El primer mes de la administración Trump incluyó, entre otras cosas, un espectáculo muy publicitado: Elon Musk y su equipo DOGE se desplegaron contra diversos sectores de la burocracia federal, lo que desencadenó fuertes intercambios partidistas. Los demócratas se enfurecieron por una “crisis constitucional” provocada por la burda ignorancia de Trump de muchos de los puntos legales más sutiles sobre los fondos asignados, la organización burocrática y la supervisión de la función pública −e insinuaron sombríamente que Musk está robando datos personales en secreto y promoviendo el caos y la corrupción para su propio beneficio. Por otro lado, los republicanos están eufóricos alardeando de lo mucho que están ganando al desbaratar las maquinaciones progresistas de las gallinas de los huevos de oro del deep state como USAID, y de que Musk y su equipo de DOGE, experto en tecnología, son quienes heroicamente están librando al gobierno federal del despilfarro, el fraude y el abuso.
A pesar de la tormenta política desatada por DOGE, es un error que los republicanos supongan que DOGE puede, de alguna manera, hacer que el gobierno sea más eficiente mediante recortes de gastos. Incluso Musk admitió que si simplemente se hacen algunos recortes y no se elimina una agencia por completo ésta, con todo su gasto, simplemente vuelve a brotar como la maleza de sus raíces. Peor aún, los despidos masivos de Inspectores Generales reflejan una idea perversamente errónea, ahora común en los círculos republicanos: que seleccionar al personal ejecutivo “adecuado” es, de alguna manera, un sustituto del estado de derecho, en lugar de reconocer que los Inspectores Generales deben seguir trabajando como los policías que mantienen a raya a los burócratas mucho después de que la escasa atención del equipo DOGE se haya desviado. Las malas hierbas nocivas sólo volverán a brotar más rápido si los burócratas que sobrevivan a una ofensiva relámpago de DOGE se ven sometidos a un ineficaz sistema de honor. Las burocracias que carecen de un escrutinio externo riguroso y continuo, y de la aplicación de regulaciones bien definidas, carecen de honor y no tienen control sobre su inclinación natural a la pereza, la corrupción o el afán de poder. En términos presupuestarios, poder eliminar una agencia federal completa y sus funciones por completo sí se considera una victoria a largo plazo (algo que los presidentes republicanos no han podido lograr desde que Ronald Reagan abolió la Junta de Aeronáutica Civil en 1985), incluso si la legalidad de hacerlo sin la aprobación del Congreso es cuestionable. Pero ¿está DOGE realmente ganando lo suficiente en este frente como para justificar celebraciones como la de Musk blandiendo con orgullo una “motosierra para la burocracia” en una conferencia de la CPAC? ¿o DOGE es simplemente un espectáculo secundario y pintoresco que distrae a los estadounidenses de realidades fiscales mucho más sombrías, que tanto republicanos como demócratas se niegan rotundamente a afrontar?
Musk había establecido originalmente un objetivo para DOGE de recortar U$S 2 billones en gasto anual del presupuesto federal, aunque últimamente ha afirmado que U$S 1 billón en recortes es más realista. Si bien los recortes prometidos de esta magnitud parecen impresionantes, deben ser puestos en contexto, e incluso la promesa actualizada de Musk debe ser tomada con pinzas. Al analizar el presupuesto general del año fiscal 2024, observamos que el gasto total asciende a U$S 6,8 billones, y el deficit a U$S 1,8 billones. Pero ¿cuánto de esos U$S 6,8 billones está realmente al alcance de la drástica reducción de DOGE? ¿Son alcanzables recortes anuales a largo plazo del orden de U$S 1 billón (una reducción comparativamente modesta que ni siquiera alcanza para equilibrar el presupuesto), especialmente considerando el riesgo de que la maleza vuelva a crecer después de unos años, eliminando por completo partes significativas de la burocracia federal? ¿En qué puede DOGE usar exactamente su drástica reducción?
Al examinar esos U$S 6,8 billones de gasto con más detalle, vemos que lamentablemente las perspectivas de que DOGE logre su objetivo son bastante sombrías. Para empezar, la 14.ª Enmienda exige constitucionalmente un gasto de casi U$S 1 billón para pagar los intereses de la deuda y las obligaciones de pensiones de los empleados federales; esta categoría de gasto está fuera del alcance de cualquier recorte presupuestario, y se está viendo impulsada al alza por el aumento de los tipos de interés. Si bien Trump ha exigido enérgicamente que la Reserva Federal implemente reducciones en las tasas de interés, el dilema radica en que dichas reducciones requieren una expansión inflacionaria del crédito bancario que provoca ciclos de auge y caída, y acelera la pérdida de poder adquisitivo del dólar, resultados económicos que sólo empeoran las perspectivas presupuestarias futuras. En cualquier caso, DOGE no puede hacer nada al respecto.
