El 5 de Febrero de 2026, el diputado conservador Garnett Genuis presentó en el Parlamento canadiense el proyecto de ley C-260, que prohíbe a los funcionarios públicos y a otras personas con autoridad, recomendar el suicidio asistido a cualquier persona que no lo haya solicitado.
Genuis citó ejemplos como el del veterano de las Fuerzas Armadas canadienses David Baltzer, a quien Asuntos de Veteranos de Canadá le ofreció la asistencia médica para morir (MAiD), así como el de Nicholas Bergeron, hombre de 46 años de Quebec que no estaba interesado en la muerte asistida médicamente, pero que fue presionado repetidamente por un trabajador social para que optara por el suicido asistido.
Puedo confirmar personalmente esta política gubernamental, ya que un familiar propio fue animado, sin que se le preguntara, a asistir a un seminario sobre cómo y por qué suicidarse.
Introducido en 2016, el MAiD es un programa federal que puede variar ligeramente de una provincia a otra. El concepto central y constante es el siguiente: a petición de una persona elegible, el gobierno administra la muerte, ya sea mediante eutanasia a través de una inyección letal administrada por un profesional sanitario, o mediante suicidio asistido a través de la autoadministración de medicamentos con la ayuda de un profesional sanitario. Se estima que 99% de los casos de MAiD implican eutanasia, no suicidio asistido.
Por un lado, la populosa provincia de Quebec prohíbe la autoadministración. En otras provincias, las regiones sanitarias y los centros de atención sólo practican la eutanasia o se inclinan fuertemente hacia ella. Quizás el gobierno eligió el acrónimo MAiD, porque “eutanasia médica” suena tan chocante como lo es.
La MAiD sienta el precedente extremadamente peligroso de otorgar al gobierno la autoridad para matar a una persona inocente. La refutación habitual a este argumento es que la persona inocente debe solicitar el “servicio” de suicidio.
La MAiD no es un problema exclusivo de Canadá. El suicidio asistido por el estado se ha extendido rápidamente por todo el mundo occidental. Para Febrero de 2026, más de una docena de estados estadounidenses lo han legalizado de alguna forma. En el Reino Unido, el proyecto de ley sobre adultos con enfermedades terminales se encuentra en la fase de comisión parlamentaria donde, según se informa, cuenta con 1.227 enmiendas propuestas.
Algunas regiones de Australia también están elaborando programas similares. La lista de países que ofrecen suicidio asistido por el estado o eutanasia es extensa, e incluye a Suiza, los Países Bajos, Bélgica, España, Portugal, Luxemburgo, Austria y Nueva Zelanda. Las mismas preocupaciones y debates en torno de la asistencia médica para morir (MAiD) afectan directamente a estos otros programas, especialmente porque la MAiD suele ser citada como modelo o como fábula moralizante.
El personal médico puede tener objeciones religiosas o éticas a la administración de la MAiD. Quizás consideren la eutanasia una violación del juramento hipocrático, el que establece: “Primero, no hacer daño”. Para muchos, estas cuatro palabras constituyen la base de la ética médica. Canadá no obliga a los médicos ni a los enfermeros practicantes a administrar la MAiD, pero la Asociación Canadiense de Evaluadores y Proveedores de MAiD (CAMAP) explica que “tener una objeción de conciencia a la MAiD no anula estas obligaciones”.
Más bien, activa obligaciones “alternativas como discutir la objeción con el paciente y derivarlo o transferir su atención a un profesional de la salud que no se oponga a la MAiD, u otro recurso eficaz que proporcione información y facilite el acceso”. Ésto obliga a los profesionales a participar en el sistema de MAiD, al que pueden oponerse enérgicamente. Asimismo, algunos pagadores netos de impuestos pueden considerar a la MAiD como una forma de asesinato cubierta por la atención médica financiada con impuestos. Pueden sentir tanta repulsión por tener que pagar por la MAiD, como muchos defensores de la vida detestan tener que financiar abortos.
Todos los países que practican el suicidio asistido se enfrentarán con ciertas cuestiones prácticas. Por ejemplo, todos los programas deben responder a la pregunta: “¿Qué constituye el consentimiento y cómo es documentado?” Un análisis sobre cómo surgieron estos problemas prácticos generales en Canadá ofrece una perspectiva clara.
