicción, refuerzan la idea de que es el estado, y no las familias ni los individuos, quien debe gestionar los hábitos digitales. Este enfoque verticalista habitúa a los niños a la vigilancia y el control exhaustivos, lo que allana el camino para la futura aceptación de medidas más invasivas, como los sistemas de crédito social. El énfasis en la imposición externa por sobre la responsabilidad personal, frena el desarrollo de la autorregulación y del pensamiento crítico, componentes esenciales de la libertad individual.

    En democracias occidentales como Estados Unidos y España, la intervención estatal adopta formas más sutiles, pero igualmente problemáticas. En Estados Unidos, las políticas de “empujoncito” impulsadas por el gobierno, incentivan a las plataformas a implementar funciones como notificaciones y rastreadores de uso, manipulando sutilmente el comportamiento del usuario (Rizzo y Whitman, 2020). Estos “empujoncitos” crean la ilusión de cumplimiento voluntario, al tiempo que imponen sutilmente las preferencias estatales. En España, los límites de edad para el acceso a las redes sociales son arbitrariamente establecidos, imponiendo restricciones uniformes que ignoran la madurez individual y la discreción parental. Ambos casos demuestran cómo la intervención estatal en la regulación del comportamiento digital merma la autonomía familiar, y sienta precedentes para futuras intervenciones, por bienintencionadas que éstas parezcan.

    El covid ofrece un contexto más amplio para comprender el impacto social de dichas medidas (Block, 2020; Cato e Inoue, 2022; Pennington, 2023). El uso generalizado de mascarillas y las políticas de confinamiento, condicionaron a poblaciones enteras, incluyendo a niños, a aceptar importantes limitaciones a las libertades personales en nombre de la seguridad pública (Thomson, 2022; Kahn, 2020). Este cambio amplió la ventana de Overton ‒rango aceptable del discurso público‒, haciendo que las medidas intrusivas parezcan razonables o incluso necesarias. Cuando los niños crecen acostumbrados a las restricciones impuestas por el estado en todo, desde los hábitos digitales hasta los movimientos físicos, su tolerancia a futuras intervenciones aumenta inevitablemente. Esta dinámica amenaza la preservación a largo plazo de la libertad, ya que las generaciones sucesivas se muestran más dispuestas a sacrificar la autonomía, a cambio de la seguridad prometida por el estado.

    Estos estudios de caso evidencian que la regulación excesiva corre el riesgo de normalizar el control estatal sobre las vidas individuales (Vaz y Bruno, 2003). Esta tendencia no sólo socava la responsabilidad personal y la autonomía familiar, sino que también fomenta la cultura de dependencia de las intervenciones gubernamentales. Como advierten Rothbard y Hoppe, estos patrones erosionan los principios fundamentales de la libertad, lo que hace imperativo resistir la intrusión del poder estatal en la vida de los jóvenes. Por el contrario, empoderar a las familias y comunidades para abordar estos desafíos, preserva la libertad y fomenta la resiliencia necesaria para afrontar las complejidades de la vida moderna.

    Contrariamente a la creencia generalizada de que el empoderamiento debe ser implementado de arriba hacia abajo mediante programas públicos, los mercados empoderan a las personas al descentralizar las oportunidades. Emprendedores, creadores de contenido y comunidades, prosperan en ecosistemas digitales competitivos en los que el éxito depende del mérito, la innovación y la asociación voluntaria, no de la autorización estatal (Andrieu 2010; Bylund y McCaffrey 2017; Huerta de Soto 2008). En un mercado libre, el empoderamiento es emergente: las plataformas compiten para satisfacer las necesidades de los usuarios, los educadores adaptan los productos a los valores de las familias, y los jóvenes acceden a ideas y públicos diversos.

    En cambio, las políticas intervencionistas suelen imponer standards y uniformidades, sofocando la diversidad y la iniciativa. Como señala Ludwig von Mises (1944, 48), el verdadero empoderamiento surge de la capacidad del individuo para actuar con propósito dentro de un sistema de derechos de propiedad e intercambio voluntario. Por lo tanto, el empoderamiento, la promoción y el estímulo, no son dones del estado, sino consecuencias naturales de la libertad y del emprendimiento.

    La adicción como herramienta política: una sociedad servil por diseño

    Desde una perspectiva libertaria, las intervenciones estatales nunca son neutrales; sirven ineludiblemente a los intereses subyacentes del control social y de la dependencia psicológica. El auge de la adicción digital, especialmente entre los jóvenes, debe ser visto no sólo como consecuencia imprevista de la innovación, sino como desarrollo políticamente conveniente. Una población distraída, emocionalmente frágil y socialmente aislada, es mucho menos propensa a cuestionar la autoridad o a afirmar su autonomía personal.[[7]]

    Esta vulnerabilidad se ve agravada por fuerzas sistémicas más profundas (véase von Mises 1951, 44). Los altos impuestos, la sobrecarga regulatoria, la política monetaria inflacionaria[[8]], y la desintegración de la vida familiar y espiritual, contribuyen al debilitamiento de la ciudadanía. A medida que el estado socava las instituciones que tradicionalmente fomentan la resiliencia (matrimonio, paternidad, religión), facilita la soledad y la desorientación. Una sociedad sin vínculos ni sentido se convierte en terreno fértil para la adicción. Los confinamientos covid intensificaron esta tendencia, ya que las personas, aisladas de su comunidad y de su propósito, recurrieron masivamente a los dispositivos digitales como única vía de comunicación social (Schwab y Malleret, 2020).

    Rothbard (1998) señala que a menudo el estado moderno prospera fomentando la dependencia y la docilidad,[[9]] ya sea a través de sistemas de bienestar, la escolarización obligatoria, o mercados sobrerregulados. Hoy en día, esta dinámica se ve reforzada por la alianza implícita del estado con las plataformas de vigilancia capitalista (Zuboff, 2019; Sémanne, 2025). Estos gigantes tecnológicos ‒con frecuencia subvencionados, protegidos de la competencia real, o rescatados durante las crisis‒ ofrecen contenido hiperestimulante pero insensible, el que condiciona el comportamiento de maneras beneficiosas tanto para las élites comerciales como políticas (Lyons, 2009; Lazonick, 2009).

    Este sistema se asemeja inquietantemente al mundo descrito en Un mundo feliz de Aldous Huxley (2007), en el que los individuos se pacifican no mediante la coerción, sino mediante el placer. En la distopía de Huxley, los ciudadanos se ven insensibilizados por el entretenimiento, el sexo casual y la droga soma, símbolo de satisfacción artificial.[[10]] El papel del estado no es mandar con mano de hierro, sino seducir y domesticar mediante la gratificación (Kedzie 2014; Keisman 2016; Marks 2002). En nuestra realidad, el equivalente podría ser la renta básica universal, los ciclos de dopamina optimizados algorítmicamente, y las realidades virtuales inmersivas, todo ello sutilmente alineado con una lógica más amplia de pacificación.

