La acusación formal del Departamento de Justicia de los EE.UU. contra el líder venezolano secuestrado, Nicolás Maduro, es una diatriba política basada en gran medida en el testimonio coaccionado de un testigo poco fiable. A pesar de las modificaciones del Departamento de Justicia, podría exponer a más estadounidenses al historial de narcotráfico de la CIA.
La incursión militar estadounidense del 3 de Enero en Venezuela para secuestrar al presidente Nicolás Maduro y a su mujer Cilia Flores, fue seguida por la publicación por parte del Departamento de Justicia de su acusación sustitutiva de los dos secuestrados, así como de su hijo, Nicolasito Maduro, y dos aliados políticos cercanos: el ex Ministro de Justicia Ramón Chacín, y el ex Ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello. El Departamento de Justicia también ha incluido al líder del cartel del Tren de Aragua (TDA), Héctor “Niño” Guerrero, en la mezcla de acusados, ubicándolo en el centro de su narrativa.
La acusación equivale a un discurso de 25 páginas que acusa a Maduro y Flores de una conspiración para traficar “miles de toneladas de cocaína a Estados Unidos”, basándose en gran medida en testimonios de testigos coaccionados sobre presuntos envíos que en gran medida tuvieron lugar fuera de la jurisdicción estadounidense. Acusa a Maduro de “haberse asociado con narcoterroristas”, como el TDA, ignorando una reciente evaluación de inteligencia estadounidense que concluyó que no tenía control sobre la pandilla venezolana. Finalmente, los fiscales completaron la acusación contra Maduro con “posesión de ametralladoras”, un delito ridículo que fácilmente podría ser aplicado a cientos de miles de estadounidenses amantes de las armas, en virtud de una anticuada ley de 1934.
Los fiscales del Departamento de Justicia evitan cuidadosamente dar datos precisos sobre las exportaciones de cocaína venezolana a Estados Unidos. En un momento describen “toneladas” de cocaína; en otro, se refieren al envío de “miles de toneladas”, cifra astronómica que hipotéticamente podría generar cientos de miles de millones en ingresos. En ningún momento mencionaron al fentanilo, la droga responsable de la muerte por sobredosis de cerca de 50.000 estadounidenses en 2024. De hecho, la Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas de la DEA publicada bajo la dirección de Trump este año, apenas mencionó a Venezuela.
Al recurrir a un lenguaje vago y deliberadamente expansivo, plagado de términos subjetivos como “corrupto” y “terrorismo”, el Departamento de Justicia ha construido una narrativa política contra Maduro, en lugar de un caso legal concreto. Si bien se refiere repetidamente a Maduro como el “gobernante ilegítimo de facto del país”, el Departamento de Justicia no logra demostrar que sea ilegítimo de jure según la ley venezolana y, por lo tanto, no podrá eludir el precedente legal internacional establecido que otorga inmunidad a los jefes de estado.
Además, la acusación se basa en testigos evidentemente poco fiables y coaccionados, como Hugo “Pollo” Carvajal, ex general venezolano que ha llegado a un acuerdo secreto para reducir su sentencia por tráfico de drogas, al proporcionar información sobre Maduro. Se decía que Carvajal era una figura clave en la red de drogas llamada “Cartel de los Soles” el que, según el Departamento de Justicia, estaba dirigida por Maduro. Si aparece testificando contra el líder venezolano secuestrado, el público estadounidense podría enterarse de que el “cartel” no fue fundado por el depuesto presidente venezolano o uno de sus aliados, sino por la CIA, para traficar drogas a ciudades estadounidenses.
Por muy descuidada y politizada que pueda ser la acusación del Departamento de Justicia, le ha permitido a Trump enmarcar su anárquica “Doctrina Donroe” como una política agresiva de aplicación de la ley, envalentonando al presidente de Estados Unidos para imponer nuevas amenazas de secuestrar o liquidar a los jefes de estado que se interpongan en su camino de descontrol de recursos. Éste parece ser el verdadero propósito del espectáculo que se avecina en la corte imperial.
Armando el engaño del “narcoterror”
La mayor parte del caso contra Maduro se basa en que los acusados ”participaron en … el narcotráfico, incluso en asociación con grupos narcoterroristas”. Según el Departamento de Justicia, Maduro conspiró con el TDA, así como con los carteles mexicanos de Sinaloa y Los Zetas, para traficar drogas entre 2003 y 2011. Sin embargo, la administración Trump no designó a estos carteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras hasta Febrero de 2025, maniobra obviamente diseñada para justificar el secuestro de Maduro y enriquecer su acusación.