La legislación original de 2016 (Proyecto de Ley C-14) estableció salvaguardias para garantizar que los solicitantes cumplieran los requisitos para la asistencia médica para morir (MAiD). Una enmienda de 2021 (Proyecto de Ley C-7) estableció un sistema de dos vías de calificación: Vía 1 y Vía 2. La Vía 1, ahora denominada así, está destinada a personas con una enfermedad avanzada cuya muerte natural es considerada “razonablemente previsible”. Para ser aceptado en la MAiD, el solicitante requiere la aprobación de dos profesionales clínicos; anteriormente era requerido un período de espera obligatorio, pero éste fue eliminado por el Proyecto de Ley C-7 en 2021.
Cada vez más, los medios de comunicación y la opinión pública se preguntan si las salvaguardias están siendo aplicadas, o si son insuficientes. Un caso reciente de MAiD ha puesto de relieve esta cuestión. Una mujer de ochenta y tantos años, identificada como Sra. B., fue tratada como paciente de Vía 1, para la cual son requeridas dos evaluaciones. La Sra. B. recibió, tres porque el primer evaluador informó que la anciana prefería cuidados paliativos, los que le habían sido negados. La Sra. B. también expresó objeciones religiosas al suicidio.
El médico consideró que ésto la descalificaba como candidata. Sin embargo, su esposo se quejó de sufrir agotamiento por el cuidado, y consiguió evaluaciones adicionales por parte de dos médicos más complacientes. Fue aprobada la asistencia médica para morir (MAiD) para la Sra. B. Cuando el primer evaluador solicitó volver a entrevistar a la Sra. B., le fue negado el acceso. Fue tramitada la MAiD para la Sra. B.
El caso plantea interrogantes. El esposo pareció estar presente en las tres evaluaciones, a pesar de que nadie más que el solicitante puede solicitar o influir en el proceso. ¿Su presencia la silenció o alteró los resultados? ¿Fueron priorizadas las dificultades del esposo por sobre las de la Sra. B.? ¿Por qué le fueron negados los cuidados paliativos que prefería? ¿Le fue dada la oportunidad de revocar su consentimiento inicial? Y, si la asistencia médica para morir (MAiD) priorizaba las salvaguardias, ¿por qué denegó la solicitud del primer médico para una nueva entrevista?
Recientemente fue publicado en The American Journal of Bioethics (Volumen 25, 2025 – Número 5) un artículo titulado Asistencia médica para morir en Canadá: concentración de proveedores, influencia política y necesidad de reforma. Los autores ‒Christopher Lyon de la Universidad de York, Trudo Lemmens de la Universidad de Toronto, y Scott Y. H. Kim, M.D., de los Institutos Nacionales de la Salud‒ afirman: “Ha habido, y sigue habiendo, un número significativo de casos preocupantes de MAiD, incluyendo casos reportados en los medios de comunicación, en los que la persona solicitante no quería morir, pero encontró la MAiD mucho más accesible que los recursos básicos y standard (su primera opción) que le habrían ofrecido tratamiento o habrían aliviado su sufrimiento”.
El sistema de salud supuesta y pretendidamente “universal” de Canadá, no pudo o no quiso brindar los servicios básicos que la Sra. B. habría preferido para la vida. Es posible que el sistema no haya podido hacerlo, debido a que la sanidad pública raciona estrictamente sus escasos servicios, lo que significa que muchas personas son rechazadas o quedan en largas listas de espera. La atención privada no siempre es posible. Si está disponible, puede ser muy costosa, estar a una distancia prohibitiva, y ser selectiva en cuanto a los pacientes aceptados. También es posible que el sistema no haya querido brindar servicios básicos, porque los pacientes con enfermedades crónicas graves representan un alto costo en términos de tratamiento, tiempo y dinero.