    Como ha observado Yuval Harari, la gobernanza futura podría estar basada en una simple fórmula a la que, resumiendo sus ideas, yo llamaría “drogas, videojuegos y renta universal”. En esta visión, la adicción deja de ser un fracaso social, y se convierte en una herramienta política. Justifica la expansión paternalista en nombre de la “salud pública”, al tiempo que fomenta una población acostumbrada al control, la vigilancia y la dependencia. Como predice en Homo Deus, al hablar del futuro del trabajo, las personas no podrán integrarse al mercado laboral:[[11]]

    Por supuesto, para 2033 es posible que surjan muchas profesiones nuevas; por ejemplo, diseñadores de mundos virtuales. Pero estas profesiones posiblemente requerirán mucha más creatividad y flexibilidad que un trabajo común y corriente, y no está claro si los cajeros o agentes de seguros de cuarenta años podrán reinventarse como diseñadores de mundos virtuales (¡imagínense un mundo virtual creado por un agente de seguros!). E incluso si lo hicieran, el ritmo del progreso es tal que dentro de una década podrían tener que reinventarse de nuevo. Después de todo, los algoritmos podrían superar a los humanos también en el diseño de mundos virtuales. El problema crucial no es crear nuevos empleos. El problema crucial es crear nuevos empleos que los humanos realicen mejor que los algoritmos.

    La bonanza tecnológica probablemente permitirá alimentar y mantener a las masas inútiles incluso sin ningún esfuerzo de su parte. Pero ¿qué las mantendrá ocupadas y contentas? La gente debe hacer algo o se volverá loca. ¿Qué harán todo el día? Una solución podría ser la de las drogas y los videojuegos. Las personas innecesarias podrían pasar cada vez más tiempo en mundos de realidad virtual 3D, lo que les proporcionaría mucha más emoción y conexión emocional que la monótona realidad exterior. Sin embargo, tal desarrollo asestaría un golpe mortal a la creencia liberal en la sacralidad de la vida y las experiencias humanas. ¿Qué hay de sagrado en los vagabundos inútiles que pasan sus días devorando experiencias artificiales en La La Land? (Harari 2023, 149).

    Ésto no es simplemente la consecuencia involuntaria de una mala política, sino la lógica deliberada de la gobernanza moderna, enmascarada por una retórica terapéutica. Margina virtudes como la autodisciplina, la cooperación voluntaria y la iniciativa empresarial, sustituyéndolas por la docilidad y la sedación digital. Simplemente, una sociedad servil no es producto de la tolerancia: es de diseño.

    Falsa sensación de seguridad y efectos perversos

    Los límites regulatorios impuestos por el gobierno suelen generar una engañosa sensación de seguridad para padres y usuarios, sugiriendo que los riesgos son adecuadamente mitigados cuando, en realidad, dichas medidas suelen ser superficiales.[[12]] Por ejemplo, establecer un tiempo máximo de pantalla de seis horas diarias podría normalizar involuntariamente el uso excesivo, ya que los niños podrían interpretar el límite como un standard socialmente aceptable. Sin comprender los matices de la moderación, los jóvenes podrían depender de estos límites, en lugar de desarrollar un autocontrol intrínseco. La crítica de Rothbard (2011, 235) a la intervención gubernamental pone de relieve esta paradoja, por la que las acciones estatales producen resultados contrarios a sus intenciones declaradas.

    Además, la aplicación de estas regulaciones conlleva numerosos desafíos logísticos. La verificación de identidad, por ejemplo, presenta importantes obstáculos éticos y técnicos. Las plataformas pueden exigir documentos oficiales para confirmar la edad de los usuarios, pero a menudo estas medidas no alcanzan la precisión deseada. Asimismo, las tecnologías de estimación de edad basadas en inteligencia artificial, si bien innovadoras, son propensas a errores y sesgos, lo que conlleva la posible exclusión o la selección indebida de usuarios. Estas deficiencias revelan las limitaciones de las intervenciones estatales en un panorama digital dinámico.

    Estas medidas también corren el riesgo de exacerbar las desigualdades entre los usuarios. Por ejemplo, los grupos marginados pueden enfrentarse con obstáculos desproporcionados para cumplir con los protocolos de verificación, debido al acceso limitado a la documentación requerida. De igual manera, las pequeñas empresas y los creadores individuales que dependen de estas plataformas pueden ver sus operaciones interrumpidas por una moderación de contenido excesiva, o por algoritmos restrictivos. Lejos de proteger a los usuarios, estas medidas pueden perjudicar inadvertidamente a quienes declaran querer proteger.

    Otra consecuencia imprevista es la complacencia que fomentan estas normas. Creyendo que las regulaciones garantizan un entorno seguro, los padres pueden volverse menos vigilantes a la hora de supervisar las actividades en línea de sus hijos. Esta confianza infundada socava el papel fundamental de la supervisión y la participación familiar a la hora de abordar los desafíos digitales. Al transferir la responsabilidad de los padres al estado, estas medidas diluyen el sentido de responsabilidad necesario para una tutela eficaz.

    Finalmente, la ilusión de seguridad que crean las regulaciones desvía la atención del desarrollo de soluciones prácticas y voluntarias. Las iniciativas educativas que fomentan la alfabetización digital, la autoconciencia y el pensamiento crítico, se ven relegadas a un segundo plano en favor de enfoques que priorizan la aplicación de la ley. Este enfoque en medidas coercitivas descuida el potencial de empoderar a las personas para que naveguen responsablemente en las redes sociales, fomentando la dependencia de la autoridad externa, en lugar de cultivar la resiliencia.

    Elusión de regulaciones

    Uno de los desafíos más persistentes de las regulaciones gubernamentales es su susceptibilidad a la elusión, especialmente por parte de jóvenes con conocimientos tecnológicos (Samuelson 1999). Las redes privadas virtuales (VPN), las cuentas falsas y las plataformas alternativas permiten a los usuarios eludir las restricciones, lo que hace que muchos esfuerzos regulatorios sean ineficaces. Este ciclo de aplicación y evasión no sólo socava la credibilidad de estas medidas, sino que también fomenta la cultura de desconfianza entre los usuarios y las autoridades.

    A medida que son intensificados los esfuerzos de elusión, a menudo son producidas las escaladas correspondientes en los mecanismos de aplicación, lo que puede erosionar aún más las libertades individuales. Por ejemplo, pueden ser introducidos sistemas avanzados de verificación de edad, o herramientas de monitoreo en tiempo real para contrarrestar las tácticas de evasión. Estas medidas no sólo incrementan la vigilancia, sino que también sientan un precedente peligroso para la extralimitación del estado en los espacios personales y digitales. Estos avances coinciden con la advertencia de von Mises sobre la creciente intrusión del poder estatal (von Mises 1998, 2011).

    La elusión también pone de relieve la adaptabilidad de los ecosistemas digitales en comparación con la rigidez de las regulaciones estatales. Las plataformas de redes sociales, impulsadas por incentivos de mercado, evolucionan rápidamente para satisfacer las demandas de los usuarios, mientras que las medidas estatales suelen adaptadas lentamente. Esta disparidad deja a los gobiernos siempre uno o varios pasos atrás, creando un marco regulatorio que no es ni exhaustivo ni eficaz.

    Además, los intentos de aplicar controles más estrictos afectan de forma desproporcionada a los usuarios respetuosos de la ley, mientras que no afectan a los infractores resueltos. Por ejemplo, las medidas diseñadas para identificar a usuarios menores de edad pueden marcar inadvertidamente cuentas legítimas, lo que altera la experiencia del usuario sin lograr resultados significativos. Este desequilibrio socava el principio de proporcionalidad en la regulación, lo que plantea preocupaciones éticas sobre la equidad y la eficacia.

