En las últimas horas de su presidencia, el presidente Joe Biden se aseguró de conceder indultos a sus aliados políticos.
Algunos de los indultados, como Ravidath Ragbir y Kemba Pradia, son el tipo habitual de personas que reciben indultos: activistas de nivel medio y promotores del partido, que apelaron con éxito a la administración saliente para obtener algunos favores de último momento. Estos indultos son para personas que realmente fueron condenadas por delitos en el pasado. Es decir, los indultos no fueron preventivos.
Además, cuando es utilizado para proteger a los impotentes de un estado vengativo, el poder del indulto es algo bueno. En este sentido, no hay fin a la lista de candidatos dignos, desde vendedores de leche cruda, hasta turistas ancianos que caminaron por el Capitolio durante los disturbios del 6 de Enero.
Sin embargo, lo que es notable sobre esta ronda de nuevos indultos es cuántos son para burócratas federales o funcionarios que están profundamente enredados con el gobierno federal en los niveles más altos del poder. Quienes no ocupaban directamente esos cargos, eran familiares del ahora ex presidente. Además, todos estos indultos a personal de alto rango y a sus familiares, son indultos preventivos, que otorgan inmunidad general a los amigos de la facción Biden del régimen.
En concreto, Biden concedió indultos preventivos a Anthony Fauci, al general Mark Milley, a James Biden, a Sara Biden, a Valerie Biden Owens, a John Owens y a Francis Biden. La lista también incluye a todos los miembros del comité del 6 de Enero, más el personal del comité y a los agentes de policía del Capitolio que testificaron ante el comité selecto.
En resumen, estos indultos fueron diseñados para proporcionar inmunidad legal a los leales a Biden dentro de la clase dirigente (y a sus aduladores, como la policía del Capitolio), en caso de que los votantes se pongan arrogantes. Es decir, como Trump debe su elección a ciertos elementos populistas del electorado, algunos grupos de presión podrían exigir con éxito el procesamiento de funcionarios federales especialmente odiados y descarados.
Por ejemplo, Anthony Fauci pasó años perjurando ante el Congreso, y usando su influencia dentro de Washington para silenciar a los críticos y obstruir las investigaciones sobre el origen del covid-19. En los últimos años, Fauci, uno de los tecnócratas gubernamentales mejor pagos de la historia, calculó mal. Aunque Trump recompensó generosamente a Fauci con nuevos poderes durante su primer mandato, Fauci se alió con el estado profundo respaldado por Biden. Con la elección de Trump, posiblemente Fauci enfrentaría una serie de investigaciones sobre sus actividades, muchas de las cuales fueron posiblemente delitos federales. Muchos de los votantes de Trump nunca perdonarán a Fauci por sus planes totalitarios, como el “covid cero” y los mandatos de uso de mascarillas, todos los cuales fueron basados en pseudociencia a medias. Entonces, ¿cómo evitar tener que responder ante los votantes? La respuesta fue simple: que Biden emita un indulto preventivo general.
Los miembros del comité del 6 de Enero son casos especialmente atroces. Estas personas, como Liz Cheney y Adam Schiff, pasaron años en una cacería de brujas contra las abuelas y los padres de la clase trabajadora, presentando ridículamente el motín sin líder del 6 de Enero, como una especie de golpe de estado o insurrección. Después de años de exigir sentencias draconianas contra los contribuyentes comunes que ese día se atrevieron a poner un pie en los sagrados edificios del régimen, Schiff, Cheney y otros, aparentemente rogaron a Biden por indultos e inmunidad.
Deberíamos acostumbrarnos a este tipo de cosas, independientemente de quién esté en el poder. Los partidarios de Trump quieren hacernos creer que el uso de indultos para proteger a los amigos del régimen es exclusivo de Biden. No lo es. Es cierto que el uso libre y fácil por parte de Biden de los indultos para sus amigos en los últimos meses es una aceleración de una tendencia. Pero Biden no inventó la idea. Después de todo, Gerald Ford concedió su indulto preventivo a Nixon, asegurando que ningún investigador investigara demasiado sobre las actividades del estado de seguridad nacional estadounidense. Pero ese es sólo el caso más notable.
El propio Trump concedió varios indultos a servidores criminales del régimen. Por ejemplo, en 2020 indultó a cuatro mercenarios estadounidenses por diversos delitos violentos. Tres de ellos fueron condenados por homicidio, y uno por asesinato en primer grado. Los cuatro habían abierto fuego contra hombres, mujeres y niños inocentes en Irak, asesinando a catorce de ellos. Sin embargo, estos bien pagos agentes del régimen perpetraron sus asesinatos al servicio del gobierno estadounidense, por lo que Trump los indultó.
Otro caso notable es el indulto que Trump otorgó a Lewis “Scooter” Libby en 2018. Libby era el jefe de gabinete del vicepresidente Dick Cheney, y había sido condenado por obstrucción de la justicia y perjurio en el caso Plame. Es probable que Libby haya estado involucrado en la filtración de secretos federales en un intento por castigar a un agente de inteligencia federal por criticar a la administración Bush. La sentencia de Libby ya había sido conmutada por George W. Bush años antes, pero el presidente Trump lo indultó para limpiar su historial legal. Después de todo, Libby era un diligente servidor del aparato de inteligencia federal, el mismo al que Trump pretende oponerse, pero al que ahora llama a ser más activo en el espionaje de los estadounidenses.
El reciente frenesí de indultos es un recordatorio importante de que no existe tal cosa como el llamado “estado de derecho” en los Estados Unidos. Hay un conjunto de reglas para las personas que se ganan el favor del régimen. Hay otro conjunto de reglas para quienes pagan por todo. En la práctica, por supuesto, los que están en la cima suelen poder impedir que sus amigos y aliados sean procesados. Sin embargo, con la expansión de los poderes abusivos de indulto, es aún más fácil garantizar que los amigos del régimen nunca tengan que pagar el precio de sus crímenes. El estado protegerá a sus cómplices.
Traducción: Ms. Lic. Cristian Vasylenko
