¿Puede haber justicia fuera del estado? Sí

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    La gente tiende a pensar que un sistema de justicia justo es una de las piedras angulares de una sociedad libre y floreciente. Sin embargo, la mayoría de nosotros estamos resignados a la idea de que éste sólo puede ser logrado mediante el estado. En lugar de limitaros a aceptar el statu quo, debiéramos cuestionarnos si los estados son adecuados administradores de justicia y, en cambio, considerar si podría funcionar un enfoque de la justicia libre de estado –o libertario.

    La palabra “justicia” proviene del latín jus, que significa “derecho” o “ley”. El Oxford English Dictionary define a la persona “justa” como aquélla que “hace lo que es moralmente correcto”, y está dispuesta a “dar a cada uno lo que le corresponde”. Mientras tanto, la mayoría de la gente concibe al estado como una organización soberana, que ejerce control sobre un territorio definido sin interferencias y en nombre de sus ciudadanos. A través de su soberanía, establece sus propias agendas y, a través de su control, es libre de reunir a la gente y los recursos dentro de su territorio para llevar a cabo esas agendas.

    Independientemente del tipo de justicia que un estado pretenda brindar, es importante comprender que en cualquier concepto de estado está implícita su necesidad de ser la única entidad que utiliza la agresión dentro de su territorio. Por agresión me refiero al uso no provocado de la fuerza, o la amenaza de la misma, contra cualquiera que se resista a sus actividades. Este monopolio es fundamental; porque tan pronto como prevalecen los agresores opuestos (pensemos en criminales, invasores o revolucionarios), se pierde algún aspecto de la soberanía y el control (y, por tanto, de la condición de estado). Si bien el uso de la fuerza para defenderse o recuperar artículos robados puede ser perfectamente consistente con un resultado justo, el uso de la agresión cuando no hay un delito previo (por ejemplo, cuando el estado obliga al pago de impuestos o exige el uso de su sistema legal), demuestra que es una fuente de decreto autocrático, colocándose así por encima de la necesidad de estar obligado a hacer lo que es correcto y justo.

    Con un enfoque libertario de la justicia, no habría ninguna autoridad estatal gobernante a la que deba apelarse. En cambio, podrían existir múltiples opciones contratadas de forma privada para validar, hacer cumplir y financiar el reclamo de justicia de cualquier individuo.

    Para ilustrar cómo podría funcionar ésto, supongamos que Larry ha atacado y robado a John. John podría buscar financiar cualquier servicio de validación y ejecución necesario, presentando su reclamo a una aseguradora con la que tenga un contrato de seguro previamente concertado y diseñado específicamente con el fin de financiar disputas legales cuando se haya producido una infracción contra su persona o su propiedad.

    Si el reclamo de John es sencillo y está bien demostrado, la aseguradora puede simplemente cumplirlo de inmediato con un pago en efectivo. Si el reclamo es más complejo, involucra sumas significativas o es difícil de hacer cumplir, la aseguradora podría requerir primero un fallo de un juez o especialista legal independiente y de buena reputación.

    En un mercado abierto para los jueces, aquellos que se forjan reputación por cualidades buscadas como objetividad, equidad, previsibilidad, rapidez y asequibilidad, tenderán a ser seleccionados sobre aquellos menos capaces de evidenciar tales rasgos. Esta preferencia de selección también sería un factor importante que influye sobre qué formas de jurisprudencia predominan con el tiempo (ver Legal Foundations of a Free Society, de Stephan Kinsella, para un tratamiento más exhaustivo de los fundamentos de los derechos libertarios y la teoría del castigo).

    Si el juez seleccionado falla en contra de John, puede haber implicancias establecidas en el contrato de seguro que lo penalicen, o al menos limiten su incentivo para hacer reclamos sin fundamento en el futuro. Sin embargo, si el juez decide a favor de John, la aseguradora deberá pagar los daños adeudados a John y encargar un esfuerzo de ejecución para recuperar sus costos, además de imponer cualquier castigo permitido en la sentencia contra Larry. Por lo tanto, el esfuerzo de aplicación de la ley podría tomar la forma de incautación de activos financieros, incautación de activos reales y, potencialmente, aplicar cierto grado de castigo físico a Larry.

    La aseguradora de John probablemente optaría por contratar los servicios de una agencia de aplicación de la ley para aportar sus capacidades especializadas al esfuerzo de aplicación de la ley, maximizando las posibilidades de éxito y minimizando los daños colaterales, lo que podría desencadenar costosas contrademandas.

    En caso de que Larry decida resistirse al intento de hacer cumplir la ley, se enfrentará a los recursos y capacidades de una agencia especializada en hacer cumplir la ley, con el respaldo financiero de una aseguradora y la validación independiente de un fallo de un juez ampliamente reconocido. La reputación de Larry y su acceso a los recursos probablemente se deteriorarían rápidamente si decidiera resistirse a tal combinación, a menos que pudiera construir su propia contrademanda con un juicio independiente creíble, y encargar sus propios servicios de seguridad y aplicación de la ley.