Trump ha prometido no tocar la Seguridad Social, Medicare, ni diversas prestaciones para personas de bajos recursos, como Medicaid, los créditos fiscales reembolsables para el cuidado infantil, la asistencia alimentaria, la asistencia para la vivienda y las Becas Pell, que en conjunto representan U$S 3,7 billones en gastos. Como máximo, DOGE podría encontrar unos U$S 100.000 millones para recortar en pagos fraudulentos de prestaciones, suponiendo que dicho fraude se esté produciendo a la escala que Musk ha estado afirmando, lo que no es en absoluto seguro. Sin embargo, la mera eliminación del fraude no va a reducir los billones y billones de dólares que son legalmente pagados a los beneficiarios legales cada año. El problema urgente con esta categoría de gasto no es el nivel de fraude que se está produciendo, sino la premisa −muy popular pero económicamente destructiva− de que la provisión de seguridad económica es un imperativo moral colectivo que el estado puede y debe asumir con seguridad. Si los republicanos se niegan a cuestionar la supuesta ética del estatismo del bienestar, ni a reconocer el vínculo causal entre la disuasión del ahorro, el consumo del ahorro y la desindustrialización de Estados Unidos, los votantes nunca se convencerán de aceptar recortes significativos en esta categoría de gasto.
El gasto militar, incluyendo el apoyo a los veteranos, representa U$S 1,3 billones anuales, gasto que Trump tampoco está muy dispuesto a recortar. Cualquier cantidad que DOGE y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, puedan recortar de los gastos actuales del Pentágono, simplemente será transferida a otros proyectos de defensa, pero no será aplicada a recortes generales del gasto. Si bien Trump podría generar un significativo dividendo de paz reduciendo los compromisos estadounidenses con la OTAN y Ucrania, su deseo de perturbar el comercio internacional, adquirir más colonias, promover la limpieza étnica de los árabes palestinos, y aumentar las tensiones con China e Irán, posiblemente llevará al Pentágono en la dirección opuesta, hacia costosas carreras armamentísticas e incluso a una gran guerra. Ésto podría generar un gasto militar mucho mayor en el futuro, no recortes.
Todo lo demás que hace el gobierno federal representa tan solo U$S 0,8 billones en gastos, un objetivo poco prometedor para generar recortes considerables, aunque la perspectiva política de recortar pequeños programas de DEI, pequeñas subvenciones internacionales para promover la ideología transgénero, etc., tiene muy buena acogida entre muchos estadounidenses. Por muy reconfortante que sea ver a administradores bien pagos e insufriblemente progresistas siendo expulsados de sus imponentes oficinas en Washington, D.C. por DOGE, y sufriendo la indignidad de despidos abruptos como los que han sufrido con frecuencia los más deplorables del sector productivo, es difícil encontrar suficientes objetivos atractivos en el presupuesto en los que DOGE pueda generar recortes de U$S 1 billón sin violar las restricciones que Trump y otros políticos republicanos insisten en imponer para su propia supervivencia política. DOGE está cometiendo un error al fingir recortes importantes, a menos que se asuma que la pretensión y las distracciones proporcionadas por Elon Musk son en sí mismas el objetivo principal de la estrategia DOGE.
Contrariamente a la mitología republicana, el problema fiscal crítico del gobierno federal no es el despilfarro, el fraude y el abuso por parte de los burócratas federales. El problema fiscal crítico es que el pueblo estadounidense y su decadente base industrial ya no pueden permitirse las cargas fiscales actuales de bienestar social y del imperialismo, por no hablar de las nuevas y costosas medidas que Trump pretende adoptar, como la adquisición de más colonias, la limpieza étnica de los palestinos, y el cierre de nuestros mercados a los productos extranjeros, por no mencionar el costo de la intensificación de las rivalidades y los conflictos con otros gobiernos que posiblemente generarán estos nuevos actos de agresión contra extranjeros. Son los pagos de transferencias e intereses no derrochadores ni fraudulentos, y la expansión patriotera del imperio, los que están impulsando el gasto federal hacia niveles insostenibles, y la lucha de DOGE contra los molinos de viento burocráticos no lo detiene. DOGE no puede contrarrestar la dinámica política del sistema del dólar fiduciario vigente desde 1971. Los políticos federales electos obtienen sus cargos superando a sus rivales en sus pujas, prometiendo cada vez mayores beneficios, rescates y extorsiones a sus partidarios, todo ello financiado mediante la creación ilimitada de dinero fiduciario que financia la monetización de la deuda. A pesar de DOGE, el vasto estado bipartidista de bienestar y guerra, impulsado por la inflación incesante de dinero fiduciario, está destinado a continuar su implacable expansión a expensas de la grandeza económica de Estados Unidos y del nivel de vida de sus clases productivas.
Traducción: Ms. Lic. Cristian Vasylenko