Así pues, el profesional médico decidió que no valía la pena el esfuerzo. En lugar de aliviar y prolongar la vida ‒como prescribe el Juramento Hipocrático‒, el sistema le ofreció y facilitó la muerte. Otros países con cierto grado de sanidad pública ‒lo que incluye a la mayoría de los países occidentales‒sufren problemas similares. El 25 de Enero de 2026, Spiked Online (Reino Unido) publicó un artículo titulado El proyecto de ley sobre el suicidio asistido es la guerra de clases en su peor expresión. El autor, Dan Hitchens, incluyó dos citas inusualmente sinceras:
En 2024, Matthew Parris escribió con optimismo en el Times: “Nuestra cultura está cambiando de opinión sobre el valor de la vejez”. Se alegró de que, si bien “Se te acabó el tiempo” podría “nunca ser una orden”, admitió que “los que se oponen tienen razón”, “quizás algún día se convierta en una especie de insinuación tácita que todo el mundo entienda”. Parris cree que no podemos permitirnos hacer otra cosa. De manera similar, Oli Dugmore, del New Statesman, expresó con entusiasmo el año pasado que el suicidio asistido reduciría “el gasto en pensiones, en el sistema nacional de salud, y en la atención médica”, y nos libraría de los ancianos que permanecen en residencias “sin recibir visitas de familiares, absortos en el ritmo de sus vidas o, quizás, incapaces de reunir el valor para presenciar el deterioro de quienes alguna vez fueron figuras emblemáticas de sus vidas: sus padres. Que mueran”.
La segunda vía de la MAiD representa un paso más hacia la liberación del sistema de salud y la economía canadienses, al extender la MAiD a categorías más amplias de personas. La segunda vía es aplicada a personas cuya muerte natural no es razonablemente previsible, pero que padecen una afección médica grave e incurable, incluidas las discapacidades. Ésto supone una considerable ampliación de la autoridad gubernamental.
Es posible que pronto sea amplíada aún más. Actualmente, la enfermedad mental por sí sola no da derecho a la MAiD, aunque legalmente dicha elegibilidad está prevista para Marzo de 2027. Sin embargo, podría ser adelantada, en gran parte debido a la exitosa y reconocida actriz Claire Brosseau, de 48 años, quien forma parte de una demanda contra la MAiD. Los demandantes acusan a la MAiD de discriminar a las personas con enfermedades mentales, ya que actualmente están excluidas. A Febrero de 2026, la demanda de Brosseau aún estaba pendiente.
Ésto representa una alarmante desviación de la misión original, que introduce en la MAiD a personas que podrían ser incapaces de tomar decisiones informadas; es decir, personas con enfermedades mentales. El ensayo mencionado anteriormente, Asistencia Médica para Morir en Canadá, afirma: “En los últimos años … han sido documentados casos de personas que utilizan la MAiD como una forma de poner fin a una vida de pobreza, discapacidad, aislamiento social o enfermedad mental”. Éstos son problemas que los sistemas de salud y las redes sociales solían abordar mediante la sanación, la educación, los medicamentos, la terapia o la participación comunitaria.
Inevitablemente, algunos protestan: “¡Confíen en el gobierno! ¡Confíen en el sistema de salud!” ¿Por qué haríamos semejante cosa? Ha sido repetidamente demostrado que los funcionarios gubernamentales son descarados mentirosos, y la supuesta “ciencia médica” de los confinamientos covid ha sido revelada como dogma. La confianza se evidencia ahora ciega y autodestructiva, especialmente cuando el asunto en cuestión es, literalmente, cuestión de vida o muerte.
Hasta ahora, uno de los principales obstáculos para que la MAiD gane credibilidad, proviene del propio programa. ¿Cómo puede ser determinado si se ha abusado de la MAiD y en qué medida, cuando los datos que publican son escasos y poco informativos? No existe ningún medio de verificación independiente. En parte, la falta de transparencia se debe a las leyes de anonimato y privacidad que son aplicadas a los historiales médicos, lo que puede impedir llegar a una conclusión informada.
Consideremos una pequeña categoría de datos sobre la MAiD, a la que el gobierno tiene acceso total: los reclusos federales. En un artículo del 29 de Diciembre de 2025, The Post Millennial informa que al menos 15 reclusos federales habían fallecido por MAiD desde 2018. El artículo comenta una respuesta oficial del gobierno, es decir, una respuesta escrita oficial a una pregunta presentada por un miembro del Parlamento o un senador.