En su intento por condenar a Maduro, el Departamento de Justicia sin duda tendrá dificultades para superar la conclusión a la que llegó un memorando del 7 de Abril de 2025 de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI), de que el líder venezolano no controlaba al TDA, al que desmanteló mediante una redada masiva de la policía militar en 2023 en la prisión de Tocorón, la que servía como base de operaciones de la banda. Un informe de InSight Crime, medio financiado por el Departamento de Estado, también complica el caso del Departamento de Justicia, al concluir que “los pocos delitos atribuidos a presuntos miembros del Tren de Aragua en Estados Unidos, parecen no tener conexión con el grupo mayoritario ni con sus líderes en Venezuela”.
De hecho, muchos de los supuestos delitos por los que se acusa a Maduro, ocurrieron fuera de las fronteras y de la jurisdicción de Estados Unidos. El Departamento de Justicia alega, por ejemplo, que en Septiembre de 2013, “funcionarios venezolanos despacharon aproximadamente 1,3 toneladas de cocaína en un vuelo comercial desde el aeropuerto de Maiquetía al aeropuerto Charles de Gaulle de París”.
En 2018, cinco ciudadanos británicos fueron condenados en un tribunal francés por orquestar el envío de drogas con la ayuda de pandilleros de Colombia e Italia, pero no de Venezuela. En el momento del incidente, el gobierno de Maduro reconoció que funcionarios venezolanos corruptos de bajo rango habían permitido que la droga pasara por la seguridad aeroportuaria. Caracas finalmente arrestó a 25 personas, entre ellos militares y un gerente de Air France, hecho relevante omitido en la acusación del Departamento de Justicia.
Según el Departamento de Justicia, la evidencia de la participación de Maduro en el escándalo radica en que el envío de drogas fue efectuado “apenas unos meses después de que [Maduro] asumiera la presidencia de Venezuela”. No es ofrecida ninguna otra prueba que demuestre su culpabilidad.
La acusación continúa alegando que Maduro “facilitó el movimiento de aviones privados bajo cobertura diplomática” para evitar el escrutinio de las fuerzas del orden al aterrizar en México. Citando el testimonio forzado de un desertor del gobierno venezolano, acusa a Diosdado Cabello de coordinar un envío de 5,5 toneladas de cocaína en un avión DC-9 a México. Ninguna de estas afirmaciones debería ser sostenida ante un tribunal estadounidense.
Como explicó la defensora pública y analista legal Eliza Orlins: “Los vuelos que ocurren íntegramente dentro de Venezuela, no cruzan el espacio aéreo estadounidense, no afectan el territorio aduanero estadounidense y, por sí solos, no violan la legislación estadounidense. La acusación formal intenta introducir estos movimientos nacionales en la jurisdicción penal estadounidense, al afirmar que la cocaína involucrada tenía como destino final Estados Unidos. La intención es la clave en este caso”.
Dado que la mayoría de los incidentes específicos citados en la acusación formal ocurrieron en México, durante las presidencias de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, el Departamento de Justicia implica inadvertidamente a estas tres administraciones proestadounidenses, los que diseñaron sus políticas antidrogas en coordinación con Washington. De hecho, el jefe de policía durante los dos primeros gobiernos, el ex jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (FCIA), Genaro García Luna, fue condenado en un tribunal federal estadounidense en 2023 por liderar una conspiración multimillonaria con el cartel de Sinaloa. El ex embajador de Estados Unidos en México, Robert Jacobson, reconoció que Estados Unidos sabía todo sobre los vínculos de García Luna con el cartel, pero insistió: “Teníamos que colaborar con él”.
El doble rasero hondureño
El Departamento de Justicia también implica al gobierno proestadounidense del ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández, refiriéndose a Honduras como punto de transbordo, en el que los traficantes de cocaína que operan en esos países, pagan una parte de sus ganancias a políticos que los protegen y ayudan. Hernández fue condenado en un tribunal federal estadounidense en 2023 por traficar más de 400 toneladas de drogas a Estados Unidos, pero recibió un indulto en Diciembre del presidente Donald Trump, tras una campaña de cabildeo de sus principales donantes, que buscaban mantener el paraíso desregulado de las criptomonedas, Próspera, frente a las costas de Honduras.