    Tomando el ejemplo de uno de los países mencionados anteriormente, el concepto de campamentos de desintoxicación como el de Corea del Sur plantea importantes preocupaciones éticas y prácticas. Aparentemente diseñados para combatir la adicción a las redes sociales entre los jóvenes, estos campamentos representan un precedente preocupante (Varma 2018; Dossey 2014). Al ubicar a jóvenes en campamentos por recomendación de supuestos expertos en educación, a veces en contra de la voluntad de los padres, los gobiernos corren el riesgo de normalizar un sistema por el que la autonomía personal y la autoridad familiar son anuladas por los mandatos estatales. Esta práctica evoca inquietantes paralelismos históricos con los campamentos de reeducación estatales, conocidos por suprimir las libertades individuales en nombre del control social.

    Además, la suposición de que estos campamentos “protegen” inherentemente a los niños, es cuestionable. Su eficacia real sigue sin estar clara; incluso si logran reducir la adicción, las implicancias más amplias de condicionar a los jóvenes a aceptar estas intervenciones institucionalizadas son alarmantes. Al habituarlos a ser internados en campamentos por problemas de comportamiento o de salud, el estado sienta un peligroso precedente para la normalización del confinamiento colectivo como solución a los desafíos sociales. Otro ejemplo: durante la crisis covid, algunos países debatieron el aislamiento de las personas que dieron positivo en la prueba del virus en campamentos especializados. Si bien fueron presentadas como medida de salud pública, estas propuestas reflejaban la misma lógica preocupante: el confinamiento coercitivo es un remedio aceptable para problemas sociales complejos. Proteger a los niños de la adicción a las redes sociales no debería ir en detrimento de la obediencia a la institucionalización impuesta por el estado. Esta práctica socava la libertad individual, la autonomía familiar y la confianza en soluciones voluntarias impulsadas por la comunidad.

    En última instancia, la inutilidad de las regulaciones eludibles subraya la necesidad de emplear soluciones voluntarias que empoderen a los usuarios en lugar de aplicar mandatos coercitivos. Al promover la educación, la participación parental y las innovaciones impulsadas por el mercado, las sociedades pueden abordar las causas profundas de la adicción a las redes sociales sin recurrir a invasivas estrategias de control.

    Costos económicos y administrativos

    La implementación y el cumplimiento de las regulaciones sobre redes sociales imponen, sin duda, costos significativos a las administraciones públicas, las empresas y los particulares (Hahn y Hird, 1991; Marneffe y Vereeck, 2011; Hahn, 1998). Estos costos se derivan de las responsabilidades adicionales de los gobiernos a la hora de regular el comportamiento digital, especialmente entre los jóvenes. Por ejemplo, la contratación de personal especializado, como educadores y psicólogos en las escuelas para evaluar y monitorear el posible comportamiento adictivo de cada niño, representaría una carga financiera considerable. Esto requeriría la contratación de más empleados del sector público en países que ya enfrentan burocracia excesiva, lo que agravaría aún más las ineficiencias inherentes.

    Además, si el estado asume la responsabilidad de gestionar problemas como la adicción a las redes sociales, existe el riesgo de responsabilidad legal. Las familias podrían demandar al gobierno por percibir falta de protección a sus hijos, o por daños involuntarios derivados de las intervenciones. Esta exposición legal aumentaría la presión financiera, obligando a los gobiernos a asignar recursos para litigios y gestión de riesgos. El ejemplo de los campamentos de desintoxicación digital de Corea del Sur ilustra otra dimensión costosa: el financiamiento de la infraestructura de estos campamentos, así como del personal necesario para su funcionamiento. Incluso si estas iniciativas fuesen delegadas en entidades privadas, la identificación y el procesamiento de los niños elegibles requerirían la integración de sistemas administrativos, como la vinculación de tarjetas de identificación o información bancaria a usuarios individuales, lo que incrementaría aún más los costos.

    La carga administrativa del cumplimiento normativo sería igualmente significativa para las empresas. Las plataformas de redes sociales necesitarían adaptar algoritmos, emplear moderadores e implementar sistemas robustos de verificación de edad (Fagan 2018; Balkin 2021-2022). Estas medidas requerirían la integración de los sistemas de identificación controlados por el estado con las plataformas digitales privadas, lo que obligaría a la colaboración entre gobiernos, instituciones financieras y empresas tecnológicas. Esta integración plantea desafíos administrativos y éticos, a la vez que crea nuevas vulnerabilidades, como la filtración de datos o el uso indebido de información confidencial de los usuarios.

    Además, el impacto financiero de estas regulaciones en las empresas privadas podría repercutir en los consumidores. Las plataformas de redes sociales, que dependen en gran medida de los ingresos publicitarios, podrían aumentar las tarifas publicitarias o introducir modelos de suscripción paga para compensar el costo del cumplimiento normativo. Las empresas más pequeñas, que ya tienen dificultades para competir con las grandes corporaciones, podrían considerar como insostenibles a estos costos adicionales, lo que reduciría la competencia y la innovación. En última instancia, el consumidor asumiría el costo mediante tarifas más elevadas, o las plataformas sacrificarían la rentabilidad, lo que podría comprometer la calidad de sus servicios.

    Finalmente, la complejidad administrativa de estas medidas requeriría una expansión significativa de la burocracia pública y privada. Los gobiernos tendrían que contratar personal adicional para supervisar el cumplimiento normativo, monitorear las plataformas y hacer cumplir las regulaciones. Mientras tanto, las empresas privadas tendrían que invertir en equipos de cumplimiento normativo y gestión de datos. Ambos sectores trasladarían estos costos a los contribuyentes o consumidores, lo que sobrecargaría aún más los recursos públicos y los presupuestos familiares.

    A largo plazo, los costos económicos y administrativos de estas medidas superan con creces sus beneficios percibidos. Un enfoque libertario ‒que enfatiza el cumplimiento voluntario, la participación parental y las soluciones impulsadas por el mercado‒ ofrece una alternativa más sostenible y eficiente. Al reducir la dependencia de la intervención estatal y evitar la expansión de las burocracias públicas, las sociedades pueden asignar recursos de forma más eficaz, fomentar la innovación, y preservar las libertades individuales sin recurrir a marcos regulatorios intrusivos ycostosos.

    Erosión de la responsabilidad parental

    La sobrerregulación estatal del uso de las redes sociales disminuye la autoridad parental al transferir la responsabilidad del comportamiento digital de los niños al gobierno (Ziegler, Eichner y Cahn, 2023; Campbell, 2000; Schube, 2009). Este cambio socava el rol natural de los padres como cuidadores principales y responsables de la toma de decisiones en la vida de sus hijos. Murray N. Rothbard (1998) enfatiza la inviolabilidad de la autonomía familiar, argumentando que los padres son los más capacitados para guiar el desarrollo moral e intelectual de sus hijos.

    Los padres poseen una comprensión matizada de las necesidades y capacidades de sus hijos, lo que les permite adaptar la orientación en consecuencia (Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina, 2016; Grolnick, Caruso y Levitt, 2019). La sobrerregulación altera esta dinámica, al imponer soluciones uniformes que ignoran las circunstancias individuales. Por ejemplo, los límites generales al tiempo frente a la pantalla no tienen en cuenta las variaciones en la madurez, los intereses ni el uso productivo de la tecnología entre los niños.

    Por otra parte, la dependencia de las normas impuestas por el estado fomenta la cultura de desresponsabilización entre los padres. Creyendo que las regulaciones garantizan un entorno seguro, algunos padres pueden renunciar a su papel de supervisión y guía activa de las interacciones digitales de sus hijos. Esta erosión de la responsabilidad debilita la unidad familiar, desplazando los vínculos sociales de las relaciones orgánicas a mecanismos burocráticos.