    Tal resistencia y resultados de confrontación probablemente serían poco comunes en un sistema de justicia libertario, dada la forma en que las personas y las organizaciones tienden a preferir procesos de resolución preacordados en sus tratos privados, para eliminar la incertidumbre y el riesgo en caso de que surjan disputas. Es poco probable que aseguradores, jueces y autoridades quieran encontrarse en conflicto directo con sus pares y competidores, cada vez que dos partes presentan reclamos contradictorios entre sí. El conflicto físico tiende a ser costoso y generalmente no beneficia a ninguna de las partes. Lo más probable es que las aseguradoras hayan determinado previamente los protocolos que seguirán al manejar casos en los que los respectivos clientes presenten reclamos contradictorios entre sí, como el uso de jueces acordados de común acuerdo. Es posible que los encargados de hacer cumplir la ley sólo quieran asumir contratos en los que un juez acreditado haya emitido un fallo indiscutible, y una aseguradora bien establecida esté financiando la operación de ejecución. En general, dichas medidas deberían garantizar que, cuando se validen los reclamos, éstos sean rápidamente aplicados.

    Si se descubre que Larry está equivocado, y sus activos son insuficientes para pagar todo lo que es debido, se establecería una obligación de deuda tal que John o, más probablemente, su aseguradora, podría reclamar activos futuros de Larry hasta que la deuda sea cubierta.

    Ya sea debido a deudas pendientes o debido a la gravedad del delito cometido, es posible que Larry no pueda mantener relaciones y contratos comunitarios clave, como aquéllos con propietarios, empleadores, bancos y aseguradoras. Ésto podría resultar en que Larry sea expulsado y se le prohíba ingresar a la mayoría de las propiedades privadas. Con pocas opciones más, puede verse confinado a vivir en un lugar de refugio, donde trabajar para pagar sus gastos de manutención y pagar las deudas pendientes, hasta que la sociedad en general esté lista para interactuar con él nuevamente. Por lo tanto, tal refugio sería lo opuesto a una prisión, ya que el delincuente no sería condenado allí por decreto; más bien, simplemente no sería aceptado en ningún otro lugar, por lo que el refugio sería su mejor opción. La razón por la que alguien querría establecer un refugio, más allá del altruismo, sería para obtener acceso a la mano de obra barata de delincuentes convictos como Larry, que de ese modo podrían ser trabajadores productivos.

    Bajo un sistema de justicia libertario, mantener contratos y relaciones con instituciones clave sería fundamental para poder funcionar en general en la sociedad. Así como Larry se enfrentaría a una vida muy restringida durante un período de tiempo si fuera declarado culpable de atacar y robar a John, éste también podría haber terminado en el mismo tipo de vida si hubiera decidido tomar el asunto en sus propias manos. Por ejemplo, si John simplemente hubiera decidido asaltar la propiedad y los activos de Larry para recuperar lo que sentía que se le debía sin un juicio independiente y reconocido y un esfuerzo de ejecución, entonces John fácilmente podría parecer que está actuando como un agresor criminal y, en consecuencia, perder su posición ante las contrapartes clave, necesarias para mantener su vida y sus circunstancias.

    Habiendo esbozado brevemente un enfoque libertario del sistema de justicia, ahora podemos preguntarnos por qué sería mejor que los diversos sistemas de justicia estatales en los que vivimos actualmente. La mejor manera de entender ésto sería cómo abordamos cualquier solución de libre mercado frente a un monopolio impuesto con la amenaza de la violencia. Es decir, podríamos esperar que la competencia y el cálculo económico sin restricciones garanticen que el costo de la justicia se reduzca, y al mismo tiempo se maximice la calidad de la justicia.

    ésto podría adoptar la forma de un mejor acceso a la justicia para los menos ricos, menos criminalidad sin víctimas, una impartición de justicia más rápida, resultados más predecibles y resultados más consistentes con lo que se percibe como justo y moralmente correcto. Particularmente importante es la eliminación del concepto inherentemente erróneo de tener al estado como árbitro final en los conflictos entre éste y el pueblo dentro de su dominio, una construcción que siempre favorecerá al estado sobre el pueblo, y será una fuente importante de corrupción y tiranía.

    Debemos terminar señalando que un sistema de justicia libertario no garantizará una justicia perfecta todo el tiempo. Ésto no es eperable de un sistema de justicia estatal, y ciertamente nunca se ha cumplido. Sin embargo, lo que podemos esperar es que exista un proceso que funcione para optimizar y mejorar constantemente el sistema de justicia, con innovaciones útiles ganando terreno, y procesos deficientes siendo descartados. Seguramente esta perspectiva es mejor que la que tenemos. Sin duda, nos debemos a nosotros mismos pensar más en lograr justicia fuera del estado.

     

     

     

     

    Traducción: Cristian Vasylenko

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    Rowan Parchi
    trabalha no mercado financeiro desde 2002. Atualmente é Diretor Executivo e Diretor de Capital da Coking Coal Pty Ltd, uma empresa de produção de carvão metalúrgico dos EUA localizada em Kentucky e Virgínia. Ele também tem vários assentos em conselhos de empresas, incluindo Australian Digital Holdings e Clanz. Em 2019, Rowan fundou a Praxis Path para oferecer aos negócios em crescimento uma combinação de investimento, financiamento e serviços corporativos. Qualificações: Curso de Diretores de Empresas (MAICD) Australian Institute of Company Directors, Diploma de Pós-Graduação em Finanças Aplicadas pelo Securities Institute of Australia, Bacharel em Economia (Finanças/Economia) pela University of New South Wales.

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