Durante la conferencia de prensa del 3 de Enero, en la que anunció el secuestro de Maduro y su mujer, Trump defendió enérgicamente su decisión de indultar a Hernández, alegando que había sido perseguido de forma muy injusta. Sin embargo, el mismo fiscal del DOJ que redactó la acusación original de 2020 contra Maduro, el leal a Trump Emil Bove, fue responsable de la acusación contra Hernández. A diferencia del caso contra Maduro, la acusación formal contra Hernández contenía pruebas concretas de su colaboración con importantes carteles transnacionales, incluyendo videos y fotografías, como detallaron Anya Parampil y Alexander Rubinstein para The Grayzone.
Hernández presentó su caso a Trump en una carta de 2025, en la que afirmaba haber sido sometido a un “juicio amañado”, y condenado “con base en las declaraciones no corroboradas de narcotraficantes convictos”.
Su cuestionable afirmación también podría ser aplicada al procesamiento de Maduro por parte del Departamento de Justicia, ya que muchas de las acusaciones más dramáticas contenidas en su acusación, se refieren a un narcotraficante convicto que llegó a un acuerdo secreto con fiscales estadounidenses para reducir su propia sentencia, a cambio de declarar contra Maduro: el ex general venezolano Hugo “El Pollo” Carvajal. Testigo estrella coaccionado llega a un acuerdo secreto con fiscales estadounidenses
Jefe de inteligencia militar del gobierno del presidente venezolano Hugo Chávez (2004-2011), Carvajal es citado siete veces en la acusación formal del Departamento de Justicia del 3 de Enero como testigo de presuntos actos criminales de Maduro y su círculo íntimo. Carvajal fue arrestado por primera vez en 2014 en Aruba, por tráfico de drogas, pero fue devuelto a Venezuela para disgusto de las autoridades estadounidenses. En 2017, al enfrentarse a dos acusaciones formales en Estados Unidos, el general se volvió repentinamente contra Maduro, a quien denunció como dictador. En 2019, Carvajal apoyó abiertamente el proyecto de cambio de régimen del presidente interino Juan Guaidó, controlado por Estados Unidos, presentándose como un valiente desertor y ofreciendo a Washington su supuesto conocimiento del estado profundo venezolano.
Ese mismo año, mientras Carvajal solicitaba asilo en España, Estados Unidos exigió formalmente que Madrid lo entregara. Ante la posibilidad de ser extraditado, concedió una serie de entrevistas reveladoras a medios tradicionales como The New York Times, esforzándose por legitimar prácticamente todas las acusaciones que la administración Trump intentó usar como arma contra Maduro.
El entonces senador Marco Rubio apenas podía contener su entusiasmo ante la posibilidad de presionar al informante chavista para que declarara en un futuro caso contra Maduro. Carvajal “pronto vendrá a Estados Unidos para proporcionar información importante sobre el #RégimenDeMaduro”, tuiteó Rubio el 12 de Abril de 2019. “Mal día para la #FamiliaCriminalDeMaduro”.
No fue hasta 2023 que Carvajal fue finalmente extraditado y juzgado en el Tribunal del Distrito Sur de New York. Tras declararse culpable de narcoterrorismo en Junio, el Miami Herald informó que había llegado a un acuerdo que le otorgaría una reducción considerable de su sentencia, si brindaba “asistencia sustancial” a las investigaciones estadounidenses.
El acuerdo ‒aún secreto‒ de Carvajal, revela el juego que había jugado desde que se reveló como desertor. Sus acusaciones contra Maduro habían sido presentadas bajo coacción, todo con el objetivo de satisfacer a sus posibles carceleros en Estados Unidos. Desde entonces, ha dado rienda suelta a una de las teorías conspirativas favoritas de Trump, al alegar en una carta de Junio de 2025 al presidente estadounidense, que Maduro manipuló los sistemas de votación Smartmatic de Venezuela, para amañar las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020 a favor de Biden.
La descarada complacencia de Carvajal con Trump y su acuerdo secreto, deberían anular su credibilidad como testigo contra Maduro.
En su acusación formal contra Maduro del 3 de Enero, el Departamento de Justicia afirmó que Carvajal y Diosdado Cabello “colaboraron con otros miembros del régimen venezolano” para “coordinar el envío” de 5,5 toneladas de cocaína desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar a Campeche, México, en un avión privado en 2006. Este incidente sigue siendo fuente de intensa intriga, ya que la propiedad del avión DC-9 por parte de dos empresas estadounidenses sospechosas, apunta a la inteligencia estadounidense.
Si bien los detalles de la posible participación encubierta del gobierno estadounidense en el envío de drogas de 2006 siguen siendo turbios, es un hecho comprobado que la CIA fundó y operó el “Cartel de los Soles”, respecto del que el Departamento de Justicia ahora acusa de controlar a Maduro, Cabello y otros altos funcionarios venezolanos.