    Además, la intromisión del estado en las responsabilidades parentales sienta un precedente preocupante para intervenciones más amplias en la vida familiar. Si los gobiernos pueden dictar el acceso de los niños a las redes sociales, ésto plantea interrogantes sobre los límites de su autoridad en otros aspectos de la crianza, como las decisiones sobre educación y atención médica.

    En lugar de imponer mandatos, empoderar a los padres con herramientas y recursos se alinea más estrechamente con los principios libertarios. Los programas de alfabetización digital, las aplicaciones de control parental y las iniciativas comunitarias, ofrecen alternativas eficaces a la intervención estatal. Estas soluciones preservan la autonomía familiar, a la vez que capacitan a los padres para abordar los desafíos de forma coherente con sus valores y prioridades.

    La Tabla 2 identifica los principales riesgos y consecuencias imprevistas de la regulación estatal de las redes sociales. Partiendo de la teoría libertaria, critica cómo estas intervenciones a menudo socavan la autonomía, la autoridad parental y la eficiencia económica. Para cada problema, son propuestas alternativas voluntarias y descentralizadas como respuestas éticas y sostenibles.

    Tabla 2. Peligros de la regulación de las redes sociales

    Aspecto Cuestiones clave Crítica libertaria Alternativas propuestas
    Impacto en la socialización y en la independencia Reprime la autonomía, fomenta la dependencia de las normas impuestas por el estado, y normaliza la vigilancia. La regulación estatal socava la autorregulación, y restringe las libertades individuales (Rothbard 2011, 353). Empoderar a las familias.

    Fomentar la alfabetización digital.

    Promover soluciones voluntarias.
    Falsa sensación de seguridad y efectos perversos Crea complacencia, socava la vigilancia de los padres, y asigna mal los recursos. La intervención del gobierno produce a menudo efectos perversos (Rothbard 2011, 421–22). Promover la educación.

    Fomentar la autoconciencia y el pensamiento crítico por encima de la coerción.
    Elusión de regulaciones Fomenta tácticas evasivas (VPN, cuentas falsas), y debilita la aplicación de la ley. Los excesos del estado erosionan la libertad, y no logra adaptarse a los paisajes digitales dinámicos (Rothbard 1998, 52). Adoptar medidas voluntarias.

    Priorizar la educación y la participación de los padres.
    Costos económicos y administrativos Implica altos costos para gobiernos y empresas.

    Frena la innovación y genera riesgos de filtración de datos.

    		 La ineficiencia del estado desvía recursos, y socava la competencia del mercado (Rothbard 2008, 913). Minimizar la regulación.

    Fomentar soluciones impulsadas por el mercado y proteger la privacidad.
    Erosión de la responsabilidad parental Debilita la autoridad parental, promueve la dependencia respecto de los mandatos estatales, y sienta un muy peligroso precedente. Traslada las responsabilidades familiares al estado, y erosiona la autopropiedad (Rothbard 1998, 58-59). Apoyar la autonomía familiar.

    Proporcionar recursos para la supervisión por parte de los padres.

     

    En resumen, la intervención estatal en el comportamiento digital de los jóvenes refleja más que una preocupación por la salud pública: ejemplifica la ideología de control más amplia, la que socava las estructuras naturales de responsabilidad personal, autonomía familiar y asociación voluntaria. Como será explorado en la sección final, resistir esta expansión requiere más que una simple crítica: exige articular marcos alternativos basados ​​en la libertad, la descentralización y las soluciones impulsadas por el mercado.

    Modelos internacionales de control: casos comparativos

    Esta sección ofrece una tipología simplificada de enfoques nacionales para ilustrar la diversidad de respuestas públicas a la adicción juvenil a las redes sociales (véase la Tabla 3 para un resumen). El estudio de caso de cada país presenta una estrategia regulatoria dominante, extraída de la literatura existente y de iniciativas políticas emblemáticas. Si bien estos modelos no son mutuamente excluyentes ni plenamente representativos de las complejidades locales, proporcionan un marco valioso para comprender las lógicas de control predominantes y sus implicancias desde una perspectiva libertaria.

    China: El modelo de mando y control

    El marco regulatorio de China para combatir la adicción digital juvenil destaca a nivel mundial como uno de los más completos y restrictivos (Chi, Lin y Zhang, 2016; Guo et al., 2012; Han, 2024). Las medidas clave incluyen restricciones horarias obligatorias, como un toque de queda que impide a los menores de dieciocho años usar las redes sociales entre las 22:00 y las 6:00, y límites diarios de cuarenta minutos para los menores de catorce años en plataformas como Douyin. Estas iniciativas buscan reducir el tiempo excesivo frente a las pantallas, y mitigar los efectos adversos de la sobreexposición a contenido digital, como la reducción de la capacidad de atención y el deterioro de la salud mental.

    Además, el gobierno impone estrictas regulaciones de contenido, las que exigen a las plataformas eliminar materiales considerados inapropiados o adictivos (Szablewicz, 2010). Este doble enfoque en la restricción del tiempo y el control del contenido subraya un enfoque paternalista que prioriza el bienestar colectivo por sobre la autonomía individual. Si bien estas medidas pueden reducir eficazmente la dependencia de las redes sociales, conllevan importantes contrapartidas en cuanto a las libertades personales y la patria potestad (Tong, 2010).

    Desde una perspectiva libertaria, estas regulaciones representan una extralimitación del poder estatal que socava el principio de autopropiedad (Lipson y Vallentyne, 1991; Cohen y Hall, 2022). Al dictar cómo los jóvenes acceden a la tecnología, el gobierno vulnera el derecho natural de las familias a tomar decisiones por sus hijos. Como destaca Rothbard (2000, 146–47; 2006a, 155), la patria potestad es un pilar de la libertad, y la intervención estatal perturba las asociaciones voluntarias que permiten a las familias guiar el comportamiento de sus hijos. Las implicancias más amplias del enfoque chino son igualmente preocupantes. Normalizar el control gubernamental sobre el comportamiento privado sienta un precedente para amplios mecanismos de vigilancia y control, los que pueden ser extendidos a otras áreas de la vida más allá de los hábitos digitales. Así, el riesgo es el de la creación de una sociedad en la que las libertades individuales son continuamente subordinadas a las prioridades definidas por el estado, erosionando los valores fundamentales de la autonomía y de la responsabilidad personal. Si bien las políticas chinas pueden ofrecer soluciones inmediatas a la adicción digital, no abordan las causas fundamentales ni promueven un cambio de comportamiento de largo plazo. Una alternativa más ética y sostenible consistiría en empoderar a las familias para gestionar los hábitos digitales de sus hijos mediante la educación y herramientas voluntarias, en lugar de depender de mandatos estatales coercitivos.

    Estados Unidos: Rendición de cuentas a través de los mercados

    En Estados Unidos, los esfuerzos regulatorios son centrados en responsabilizar a las empresas tecnológicas por fomentar conductas adictivas, en lugar de imponer restricciones directas a los usuarios (Tang, Koh y Gan, 2017; Oksanen et al., 2021). Por ejemplo, California ha introducido medidas para limitar las notificaciones y fomentar el modo “no molestar”. Posteriormente, las empresas desarrollaron herramientas para supervisar y limitar el tiempo frente a la pantalla (Jarupreechachan, Kitchat y Surasak, 2023). Estas iniciativas enfatizan la transparencia y el empoderamiento del usuario, ofreciendo a las personas un mayor control sobre su consumo digital.