Una respuesta oficial confirmada por el Servicio Correccional de Canadá muestra que los reclusos fallecieron antes de cumplir sus condenas. Los registros indican dos muertes de reclusos por MAiD en 2018, seguidas de una en cada uno de los años 2019, 2020 y 2021. La cifra aumentó a cuatro en 2022, disminuyó a una en 2023, volvió a aumentar a cuatro en 2024, y fue registrada una muerte adicional en lo que va de 2025.
Los datos no identifican dónde ocurrieron las muertes, el sexo de los reclusos ni los motivos específicos de las solicitudes. Tampoco indica si las muertes fueron clasificadas como casos de la Vía 1 o de la Vía 2.
Resulta imposible saber si estos casos de MAiD cumplieron con los requisitos federales, o si fueron una forma de liberar al sistema penitenciario de reclusos costosos.
La expansión de la MAiD no muestra signos de disminuir. En 2022, por ejemplo, el Colegio de Médicos de Quebec (CMQ) sugirió incluir a bebés gravemente enfermos o con malformaciones extremas entre las personas elegibles para la MAiD. Ésto eludiría el tan mencionado requisito del consentimiento informado del paciente, ya que los recién nacidos no pueden comprender ni comunicarse. Sin embargo, el CMQ reafirmó su postura en 2025. Canadá ahora sólo permite el retiro del soporte vital para bebés en estado crítico, no el acto de matarlos. El CMQ asegura al público que la eutanasia de recién nacidos sería rara, por supuesto. ¿Es creíble su afirmación? ¿Ellos lo aseguran? La MAiD ha crecido tan drásticamente en la última década, que 1 de cada 20 muertes (5%) en Canadá es atribuida a este agresivo programa.
Quebec también ha sido pionero en el uso de solicitudes anticipadas de MAiD. Esta solicitud proviene de una persona con una enfermedad incurable, la que le causará algún tipo de incapacidad. El Alzheimer suele ser citado como ejemplo. La solicitud es efectuada cuando la persona aún conserva su capacidad mental. La MAiD es administrada cuando pierde dicha capacidad. Ésto plantea interrogantes sobre el consentimiento: ¿qué sucede si la persona cambia de opinión? ¿Ignorará el médico a un paciente con Alzheimer que se resista en el último momento? ¿Podrá un familiar con tutela médica anular la MAiD?
La mayoría de las preocupaciones planteadas son de índole práctica, lo que abre la puerta a una reforma del sistema para prevenir abusos, errores y extralimitaciones. No creo que la reforma sea posible. Los incentivos económicos en un sistema de salud financiado con impuestos favorecen claramente la MAiD. El sistema ya está sobrecargado por los ancianos y los enfermos crónicos, cuya ausencia sería bienvenida.
Además, se desconocen las tasas de abuso, error y extralimitación. Bajo el pretexto de la privacidad, el gobierno puede ocultar indefinidamente las pruebas de tales abusos, errores y extralimitaciones. Cuando la atención médica financiada con impuestos y racionada, es combinada con la aceptación pública de la eutanasia, que es llevada a cabo con opacidad casi total, parece inevitable el desenlace negativo.
Para complicar aún más las cosas, la MAiD no es sólo una forma de ahorrar dinero. También puede ser una forma importante de ganarlo. El sitio web de Legal Insurrection (13 de Enero de 2026) señala que algunos órganos de pacientes sometidos a MAiD son extraídos para su “donación”. Abordando el asunto del “turismo de órganos”, Legal Insurrection continúa:
No fui el único en notarlo. La dirección del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. (HHS) critica duramente el programa canadiense de asistencia médica para morir (MAiD), ahora vinculado con la donación de órganos. Un alto funcionario lo calificó como “un nuevo horror extraño”, y un ejemplo aleccionador para otros países. El subsecretario del HHS de EE.UU., Jim O’Neill, afirmó que el permisivo régimen canadiense de suicidio asistido ha “cruzado los límites éticos”, al contribuir al aumento de las tasas de donación de órganos de personas que fallecen por eutanasia.
