Inmediatamente después de asumir el cargo, el presidente de Argentina, Javier Milei, firmó un decreto y redujo el número de ministerios de 22 a 9. Aunque desde entonces han sido despedidos decenas de miles de empleados públicos, la celebrada reducción sigue siendo simbólica, porque sólo ordenó a algunos ministerios absorber a otros, y no redujo significativamente el empleo público. Milei ha logrado hasta ahora cinco superávits presupuestarios. Las obras públicas han dejado de ser financiadas en un grado importante. Milei cerró algunas agencias estatales, recortó algunos subsidios, y detuvo casi por completo las transferencias discrecionales de dinero a las provincias. Sin embargo, Milei amplió el Estado de bienestar, incluyendo la multiplicación de pesos —en términos reales— para varios programas sociales.
Asimismo, desde el principio y contra sus promesas, Milei aumentó los impuestos a los combustibles, las importaciones y las compras de divisas. Y luego, en mayo de 2024, amplió el alcance de un impuesto a las suscripciones de bonos especiales y las compras de divisas para la remisión al exterior de utilidades y dividendos. Además, un paquete fiscal que será pronto promulgado restablece una categoría de impuesto a las ganancias. Es cierto que Milei redujo algunos aranceles y bajó los impuestos a las concesionarias de automóviles, pero sus aumentos impositivos son mucho más significativos, no benefician a la economía, y no deben ser vistos como una forma de escapar de la crisis.
Regulaciones y cartelización
Cabe señalar que las regulaciones pueden ser tan destructivas de rendimiento productivo como lo son los impuestos, por lo que una política de impuestos con menos regulación posibilita mayor rendimiento monetario que la misma con más regulación. Por esta razón, cualquier Estado podría considerar apropiado avanzar en la dirección de una economía más puramente desregulada y gravada con impuestos para tener éxito en la escena internacional. De hecho, la desregulación parece ser el sello distintivo de la presidencia de Milei. Su reforma laboral también servirá para facilitar la formalización frente al Estado, y lograr que más personas ingresen al mercado legal, lo que ayudará a recaudar más impuestos. Sin duda, disminuir el efecto contraproducente de las regulaciones en relación con el de los impuestos puede ayudar a lograr todos los superávits que Milei desea.
Con un decreto, Milei desreguló la economía en cierta medida, eliminando o modificando cientos de leyes. La eliminación de diversos controles de precios ha tenido algunos resultados positivos en ciertos mercados, pero los beneficios generales de esas medidas (así como el recorte de algunos subsidios) siguen siendo limitados en una economía altamente cartelizada. Por ejemplo, es el caso de la atención médica privada, cuando tras la eliminación del control de precios, las empresas se vieron obligadas a reducir sus precios de acuerdo con criterios impuestos tras sólo cuatro meses de aumentos, en un contexto de notable inflación. Por el contrario, la respuesta laissez-faire a las acusaciones de cartelización debería ser continuar el proceso de desregulación, en lugar de imponer barreras a la libre fijación de precios. La cartelización obligatoria de las industrias significa conceder privilegios monopólicos, por lo que liberar los precios en esta situación significa eliminar una política que aborda intervenciones previas en la regulación de las industrias, que restringen la competencia, desalientan la inversión, privan a los consumidores de una mejor satisfacción de sus necesidades, y distorsionan la libre asignación de recursos del mercado. El problema de la regulación puede ser parcialmente abordado una vez que sea promulgada la ley “Bases”. El proyecto de ley incluye privatizaciones, desregulaciones, fluidez del mercado laboral, y consolidación de más poder en el poder ejecutivo.
Superávits y presupuesto
Los superávits son muy raros en nuestro mundo estatista; ocurren cuando se recauda más dinero en impuestos que lo que gasta el gobierno durante un período. Un superávit puede ser acaparado por el gobierno, o liquidado mediante la deflación de dinero. Si a la industria lechera le sacan 70 pesos, pero en el papel sólo son gastados 40, los impuestos son la carga más grande, pagando no sólo por el gasto, sino también por los pesos acaparados o destruidos. Cuando el gobierno impone cargas en el proceso presupuestario, debe ser considerada la pérdida de la industria lechera. Cuando los gastos y los ingresos difieren, la carga fiscal sobre el sector privado puede ser aproximadamente medida como la mayor de los dos.
Sin embargo, el gobierno carga al público dos veces: se apropia de los recursos del sector privado primero inflando la oferta monetaria y luego gravando el nuevo dinero inflado. Si los superávits son utilizados para pagar las deudas del gobierno, como Milei realmente pretende hacer, no sólo se suma el insulto al perjuicio, porque las deudas también son impuestas a los contribuyentes, sino que el efecto deflacionario es imposible. Y si los superávits son utilizados para amortizar deudas en los bancos, el efecto deflacionario no adoptará la forma de una contracción del crédito, ni corregirá los desajustes provocados por la inflación anterior; de hecho, creará más rupturas y distorsiones.