    La legislación también combate las prácticas engañosas, al penalizar los algoritmos que explotan sesgos cognitivos, como los diseños web con desplazamiento infinito o los mecanismos de recompensa variable (Hankel, 2024; Michel y Gandon, 2024). Al abordar las causas estructurales de la adicción, estas medidas buscan crear un entorno digital más ético. Este enfoque se alinea con los valores libertarios, al enfatizar la responsabilidad corporativa y las soluciones impulsadas por el mercado, en lugar de la autoritaria intervención estatal.

    Sin embargo, persisten los desafíos para equilibrar la innovación con la rendición de cuentas. Imponer cambios algorítmicos o herramientas de transparencia puede imponer costos de cumplimiento significativos a las empresas tecnológicas, en particular a las más pequeñas, lo que podría sofocar la competencia y la innovación (Bradford, 2024-2025; Hagemann, Skees y Thierer, 2018). Además, la imposición de standards uniformes puede no tener en cuenta las diversas necesidades y preferencias de los usuarios, lo que limita la flexibilidad de las plataformas para adaptarse a diferentes segmentos del mercado.

    Desde una perspectiva libertaria, estas medidas equilibran la promoción de la rendición de cuentas y la introducción de la coerción estatal (Dwyer, 2000; Vallentyne, 2007). Si bien la transparencia y la educación voluntaria de los usuarios son loables, las regulaciones excesivamente prescriptivas corren el riesgo de socavar la naturaleza voluntaria de las interacciones entre consumidores y empresas. Rothbard (2008, cap. 12) argumenta que las cargas impuestas por el gobierno a menudo desvían recursos de la innovación y de la capacidad de respuesta al mercado. Fomentar incentivos impulsados ​​por el mercado, como la demanda de prácticas éticas por parte de los consumidores, podría ofrecer una vía de avance más eficaz. Al fomentar la competencia y la innovación en el sector privado, estos enfoques respetan la elección individual y empoderan a los usuarios para que tomen decisiones informadas sobre sus hábitos digitales.

    España: Paternalismo en nombre de la protección

    España ha propuesto una de las iniciativas legislativas más exhaustivas para abordar los riesgos del uso de las redes sociales entre los jóvenes (Casaló y Escario, 2019; Oksanen et al., 2021; Wilson, 2024). El proyecto de ley, presentado en 2024 y denominado Ley Orgánica de Protección del Menor en Entornos Digitales, incluye medidas como elevar la edad mínima para las cuentas en redes sociales de catorce a dieciséis años, e introducir órdenes de alejamiento virtuales para los agresores sexuales. Estas iniciativas reflejan una estrategia holística que combina la prevención, la protección y las medidas punitivas.

    Las medidas educativas y preventivas son fundamentales en el enfoque español. El gobierno busca dotar a familias y educadores de las herramientas necesarias para desenvolverse en el panorama digital mediante la integración de formación en seguridad digital en los programas escolares y el lanzamiento de campañas de concienciación pública. Este doble enfoque, tanto en la educación como en la regulación, subraya la importancia de fomentar el uso responsable de la tecnología, junto con las garantías legales.

    A pesar de estos aspectos positivos, la obligatoriedad del proyecto de ley plantea inquietudes libertarias sobre la posible extralimitación del estado. Las restricciones de edad y otras medidas generalizadas podrían socavar la patria potestad y la autonomía individual. Como cuidadores principales, los padres suelen estar en mejor posición que el estado para evaluar la preparación de sus hijos para las redes sociales, y orientar su uso en función de su madurez y necesidades individuales.

    La criminalización de ciertas conductas en línea, como la creación de deepfakes o el acoso online, también plantea desafíos para la aplicación de la ley. La vigilancia y el enjuiciamiento de los infractores requieren importantes recursos, lo que desvía fondos de otras prioridades sociales. Estas ineficiencias ponen de manifiesto las limitaciones de la intervención estatal para abordar problemas digitales complejos.

    Una alternativa libertaria enfatizaría soluciones voluntarias, como la autorregulación por parte de las plataformas[[13]] y las iniciativas de alfabetización digital para familias (Krpan y Urbaník, 2024). Al minimizar la coerción y promover la responsabilidad personal, España podría lograr sus objetivos, preservando las libertades fundamentales y respetando la autonomía de las familias.

    Australia: La prohibición como política

    Australia ha implementado una de las regulaciones de redes sociales más estrictas del mundo, prohibiendo el acceso a menores de dieciséis años, sin excepciones parentales. Esta política busca reducir los efectos nocivos de las redes sociales, como la adicción, el ciberacoso y las comparaciones sociales tóxicas. Respaldada por estudios que vinculan las redes sociales con el deterioro cognitivo y los problemas de salud mental, la legislación se posiciona como un modelo global para la protección de la juventud (Autoridad Australiana de Comunicaciones y Medios y Comisionado de Seguridad Electrónica, 2024; Sociedad Australiana de Psicología, 2024; Heim, 2024; Holloway, 2019).

    Sin embargo, la naturaleza general de la prohibición plantea preocupaciones éticas y prácticas. Al tratar a todos los menores de dieciséis años de manera uniforme, la política ignora las diferencias de madurez, responsabilidad y alfabetización digital. Este enfoque uniforme corre el riesgo de sofocar las oportunidades de crecimiento personal de los adolescentes con habilidades digitales, los que utilizan estas plataformas para el aprendizaje o el emprendimiento.

    La aplicación de la ley plantea desafíos adicionales, ya que requiere importantes recursos administrativos para supervisar el cumplimiento y sancionar las infracciones. Las comunidades marginadas pueden enfrentar barreras para acceder a excepciones parentales previas o a plataformas alternativas, lo que agrava las desigualdades existentes. Estas ineficiencias ponen de relieve las limitaciones de las soluciones estatales en comparación con enfoques más flexibles e impulsados ​​por la comunidad.

    Además, la prohibición normaliza la idea de restringir las libertades para abordar problemas sociales, sentando un precedente para un mayor control gubernamental sobre el acceso digital. Si bien la ley es presentado como una medida de protección, corre el riesgo de crear un terreno resbaladizo, en el que las políticas futuras erosionen aún más la autonomía personal. Las advertencias de Rothbard (1998) sobre la expansión gradual del poder estatal resuenan con fuerza en este contexto.

    En lugar de imponer prohibiciones absolutas, Australia podría centrarse en promover la alfabetización digital y la participación parental. Las innovaciones impulsadas por el mercado, como los filtros de contenido personalizables y los rastreadores de tiempo de pantalla, ofrecen soluciones más matizadas que empoderan a las familias, a la vez que preservan las libertades individuales y fomentan hábitos digitales responsables.

    Corea del Sur: Estatismo terapéutico con herramientas voluntarias

    Corea del Sur ha adoptado un enfoque único y reflexivo para combatir la adicción digital, centrando sus esfuerzos en la educación y la terapia, en lugar de medidas punitivas (M. Park et al., 2022; Koo, Wati y Lee, 2011). Las escuelas desempeñan un papel fundamental en esta estrategia, al implementar programas de concientización diseñados para informar a los estudiantes sobre los riesgos asociados con el excesivo uso de las redes sociales. Estos programas buscan fomentar la cultura de uso responsable de la tecnología entre los adolescentes, proporcionándoles los conocimientos y las herramientas necesarias para equilibrar su vida digital y fuera de línea. Además, el país ha implementado campamentos de desintoxicación digital, los que ofrecen entornos estructurados en los que los jóvenes pueden desconectarse de sus dispositivos y reconstruir su conexión con actividades fuera de línea.