Cartel de los Soles: creado por la CIA, instrumentalizado por el Departamento de Justicia
En la acusación formal contra Maduro, el Departamento de Justicia acusó explícitamente a Maduro de liderar un cartel del narcotráfico llamado “Cartel de los Soles”, haciendo referencia a éste más de 30 veces.
La acusación revisada del Departamento de Justicia contra Maduro, revelada el 3 de Enero, establece: “A partir de 1999, Venezuela se convirtió en un refugio para narcotraficantes, dispuestos a pagar por la protección y el apoyo a funcionarios civiles y militares venezolanos corruptos, quienes operaban fuera del alcance de las fuerzas del orden y de las fuerzas armadas colombianas, respaldadas por la asistencia antinarcóticos de Estados Unidos”.
Continúa: “Las ganancias de esa actividad ilegal fluyen hacia funcionarios civiles, militares y de inteligencia corruptos de base, quienes operan en un sistema clientelar dirigido por los de arriba, conocido como el Cartel de los Soles”.
La red informal de militares corruptos fue, de hecho, establecida por la CIA bajo gobiernos venezolanos proestadounidenses durante las décadas de 1980 y 1990. Los estadounidenses conocieron esta incómoda verdad no gracias a algún periodista disidente, sino al The New York Times y a Mike Wallace en un reportaje de 60 Minutes en 1993.
Tres años antes, funcionarios de aduanas estadounidenses en Miami habían interceptado un cargamento de 450 kilos de cocaína pura procedente de Venezuela. Pero pronto, altos cargos del gobierno estadounidense les informaron que los cargamentos habían sido aprobados por Langley. Según el Times, la CIA pretendía permitir que la cocaína “entrara a Estados Unidos sin ser incautada, para disipar toda sospecha. La idea era recopilar la mayor cantidad de información posible sobre los miembros de las bandas de narcotraficantes”.
“Me molesta mucho que ingresaran 1.000 kilos, financiados con dinero de los contribuyentes estadounidenses”, comentó Annabelle Grimm, entonces agregada de la DEA en Venezuela, a 60 Minutes. “Me pareció particularmente espantoso”.
Para organizar los envíos desde Venezuela, la CIA reclutó a generales de la Guardia Nacional venezolana, entrenados por Estados Unidos. Debido a que los oficiales de la Guardia Nacional llevaban símbolos del sol en sus uniformes, la red informal de narcotráfico fue conocida como “El Cartel de los Soles”.
Años después de que el cartel dirigido por la CIA fuera expuesto en los medios estadounidenses, desapareció por completo de la vista pública, sólo para resurgir cuando el gobierno estadounidense comenzó a perseguir al general Carvajal, quien pronto podría aparecer como su testigo clave contra Maduro. Si bien la corrupción sigue presente en el ejército venezolano, hay poca evidencia de algo parecido al Cartel de los Soles en sus filas.
Como declaró Phil Gunson, analista del International Crisis Group con sede en Caracas, a CNN: “El Cartel de los Soles, en sí, no existe. Es una expresión periodística creada para referirse a la participación de las autoridades venezolanas en el narcotráfico”.
Un ex alto funcionario estadounidense coincidió con Gunson, describiendo al Cartel de los Soles como “un nombre inventado para describir a un grupo improvisado de funcionarios venezolanos involucrados en el tráfico de drogas a través de Venezuela. Carece de jerarquías y de la estructura de mando y control de un cartel tradicional”.
El funcionario declaró a CNN que la DEA o la Agencia de Inteligencia de Defensa le había proporcionado a Trump una evaluación “puramente política” del cartel, para respaldar su ataque contra Venezuela.
El descubrimiento de pruebas concedido a la defensa en el juicio de Maduro y Flores, podría poner en grave peligro al gobierno estadounidense, al extraer más pruebas del tráfico de drogas de la CIA. Ésta podría ser la razón por la que el Departamento de Justicia suavizó su lenguaje sobre el Cartel de los Soles, refiriéndose al mismo en la acusación formal del 3 de Enero como una mera “red clientelar”, en lugar de una organización criminal cohesionada, y lo mencionó sólo dos veces.
Durante su primera comparecencia ante el tribunal ese mismo día, el líder venezolano secuestrado sólo pudo hablar un ntebreveme. “Soy inocente. Soy un hombre decente. Soy presidente …”, argumentó Maduro antes de ser interrumpido por su abogado.
Traducción: Ms. Lic. Cristian Vasylenko
