Contrariamente a la doctrina aceptada, no tenemos motivos para considerar las llamadas “libertades económicas” como menos importantes o menos dignas de protección que las llamadas “libertades personales o civiles”. Ésto se debe a que no tenemos motivos esenciales para distinguir los llamados fines económicos, de los llamados fines personales (prescindamos del calificativo “llamado”, en aras de la fluidez).
Cada uno de nosotros persigue un fin, punto. Nuestros fines varían ampliamente en contenido y tiempo requerido para lograrlos. Algunos son rápidamente logrados; otros requieren de un esfuerzo prolongado, y pueden ser denominados proyectos. Algunos implican directamente ganar dinero; otros no. ¿Qué podría ser más personal que decidir cómo ganarse la vida? ¿Por qué debería importar el tipo de fin buscado, en la discusión sobre la libertad?
Los fines implican acción, comportamiento decidido. Las leyes y la lógica de la acción humana –praxeología, como la llamó Ludwig von Mises– se aplican a toda acción (la palabra intencional es redundante), sin importar qué se busque y por quién, ya sea Jeff Bezos o quien haya sucedido a la Madre Teresa. La participación del dinero es irrelevante. Los fines, los medios, los costos (oportunidades perdidas), las ganancias, las pérdidas y el tiempo (interés explícito o implícito) son conceptos relevantes, independientemente de los fines que perseguimos. Como lo expresó el economista británico Philip Wicksteed: “Los principios generales que regulan nuestra conducta en los negocios son idénticos a los que regulan nuestras deliberaciones, nuestras selecciones entre alternativas, y nuestras decisiones en todas las demás ramas de la vida”.
La economía como disciplina importante, enfatiza Thomas Sowell, es una forma de analizar la acción, sin importar su objetivo. Así es como entendemos las consecuencias sociales y las instituciones no planificadas –propiedad, mercados, dinero, precios, etc.– que se desarrollan cuando personas diversas, con preferencias personales divergentes, apuntan a objetivos utilizando recursos escasos, que podrían ser utilizados de diversas maneras. Es el estudio de la cooperación social que surge entre extraños muy dispersos, como un subproducto involuntario de la búsqueda de la felicidad de los individuos. No es el objetivo particular lo que hace que una actividad sea “económica”. en sí mismo es un aspecto de la acción humana.
Sin embargo, es común en las oficinas gubernamentales y en la mente de muchas personas clasificar la libertad económica por debajo de la libertad personal. Samuel Johnson dijo: “Hay pocas maneras en que un hombre pueda ser empleado de manera más inocente que conseguir dinero”, pero muchos no están de acuerdo.
Una infame nota a pie de página en una decisión de la Corte Suprema de la era del New Deal, que confirmó una prohibición federal del comercio interestatal de leche compensada [con grasas de origen no animal], formalizó y reforzó la ominosa distinción entre libertad económica y personal, que reemplazó a una visión anterior más plenamente pro-libertad. La nota a pie de página parecía decir que, si bien posiblemente el gobierno no pueda interferir, por ejemplo, con el ejercicio de la religión o la expresión, probablemente sí pueda interferir con el ejercicio del comercio y la manufactura. Sólo en estas actividades debería permitírsele al gobierno un gran margen de maniobra para interferir.
Los opositores al libre mercado (traducción: opositores del mercado) dicen que lo que distingue a las dos categorías, es que la actividad económica afecta a otras personas de manera importante. Ésto no puede ser sostenido porque prácticamente todas las acciones y abstenciones afectan a otras personas de innumerables e importantes formas, algunas positivas y otras negativas. La elección de religión, expresión artística o discurso político de alguien, puede molestar (metafóricamente, dañar) a otros. La libertad personal puede ofender y herir los sentimientos de alguien. Pero no nos gustaría que el gobierno regulara eso, ¿verdad?
Últimamente algunas personas se han dado cuenta de que el ejercicio de libertades civiles tradicionalmente protegidas puede afectar negativamente a otros, tanto o más que las actividades comerciales. Desafortunadamente, abogan por extender el poder del gobierno sobre las primeras, en lugar de quitárselo sobre las segundas.
La cuestión del habla y de la expresión demuestra la artificialidad de la división entre actividades económicas y personales. La gente suele participar en actividades artísticas y discursos políticos en parte para ganar dinero. Es a la vez comercio y expresión. ¿En qué categoría de libertad debería entrar?
Podemos llevar ésto más lejos. El comercio es expresión. Los vendedores piden precios, y los compradores los ofertan. Eso es comunicación. Adam Smith dijo: “La oferta de un chelín, que para nosotros parece tener un significado tan claro y simple, en realidad ofrece un argumento para persuadir a uno a hacerlo según sea de su interés”. Los vendedores y compradores no pueden obligar, por lo que deben intentar persuadir; cada uno puede decir que no. Dado que los competidores también son libres de demandar y ofertar –ésto es, presentar contraargumentos–, los vendedores y compradores insatisfechos tienen alternativas. Donde reina la libertad, el potencial de competencia mantiene alerta a los participantes del mercado (si el gobierno restringe el ingreso para ayudar a sus secuaces, esa es la actividad que debe ser detenida).
Además, como argumentos, los precios funcionan como señales (mensajes) que indican a todos el estado de la oferta y la demanda. Ésto facilita la coordinación –cooperación– de innumerables personas mientras persiguen sus proyectos dispares. Es una red de comunicación masiva, espontánea y no diseñada. La interferencia del gobierno con el sistema de precios debería ser anulada como una violación de la Primera Enmienda.
¿Por qué, entonces, se defiende una intervención política potencialmente violenta según distinciones no esenciales? No se ofrecen buenos motivos. Hay que oponerse a todas las intervenciones. Si A y B acuerdan los términos para la venta de bienes o servicios, incluidos los salarios, no es asunto de nadie más. Las leyes de salario mínimo, los controles de precios, los límites a los alquileres, las restricciones al uso de la tierra, las licencias ocupacionales, las patentes y los derechos de autor, las normas sindicales impuestas por el gobierno, etc., tienen que desaparecer.
Traducción: Ms. Lic. Cristian Vasylenko