    Otro elemento esencial de la estrategia de Corea del Sur es su énfasis en el apoyo psicológico (Choi y Lim, 2016). El gobierno financia servicios de asesoramiento para ayudar a las personas con dependencia digital, ofreciendo intervenciones personalizadas para abordar las necesidades específicas de cada persona. Este enfoque en el bienestar psicológico demuestra el compromiso de abordar las causas profundas de la adicción, en lugar de simplemente restringir el acceso a la tecnología. Al abordar problemas subyacentes, como la ansiedad o el aislamiento social, estos programas sientan las bases para un cambio de comportamiento sostenible.

    Desde una perspectiva libertaria, el enfoque de Corea del Sur se alinea con los principios de asociación voluntaria y empoderamiento individual. En lugar de imponer mandatos desde arriba, estas iniciativas animan a las familias y comunidades a asumir roles activos en el fomento de hábitos digitales más saludables. Como enfatiza Rothbard (2011), las medidas no coercitivas que empoderan a las personas para que asuman la responsabilidad de sus decisiones, son preferibles a las restricciones impuestas por el estado. En este sentido, el modelo de Corea del Sur ofrece un marco práctico que respeta la autonomía personal a la vez que aborda los desafíos sociales.

    Sin embargo, incluso las iniciativas voluntarias conllevan riesgos potenciales de extralimitación si se vuelven excesivamente dependientes de los mandatos estatales o del financiamiento público. Si estos programas no son implementados con cuidado, podrían convertirse en sistemas coercitivos, socavando inadvertidamente las mismas libertades que pretenden proteger. Para preservar su integridad libertaria, estos esfuerzos deben seguir siendo impulsados ​​por la comunidad y opcionales, garantizando que no invadan inadvertidamente la autonomía individual o familiar.

    En general, el enfoque de Corea del Sur en la educación y la terapia ofrece una alternativa convincente a los enfoques regulatorios autoritarios observados en otros países. Al priorizar el empoderamiento sobre la imposición, esta estrategia no sólo respeta la libertad individual, sino que también ofrece un medio más sostenible y eficaz para abordar la adicción digital. Este modelo demuestra cómo pueden ser abordados los desafíos sociales mediante iniciativas voluntarias y descentralizadas que se alinean con los valores libertarios.

    La Tabla 3 compara cinco enfoques nacionales para regular el uso de las redes sociales por parte de los jóvenes, cada uno con filosofías de control distintas. En cada caso, una crítica libertaria destaca los riesgos éticos, prácticos e institucionales de la intervención estatal. Las alternativas propuestas enfatizan soluciones descentralizadas y voluntarias basadas en la autonomía familiar, la capacidad de respuesta al mercado, y la libertad individual.

    Tabla 3. Enfoques internacionales seleccionados para la regulación de las redes sociales, con críticas libertarias y alternativas propuestas

    País Medidas clave Crítica libertaria Alternativas propuestas
    China Toques de queda obligatorios; límites de tiempo (e.: 40 minutos por día para niños menores de 14 años); filtrado de contenido para eliminar materiales adictivos. La regulación socava la autopropiedad y la autoridad parental, y fomenta la vigilancia estatal (Rothbard 1998, 58-59). Empoderar a las familias a través de la educación y herramientas voluntarias, en lugar de mandatos coercitivos.
    Estados Unidos Herramientas de transparencia; limitación de notificaciones; sanciones por algoritmos engañosos (ej.: desplazamiento infinito) La regulación excesiva corre el riesgo de sofocar la innovación; los mandatos de las empresas conllevan posible coerción (Rothbard 2008, 913). Fomentar soluciones impulsadas por el mercado y la demanda de prácticas éticas por parte de los consumidores; centrarse en la innovación.
    España Aumento de los límites de edad para las redes sociales (de 14 a 16 años); órdenes de restricción virtuales y evaluaciones de trastornos emocionales. Las medidas obligatorias violan los derechos de los padres; los costos de aplicación desvían recursos de lo prioritario. Promover la autorregulación mediante plataformas e iniciativas de alfabetización digital para familias.
    Australia Prohibir el acceso a las redes sociales a menores de 16 años sin autorización de sus padres. Las prohibiciones generales no tienen en cuenta la madurez individual, y normalizan el control estatal sobre las decisiones personales (Rothbard 1998, 52). Fomentar la participación de los padres y las herramientas de gestión de contenidos orientadas al mercado.
    Corea del Sur Programas educativos; campamentos de desintoxicación digital; servicios de asesoramiento financiados por el gobierno. Los programas se alinean con la asociación voluntaria, pero corren el riesgo de extralimitarse si dependen excesivamente de los mandatos estatales (Rothbard 2011, 353). Garantizar que los programas sigan siendo impulsados ​​por la comunidad, y opcionales para preservar la autonomía personal y familiar.

     

    Estos estudios de caso nacionales revelan que, a pesar de las variaciones en las herramientas ‒que van desde prohibiciones absolutas hasta la rendición de cuentas corporativa o la asistencia terapéutica‒, la tendencia subyacente es una creciente expansión del rol del estado en la vida privada y familiar. Incluso cuando son presentadas como protectoras o educativas, estas intervenciones normalizan la vigilancia y erosionan la autonomía personal, sentando las bases para la cultura de dependencia y el comportamiento controlado por el estado.

    Soluciones de mercado para la dependencia digital juvenil

    En lugar de depender de la intervención gubernamental para regular el comportamiento juvenil, el pensamiento libertario enfatiza soluciones voluntarias y basadas en el mercado, las que preservan la libertad individual, respetan la autonomía familiar y promueven la innovación (Hoppe 2018; Palmer 2014; Vallentyne 2007; Cohen y Hall 2022). El tiempo excesivo frente a la pantalla y la adicción digital son, sin duda, preocupaciones modernas, pero las regulaciones impuestas desde arriba tienden a desempoderar a los padres y a tratar a todos los niños por igual, ignorando la madurez individual, el contexto, y los valores familiares. Un enfoque más eficaz y ético consiste en descentralizar la responsabilidad y empoderar a quienes están más cerca de los niños ‒es decir, la familia y la comunidad‒, fomentando al mismo tiempo la innovación privada (Anderson, Faverio y Park, 2024; Berk, 2004; Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina, 2016; Campbell, 2000).

    Los padres son los guardianes naturales de sus hijos, y poseen la autoridad moral y la comprensión profunda necesarias para guiarlos hacia hábitos digitales responsables (Rothbard, 1999, 10-13).[[14]] Los mandatos estatales ‒como la prohibición del tiempo frente a la pantalla, las restricciones algorítmicas o los campamentos de desintoxicación‒ invalidan esta autoridad y homogeneizan las soluciones. En cambio, el libertarismo afirma la legitimidad de que los padres adapten su orientación a la madurez y los valores únicos de sus hijos (Lipson y Vallentyne, 1991; Cohen y Hall, 2022).[[15]] Los programas de educación digital pueden contribuir a ésto, dotando a las familias de las herramientas necesarias para fomentar la autonomía, la autorregulación y el pensamiento crítico en el mundo digital sin coerción.

    El mercado también proporciona herramientas dinámicas para el bienestar digital mediante la innovación y la competencia (Bradford, 2024-2025; Hadfield, 2007-2008; Kiessling, 2004). Empresas privadas ya ofrecen monitores de tiempo de pantalla, filtros de contenido y controles parentales personalizables, los que responden a la demanda de los consumidores.[[16]] En un entorno competitivo, las plataformas pueden diferenciarse mediante standards éticos, protección de la privacidad e interfaces adaptadas a los jóvenes, sin necesidad de mandatos estatales. Las empresas pueden adoptar políticas voluntarias de responsabilidad social corporativa (RSC), ofreciendo modelos sin publicidad o herramientas de bienestar digital como parte de su modelo de negocio, lo que demuestra cómo la empresa privada puede abordar las preocupaciones sociales sin coacción (Du, Bhattacharya y Sen, 2010; Jamali y Mirshak, 2007; Fatima y Elbanna, 2023).