La expresión “un nuevo horror extraño” proviene de una entrevista concedida el 8 de Enero de 2026 al Washington Examiner, en la que O’Neill explicó su profunda preocupación al saber que el programa canadiense de suicidio asistido por un médico permitió a Canadá convertirse en líder mundial en políticas de trasplante de órganos de donantes fallecidos. Algunos consideran que las preocupaciones de O’Neill sobre la MAiD son exageradas, y atribuyen parte del aumento de los trasplantes de órganos en Canadá a otras causas. Por ejemplo, Nueva Escocia es una provincia con donación automática de órganos. Si una persona no se opone explícitamente a la donación de órganos, sus órganos viables serán automáticamente extraídos y vendidos a otras provincias o países.
Técnicamente, la venta de órganos no está permitida en Canadá, pero la Agencia Tributaria canadiense señala que los gastos de los trasplantes de órganos pueden ser deducidos, lo que constituye una forma de remuneración. Estos gastos incluyen “cantidades razonables pagadas para encontrar un donante compatible, organizar el trasplante (incluidos honorarios legales y primas de seguro), y gastos razonables de viaje, manutención y alojamiento para el paciente, el donante y sus respectivos acompañantes”. Claramente, hay dinero de por medio. Ésto abre otra caja de Pandora de cuestiones éticas.
La única salida a la distopía médica de la asistencia médica para morir es eliminar la intervención del gobierno. Me gustaría decir que quienes eligen la muerte por intervención gubernamental, están en su derecho. Pero eso no es posible: el gobierno está fomentando leyes opresivas y la burocracia médica que amenaza al resto de la sociedad.
La asistencia médica para morir representa un cambio radical en una de las instituciones más importantes de Canadá: la atención médica. En lugar de prolongar la vida, cientos de profesionales sanitarios dedican sus habilidades a facilitar la muerte. Ésto, a su vez, provoca un cambio radical en la percepción que muchas personas tienen del sistema de salud.
Como canadiense, ahora me resisto a ser sincera con los médicos que visito, o a responder a todos los cuestionarios médicos. Ésto no es paranoia. La última encuesta de salud que recibí contenía preguntas increíblemente intrusivas y sin precedentes, incluso sobre mi estado mental. Nadie podrá ocultar esta información al gobierno que elaboró la encuesta. ¿Cómo puedo estar segura de que no será utilizada en mi contra en el futuro?
De una cosa estoy segura: el gobierno no debe tener cabida en la eutanasia ni en el suicidio asistido. La eutanasia no es compasiva. No es un acto de piedad. Es una burocracia cruel e insensible que vela por sus propios intereses, como hacen todas las burocracias. Consideremos otro caso de eutanasia.
En Marzo de 2024, al tetrapléjico Normand Meunier le fue practicada la eutanasia tras una visita a un hospital de Quebec. La CBC explica: “Antes de ser ingresado en la unidad de cuidados intensivos por su tercer virus respiratorio en tres meses este invierno, Meunier permaneció cuatro días en una camilla en la sala de urgencias”. Debido a la negligencia, a las superficies inadecuadas para su cuidado, y a la falta de cambios de posición, desarrolló úlceras por presión tan graves, que dejaron al descubierto huesos y músculos. Estas úlceras, de un dolor insoportable, fueron consideradas intratables. Meunier, que había pedido ayuda, decidió no vivir con el dolor.
La MAiD es un tipo de “nihilismo terapéutico”: la creencia de que hay pocas esperanzas de curar o mejorar significativamente la condición de un paciente, y que la muerte es más apropiada. De manera orwelliana, redefine el principio de “no hacer daño” como “lo mejor es matar al paciente”. Este nihilismo ignora fenómenos comunes como el diagnóstico erróneo, la creación de tratamientos innovadores, o el simple hecho de que muchos pacientes viven durante años incluso después de un diagnóstico correcto. La MAiD es la creación de un sistema de salud que no puede o no quiere proporcionar un servicio “básico y standard”.
El caso covid destrozó la reputación de la profesión médica. Los restos que queden no sobrevivirán a la eutanasia. Ni deberían.
Traducción: Ms. Lic. Cristian Vasylenko
