[Versión sintética y editada de este artículo.]
El estado es una organización integrada por seres humanos, que perpetra continuas e institucionalizadas violaciones de los derechos de propiedad en un territorio determinado.
El estado es un aparato humano de coacción y compulsión, de intimidación y amenaza, de violencia y agresión, al que han logrado institucionalizar.
El estado es una institución que se atribuye status como soberano; es decir, como violador supremo de los derechos de propiedad.
El estado –organización criminal comandada por políticos y burócratas– tiende siempre a ampliar el tamaño y el alcance de las confiscaciones que perpetra.
El estado está en permanente búsqueda para alcanzar su nivel “óptimo” de confiscaciones.
Contrariamente a su retórica, al estado no le preocupan los pobres. Sólo se ocupa de los salarios y beneficios de los empleados estatales (políticos y burócratas), de los grandes empresarios (de las que le son afines, como cómplices; de las que lo resisten, como víctimas), de los sindicalistas, y de las celebridades millonarias.
El estado siempre ha sido, es y será instrumento para el saqueo de la mayoría, y como contraparte el enriquecimiento de la minoría que lo opera y de sus cómplices sindicalistas y empresarios.
Las tres formas principales en que el estado perpetra estas confiscaciones son: (1) impuestos, (2) regulación e (3) inflación de dinero. A menudo las tres se entrelazan.
1. La tributación implica la confiscación estatal de parte de la riqueza creada, negociada y consumida por la población (bienes económicos, productos y servicios). Prácticamente todos los actos de la vida económica son “hechos generadores” de “obligaciones tributarias”.
El tributo constituye la confiscación estatal más clara y visible.
En la moderna concepción jurídica positivista, el impuesto es la obligación resultante de la imposición estatal (“ley”) de entregar dinero al estado. El impuesto configura simplemente una “relación jurídica entre acreedor y deudor”, basada en el “orden jurídico” el que, según la ideología jurídica positivista, sería la “voluntad popular transformada en normas jurídicas”.
Antiguamente existía la idea de impuestos “in natura” (bienes) e “in labore” (servicios).
Ahora bien, si las personas obtienen ingresos a través de su trabajo (servicios) o su producción (bienes), entonces la actual concepción positivista-legal del tributo –sólo “in pecunia”– involucra realmente a las expresiones “in natura” e “in labore”.
La obligación de transferir riqueza al estado es entonces indirecta.
Se habla de la “función extrafiscal” de los impuestos. El estado impondría alícuotas altas o bajas dependiendo de los comportamientos que desee fomentar o desalentar. La tributación, por tanto, sería una herramienta para llevar a cabo ingeniería social.
Un impuesto de importación muy elevado tendría la “función extrafiscal” de “proteger e incentivar a la industria nacional” frente a la “depredadora” competencia extranjera (que ofrece mejores productos por menor precio).
2. La regulación involucra todos los textos normativos arbitrariamente inventados e impuestos por el estado a los individuos quienes, por tanto, deben vivir sus vidas y utilizar sus propiedades sólo de acuerdo con las limitaciones, restricciones, obligaciones y prohibiciones arbitrariamente inventadas e impuestas por el estado. Los textos normativos clasificados jerárquicamente como “constitución”, “leyes” (textos normativos infraconstitucionales) y “reglamentos” (textos normativos infralegales) constituyen el gigante monstruo regulatorio y en constante crecimiento del estado: monstruo conocido como legislación.
Existe una necesaria distinción entre derecho y legislación –diferencia lamentablemente suprimida por la gran influencia del positivismo jurídico en los medios y el mundo académico.
El derecho se compone de normas que se basan en la ética y que, por tanto, promueven verdaderamente la convivencia humana pacífica (es decir, que realmente previenen y resuelven conflictos). El derecho se encuentra esencialmente en los derechos de propiedad (control exclusivo sobre los bienes físicos, incluidos los cuerpos de los individuos).
La legislación constituye lo que fue descripto anteriormente: el conjunto –cada vez más voluminoso– de órdenes arbitrariamente inventadas e impuestas por políticos y burócratas.
Y este conjunto de textos normativos de diferentes categorías jerárquicas (desde textos normativos de carácter general que dan poder a textos normativos de carácter más específico) no es nada perfecto. Los textos normativos de una categoría superior a menudo son ignorados y distorsionados por textos normativos de una categoría inferior, especialmente aquellos textos normativos de una categoría superior que buscan garantizar los derechos individuales (derechos de propiedad) frente a la agresión estatal.
3. La inflación de dinero implica agregar cantidades de dinero fiduciario o fiat (sólo papel moneda y sólo dígitos electrónicos) a la economía. Con este “recurso” adicional, el estado paga sus gastos y deprecia el poder adquisitivo del dinero fiduciario que él mismo impone a la población para su utilización en sus transacciones diarias, generando ganadores y perdedores. Como fuerte agravante, a través de su banco central manipula los tipos de interés lo que, en combinación con la inflación de dinero, da origen a los ciclos económicos, reforzando los beneficios para los ganadores y los perjuicios para los perdedores.
Si todo este intervencionismo del aparato de coacción –toda la interferencia estatal en la economía, la cultura, la educación– fuera saludable, beneficioso, positivo para el desarrollo y la civilización, entonces los países más sojuzgados y confiscados serían los lugares más avanzados del mundo en términos económicos, culturales y tecnológicos.
La realidad resulta ser la contraria. Sólo las mentes dominadas por la ideología socialista-colectivista
–en particular, quienes se gradúan en “ciencias humanas / sociales / jurídicas”– siguen creyendo que el estado es necesario para el progreso humano y económico.
Traducción: Ms. Lic. Cristian Vasylenko