    Además, podrían surgir agencias de calificación independientes para evaluar las plataformas en función de la transparencia, la privacidad y la protección del usuario, ofreciendo a las familias opciones informadas a través de mecanismos descentralizados de rendición de cuentas. Estas instituciones voluntarias fomentarían la competencia no sólo por lucro, sino también por la virtud. Por el contrario, las evaluaciones dirigidas por el estado podrían implicar captura de datos, sesgo político y centralización de la autoridad. Sólo en un mercado regido por la elección del consumidor y por standarss independientes, pueden prosperar soluciones significativas, adaptativas y respetuosas para la dependencia digital juvenil.

    Las iniciativas comunitarias descentralizadas también desempeñan un papel vital en el cultivo del comportamiento digital responsable (Jieli 2024; Jieli y Ying 2023). Las iglesias, las escuelas y los grupos juveniles dirigidos por pares pueden crear programas culturalmente relevantes que reflejen la diversidad de orígenes, valores y contextos locales. Los talleres, la mentoría y las redes de apoyo pueden ayudar a los jóvenes a afrontar los desafíos en línea de maneras que les resulten cercanas y confiables. Basándose en el principio libertario del orden espontáneo/natural, estos esfuerzos de base ofrecen soluciones adaptativas y pluralistas, más eficientes y legítimas que los mandatos centralizados.

    En definitiva, los enfoques basados ​​en el mercado y liderados por la comunidad, son superiores a las intervenciones estatales coercitivas. Permiten flexibilidad, preservan la soberanía familiar, y apoyan la innovación para abordar la adicción digital. Al fundamentar la respuesta en la responsabilidad personal y en la asociación voluntaria, las sociedades pueden fomentar la resiliencia en los jóvenes, a la vez que defienden los cimientos de una vida libre y digna. El objetivo no es escapar del mundo digital por obligación, sino interactuar con el mismo con sabiduría: mediante la libertad, no la fuerza.

    La Tabla 4 describe tres alternativas libertarias fundamentales a la regulación digital estatal. Cada enfoque (empoderamiento parental, innovación de mercado, y participación comunitaria) ofrece soluciones voluntarias y descentralizadas para abordar la dependencia digital juvenil, preservando al mismo tiempo la libertad individual y la autonomía familiar.

    Tabla 4. Soluciones voluntarias y basadas en el mercado, a los desafíos de las redes sociales

    Aspecto Elementos clave Principios libertarios Ventajas
    Herramientas y educación para padres Programas de alfabetización digital, técnicas de autorregulación, y herramientas para gestionar el uso de las redes sociales. El foco debe estar puesto en la responsabilidad individual y en la acción voluntaria; las familias son las más indicadas para guiar a los niños (Rothbard 2011, 353). Promueve la autonomía familiar.

    Rduce la dependencia de la intervención estatal.

    Fomenta el compromiso crítico con la tecnología.
    Innovaciones impulsadas por el mercado Rastreadores de tiempo de pantalla, filtros de contenido, e iniciativas RSE que promueven prácticas éticas por parte de empresas tecnológicas. Las soluciones de mercado voluntarias se alinean con las libertades personales, evitando la coerción, y al mismo tiempo abordando las preocupaciones sociales. Fomenta la innovación.

    Aborda las necesidades de los usuarios sin mandatos.

    Refleja la adaptabilidad del libre mercado.
    Iniciativas comunitarias y de pares Movimientos de base, programas de educación entre pares, y esfuerzos impulsados ​​por la comunidad que fomentan la responsabilidad colectiva. Los enfoques descentralizados respetan la autonomía individual, y promueven el orden espontáneo (Rothbard 1998, 17). Fomenta la responsabilidad colectiva.

    Reduce la dependencia de las directivas de arriba hacia abajo.

    Respeta la dinámica de la comunidad.

     

    Conclusión

    Este artículo ha argumentado que, aunque a menudo justificada en nombre de la salud y de la seguridad públicas, la regulación digital centrada en los jóvenes representa un patrón más amplio y preocupante de expansión e intrusión del estado en la vida privada y familiar. A través del adoctrinamiento socializador primario del estado, hemos demostrado cómo la adicción no es simplemente una patología social, sino una condición políticamente conveniente que refuerza la dependencia, la docilidad y la autoridad centralizada. Ya sea mediante prohibiciones abiertas, estímulos conductuales o estatismo terapéutico, las respuestas gubernamentales a la adicción digital normalizan cada vez más la vigilancia, socavan la autoridad parental, y erosionan la autonomía individual.

    A partir de las perspectivas austriacas y libertarias, especialmente las de Ludwig von Mises y Murray N. Rothbard, concluimos que el verdadero empoderamiento no proviene de la intervención vertical, sino de mecanismos descentralizados de asociación voluntaria, innovación empresarial, y administración familiar. En contraste, la uniformidad impuesta por el estado sofoca la diversidad y la espontaneidad necesarias para el genuino desarrollo humano.

    En última instancia, resistir el autoritarismo digital requiere más que crítica: exige la articulación de alternativas libertarias creíbles. El empoderamiento parental, las soluciones de mercado y la educación digital comunitaria ofrecen vías factibles que protegen a los jóvenes sin restringir su libertad. Si queremos fomentar una generación capaz de participar responsablemente en la era digital, debemos rechazar la gobernanza coercitiva en favor de la libertad, la rendición de cuentas y el orden social espontáneo.

     

     

    __________________________________

    [[1]]   En la sociología clásica, socialización primaria se refiere a la fase inicial del aprendizaje social que ocurre durante la primera infancia, generalmente en el seno familiar, cuando los individuos adquieren por primera vez el lenguaje, los valores y las normas. La socialización secundaria ocurre posteriormente a través de instituciones como la escuela, el lugar de trabajo y los medios de comunicación, cuando los individuos aprenden a desenvolverse en contextos sociales más amplios. Véase Berger y Luckmann (2016), “La construcción social de la realidad”. El término “primaria” es conservado para el concepto de adoctrinamiento social primario estatal, a fin de destacar cómo éste interviene cada vez más desde las primeras etapas del desarrollo, suplantando a la familia como principal agente de socialización.

    [[2]]   Si bien este artículo se centra en la socialización primaria, el proceso de socialización secundaria ‒a través de los mercados laborales, las asociaciones políticas, los medios de comunicación, los clubes deportivos y los sistemas de bienestar‒ también actúa como un poderoso vector de adoctrinamiento estatal en la edad adulta (véanse Maccoby, 2015; Grusec y Hastings, 2015; y Darmon, 2024). Un análisis austrolibertario completo de este fenómeno sigue siendo una línea prometedora para futuras investigaciones.

    [[3]]   Ejemplos de adicciones inducidas por el estado incluyen la mayor dependencia de las pantallas como resultado de las políticas de confinamiento covid, y la educación remota obligatoria; la dependencia conductual de los programas gubernamentales de bienestar social, que desincentivan la autonomía; la adopción generalizada de tecnologías educativas estatales, que normalizan la exposición digital constante; e incluso políticas monetarias ‒como los tipos de interés ultrabajos‒, que fomentan la dependencia de largo plazo del endeudamiento. En cada caso, la acción estatal crea o refuerza las condiciones para la conducta adictiva, presentándosela como la solución.