En resumen, deben deducirse tanto los superávits como los gastos, porque ambos extraen fondos del sector privado. Los gastos totales del gobierno o los ingresos totales del gobierno deben ser deducidos del producto neto nacional, el que sea mayor. Esto mostrará el impacto aproximado de los asuntos fiscales en la economía; una estimación más precisa compararía las depredaciones totales con el producto privado bruto (una medida desarrollada por Murray N. Rothbard que equivale al producto bruto nacional menos los ingresos fiscales y los de las empresas estatalas).
La respuesta correcta a los superávits debería ser recortar los impuestos. Pero si Milei no ha reducido los impuestos en general, no ha devuelto el dinero a su origen ni ha quemado dinero para reducir la oferta, los superávtis siguen siendo inflacionarios. Para favorecer la economía deberían ser desviados menos recursos del sector productivo hacia el sector público. En febrero de 2024, Milei declaró que recortará los impuestos una vez que se estabilice la economía y los recursos sobren. ¿Cuántos recursos necesita? Luego, en abril de 2024, Milei expresó la idea de congelar el gasto público, de modo que a medida que la economía comience a recuperarse y crecer, el tamaño del gasto caiga en términos del PBI. Pero, ¿por qué no recortar el gasto aún más? También dijo que el sinfín de impuestos pasará a un sistema simplificado, en el que habrá unos cuatro impuestos que serán «pagables» y «entendibles», y el Estado representará 25% del PBI. ¿Pero por qué 25% y no menos?
Como indicó Rothbard, en nuestra era de déficits gubernamentales, los conservadores —y parece que Milei también— prefieren el equilibrio presupuestario antes que la reducción de impuestos, y «se oponen a cualquier recorte de impuestos que no vaya acompañado inmediata y estrictamente de un recorte equivalente o mayor en los gastos gubernamentales». Ciertamente, recortar impuestos puede resultar en un mayor déficit que requiera más deuda. Ahora bien, siendo la tributación un acto ilegítimo de agresión, cualquier oposición al recorte de impuestos es inadmisible y socava cualquier compromiso con la propiedad privada. Rothbard concluyó, entonces, que el momento de oponerse a los gastos y pedir recortes drásticos es cuando está siendo considerado o votado el presupuesto.
Si bien equilibrar el presupuesto puede ser bueno si ello es logrado mediante menos impuestos y menos gasto, Milei lo está equilibrando con más impuestos en lugar de más recortes en el gasto. Y como el peso es una moneda forzada para las transacciones que en realidad es rechazada por el mercado, y su valor continúa aumentando artificialmente en relación con el dólar, el que es utilizado para ahorrar, la desaceleración de la inflación y el equilibrio del presupuesto de Milei están favoreciendo comparativamente a más agentes estatales y beneficiarios de asistencia social, y también los tenedores de bonos y el sistema bancario que se benefician con su lucha contra la inflación. Por lo tanto, sus políticas están dañando a la economía y a los ahorros de los argentinos, al revictimizar a la gente productiva. Además, al mantener controles de precios sobre los tipos de cambio, sus acciones se vuelven aún más perjudiciales para las mismas personas.
Ante la forzada revaluación del peso y el estancamiento de la productividad, muchas personas —especialmente la clase media y los jubilados— deben recurrir a sus ahorros para hacer frente a la situación; lo que también desincentiva las inversiones. Por tanto, el deseo manifiesto de Milei de atraer la inversión extranjera choca directamente con el hecho de que sus acciones son contraproducentes para las propias inversiones argentinas.
Los superávits son parte de la oferta monetaria, y el dinero no desaparece de la oferta monetaria a menos que la unidad monetaria deje de existir o desaparezcan los medios fiduciarios utilizados como dinero en un sistema de reserva fraccionaria. La respuesta adecuada es continuar reduciendo las alícuotas impositivas, pero eso no es lo que ha hecho Milei. Sus superávits son fondos desviados del sector productivo hacia planes que no involucran gasto público, es decir, hacia otras actividades del gobierno, como sanear los balances del banco central y del Tesoro; y su lucha contra la inflación está dañando a la gente productiva, quienes son obligadas a financiar una lucha por una moneda no deseada, ya rechazada por el mercado durante muchos años.
Según Milei, «por primera vez en Argentina no pagan justos por pecadores». Pero como dice un proverbio yiddish, «una verdad a medias es una mentira total». En lugar de aliviar a los argentinos de los impuestos y de una moneda molesta, Milei está haciendo que la mayor parte de la cuenta sea pagada por la gente productiva.
Traducción: Ms. Lic. Cristian Vasylenko.
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