    [[4]]   Ésto es lo que llamo equilibrio coercitivo, condición social en la que es normalizado y es aceptado ampliamente el intervencionismo, no mediante coerción manifiesta, sino mediante un pacto tácito entre la autoridad estatal y la aquiescencia pública (Sémanne 2025, 8). Este equilibrio se sustenta en mecanismos institucionales como la educación pública y las narrativas culturales dominantes, las que sirven para legitimar el poder centralizado. Como señalan Klaus Schwab y Thierry Malleret (2020), las élites políticas suelen mantener este equilibrio invocando una sensación constante de riesgo ‒ya sea de guerra, terrorismo o pandemias‒, justificando así la intervención continua, sin provocar una resistencia masiva. El concepto complementa la teoría del adoctrinamiento de la socialización primaria estatal desarrollada en este artículo, destacando la estabilidad social macro que permite que dicho adoctrinamiento permanezca en gran medida sin oposición.

    [[5]]   Desde una perspectiva libertaria arraigada en el pensamiento rothbardiano, el empoderamiento no es algo otorgado por el estado, sino algo que surge naturalmente en una sociedad libre, en la que los individuos pueden actuar por su propia iniciativa. Es el producto de una acción no coercitiva dentro de un marco de intercambio voluntario y derechos de propiedad. En un sistema así, los individuos obtienen poder a través de la propiedad, el espíritu empresarial, la educación, la reputación y la innovación, sin las distorsiones del favoritismo estatal o de la redistribución coercitiva. A diferencia de la “promoción” vertical o el “estímulo” patrocinado por el estado, el empoderamiento basado en el mercado surge cuando las instituciones y los actores compiten para servir a otros, permitiendo a los individuos mejorar su condición por mérito y beneficio mutuo, en lugar de por dependencia del estado. Como nos recuerda Rothbard (2006b, 885), “los libertarios no creen en la necesidad de recibir lecciones morales del estado; creemos que los únicos maestros morales adecuados son los individuos y los grupos voluntarios, como las escuelas privadas, las familias y las iglesias”. El verdadero empoderamiento, entonces, no puede tener origin en la misma institución que se nutre de la subyugación.

    [[6]]   Desarrollé el concepto de demanda educativamente programada, que se refiere a formas de demanda que no surgirían de forma natural en una sociedad libre y descentralizada, sino que surgen mediante la influencia sostenida del estado, principalmente a través del sistema educativo (Sémanne 2025, 8). Ésto incluye la demanda de sistemas políticos específicos, servicios de bienestar, carreras profesionales en el sector público, profesiones reguladas o disciplinas académicas que son institucionalmente promuevidas mediante la escolarización obligatoria, la educación superior subvencionada y los curriculos ideológicos. De este modo, el estado manipula las preferencias públicas, al moldear lo que los individuos consideran valioso, necesario o legítimo. Otros términos relacionados incluyen demanda condicionada por el estado, distorsión de las preferencias inducida por el estado, ingeniería de la demanda pública e ingeniería de la demanda educativa.

    [[7]]   Como sostienen Edward Herman y Noam Chomsky (1988) en Manufacturing Consent, en las democracias liberales los medios de comunicación masivos a menudo funcionan menos como organismos de control independientes y más como instrumentos ideológicos del poder estatal-corporativo, manipulando sutilmente el consentimiento público y reforzando la pasividad, particularmente entre las generaciones más jóvenes, saturadas de medios.

    [[8]]   Sobre la conexión entre la inflación, la política monetaria y el debilitamiento de la vida familiar, véase Jeffery L. Degner (2025), Inflation and the Family: Monetary Policy’s Impact on Household Life [La inflación y la familia: el impacto de la política monetaria en la vida familiar], en particular su análisis de cómo la inflación debilita las estructuras familiares tradicionales. Véase también Jörg Guido Hülsmann (2004), How Inflation Destroys Civilization [Cómo la inflación destruye la civilización], para una perspectiva austriaca más amplia sobre los efectos sociales corrosivos del dinero fiduciario, incluyendo su impacto en las preferencias temporales, el ahorro y la cohesión familiar.

    [[9]]   La retórica del “bienestar” digital y el paternalismo terapéutico, a menudo enmascaran dinámicas de control más insidiosas. Como observan Carl Cederström y André Spicer (2015), los regímenes modernos de bienestar y positividad desplazan la reflexión crítica, recodificando la sumisión a la autoridad como crecimiento personal (Degner, 2025).

    [[10]]  Ésto hace eco de la tesis de Neil Postman (1985) de que, en las sociedades avanzadas, el autoritarismo ya no se basa en el miedo sino en el placer: el entretenimiento reemplaza al debate, y la seducción reemplaza a la fuerza.

    [[11]]  Yuval Noah Harari (2017) analiza el papel de los psicodélicos y su relación con la búsqueda humana de significado, en una conocida entrevista con Dan Ariely.

    [[12]]  Esta falsa sensación de seguridad forma parte de un fenómeno más amplio, al que denomino capitalismo de vigilancia intervencionista, mediante el cual los gobiernos y las empresas tecnológicas dominantes colaboran para crear infraestructuras de control, bajo el pretexto de la protección (Sémanne 2025, 8). Como argumenta Zuboff (2019, 2015), los datos personales son sistemáticamente recopilados no sólo con fines de lucro, sino también para predicción del comportamiento, manipulación e influencia política. Tal como los límites de tiempo frente a la pantalla o los controles de identidad, los límites regulatorios pueden parecer protectores, pero a menudo sirven para consolidar la vigilancia estatal-corporativa y, al mismo tiempo, apaciguar la preocupación pública. Estas salvaguardas superficiales pueden ocultar asimetrías de poder más profundas, y normalizar la extracción continua de datos y el condicionamiento del comportamiento bajo un velo de seguridad y cuidado.

    [[13]]  Es necesario que los estudiosos libertarios realicen más investigaciones sobre este asunto.

    [[14]]  Rothbard (1999, 10-13) argumenta que, en una sociedad libre, la responsabilidad de la crianza y de la educación del niño recae en sus padres, no en el estado. Advierte que el control estatal de la educación socava tanto los derechos parentales como la libertad individual, fomentando el conformismo, la obediencia a la autoridad, y el estancamiento intelectual. La intervención estatal sólo es justificable para proteger a los niños de la agresión activa, no del abandono o de la falta de instrucción. Para Rothbard, la falta de educación no constituye una violación de derechos, ya que no vulnera activamente la libertad del niño para desarrollarse.

    [[15]]  Rothbard (1999, 1–9) insiste en que cada niño es único en cuanto a talentos, intereses y ritmo de aprendizaje. Argumenta que la educación standardizada impuesta por el estado viola esta diversidad natural, imponiendo moldes uniformes a los niños, los que perjudican tanto a los superdotados como a los menos capaces. La verdadera educación, sostiene, debe ser individualizada ‒la mejor manera de lograrla es a través de la instrucción parental o tutorías privadas‒, para que el potencial único de cada niño pueda ser plenamente desarrollado.

    [[16]]  Ejemplos de aplicaciones de control parental disponibles en el mercado incluyen Qustodio, Bark, Net Nanny y Canopy. Estas herramientas permiten a los padres supervisar el tiempo de pantalla, filtrar contenido inapropiado, recibir alertas sobre mensajes de riesgo, y restringir el acceso a aplicaciones o sitios web específicos, sin necesidad de intervención estatal.

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    Traducción: Ms. Lic. Cristian Vasylenko

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