El Martes 28 de Octubre tuvo lugar en los complejos Alemão y Penha, en la zona norte de Rio de Janeiro, la operación policial más sangrienta de la historia de Brasil. El saldo fue de más de 121 muertos, entre ellos 4 policías (13 resultaron heridos, uno de ellos con una pierna amputada). El resto eran integrantes del Comando Vermelho (CV). Si bien el CV es conocido por el narcotráfico, el objetivo de esta acción no era combatirlo, sino recuperar el control de territorios perdidos por el estado a manos de organizaciones criminales: “Actuamos con la máxima fuerza y de manera integral para dejar claro que el estado es quien ostenta el poder. Los verdaderos dueños de estos territorios son los ciudadanos trabajadores. Nos mantendremos firmes en la lucha contra el crimen organizado”, declaró el gobernador Cláudio Castro.
En Río de Janeiro –y en menor medida en otras ciudades brasileñas– existen actualmente zonas geográficas que el estado brasileño ya no controla, lo que significa que ha perdido su monopolio sobre el uso de la fuerza. Se trata de lugares donde el poder estatal no mantiene una presencia constante. A menudo, estos territorios tienen sus fronteras delimitadas físicamente por barricadas, lo que dificulta el paso de vehículos policiales. Esta disputa territorial se ha prolongado durante décadas y es considerada una guerra civil o un conflicto armado no internacional. Surge porque los narcotraficantes se han percatado de que existe una organización criminal mucho más rentable que la suya, y están intentando imitarla: los narcotraficantes buscan convertirse en un estado.
Cuando el estado decidió prohibir la fabricación y venta de ciertos tipos de drogas que muchas personas desean comprar, no impidió que nadie accediera a ellas; simplemente puso este mercado a disposición de quienes estaban dispuestos a desafiar a los hombres armados y al sistema judicial estatal. A principios de la década de 1980, el CV (Comando Vermelho, organización criminal brasileña) descubrió que el narcotráfico era mucho más lucrativo que el robo de bancos y otras actividades delictivas en las que participaba, y decidió dedicarse a esta rama del crimen. La idea absurda, autoritaria e impracticable –ni siquiera las cárceles estadounidenses de máxima seguridad pueden prevenir el consumo de drogas– de querer decidir lo que consumen otros adultos, puso un mercado multimillonario en manos de delincuentes. Pero por muy grande que sea el número de consumidores de estupefacientes, este número es mucho menor que el de consumidores de Internet, combustible, transporte, gas, etc. Rodrigo Pimentel, ex capitán del Batallón de Operaciones Policiales Especiales [BOPE], tropa de élite de la policía militar de Rio de Janeiro, explica esta transformación:
“El CV se da cuenta: pagas R$109 al mes por internet, tienes un territorio de 10.000 casas, cada casa a R$109, el CV hace un cálculo rápido y piensa: ‘Obtendré R$1 millón al mes, 12 millones al año, todos tienen internet … eso es mucho más que la cocaína y la marihuana, me apodero de este barrio’”.
Pimentel informa que “el kit de dominación territorial del CV incluye Internet a R$109 y una garrafa de gas a R$150, R$54 más cara que una garrafa comprada”. Ésto es exactamente lo que hace el estado. Por la fuerza de las armas, el estado impone un impuesto no sólo a Internet y al gas, sino a todos los productos y servicios que se venden en su territorio. El estado se caracteriza también como un monopolista territorial obligatorio de la toma de decisiones finales (jurisdicción), rol que también asumen los narcotraficantes, quienes imponen sus propias leyes y su propio sistema judicial, anulando la soberanía del estado brasileño sobre estos territorios. Pimentel reconoce que:
“Esta región ya no pertenece a Brasil. Brasil ha perdido su soberanía allí. Allí, las leyes son las de los narcotraficantes, los impuestos son los de los narcotraficantes, quienes gravan cualquier actividad comercial. Allí, el derecho de entrada y salida pertenece a los narcotraficantes, porque han levantado cientos de barricadas, y prohíben el acceso a Uber y a las ambulancias del SAMU. Es un estado dentro de un estado”.
Un estado dentro de un estado. La conclusión del ex capitán del BOPE es precisa y alarmante, pues los territorios conquistados por los narcotraficantes se convierten en enclaves oprimidos no por uno, ¡sino por dos estados! En primer lugar, cabe señalar que lo que más facilitó la aparición de estos estados dentro del estado fue el desarme de la población por parte del estado original, lo que imposibilitó que los ciudadanos respetuosos de la ley se defendieran de los delincuentes, generando una asimetría de poder: “Dios creó a los hombres diferentes, Sam Colt los igualó, y el estado los desarmó, volviendo a diferenciarlos”. De esta manera, los habitantes de estas zonas son robados y oprimidos dos veces. El precio de aproximadamente R$100 por una garrafa de gas en todo Brasil ya incluye los impuestos que el estado brasileño recauda. Además de ese valor, los habitantes de los enclaves dominados por los narcotraficantes también se ven obligados a pagar impuestos al segundo estado, elevando el precio a R$154. Además de imponer sus propios impuestos, que se suman a los recaudados por el primer estado, el segundo también impone sus propias normas en el área que domina, la cual –de hecho– se convierte en su jurisdicción. De esta manera, muchas leyes estatales brasileñas quedan anuladas en estos enclaves, y dado que muchas de tales leyes son injustas, ésto otorga ciertas libertades a los residentes de estas zonas. La jueza Yedda Christina comenta:
“Hay lugares a los que durante muchos años, por ejemplo los funcionarios judiciales no acuden. Así que, si yo, como jueza, emito una orden judicial –y no es una orden penal, sino una orden para que una persona pague la manutención de sus hijos, una orden para que sea citada, para que comparezca en un lugar determinado– el funcionario judicial no irá, no puede ir. No puede ir solo, no puede ir acompañado por policías, no puede ir. Así que existen estados donde el estado no existe, donde no existe la justicia”.
En otras palabras, los residentes de estos territorios quedan exentos de la ley penal de manutención, una ley que destruye la familia, fomenta el aumento de los nacimientos fuera del matrimonio, y conlleva el secuestro y encarcelamiento de cientos de miles de hombres al año en Brasil. El juez también señala que “no se puede indagar si un niño fue a la escuela o no, ni por qué está ausente”, lo que significa que los residentes también quedan exentos de la opresión autoritaria de la ley brasileña de escolarización obligatoria, la que obliga a todos los niños de su territorio a asistir presencialmente durante siete horas diarias a sus centros de adoctrinamiento ideológico y cultural.
Otro beneficio para los habitantes de estos estados paralelos dentro del estado brasileño es que las facciones que controlan estas áreas prestan servicios que las autoridades públicas se han atribuido, pero que prestan de forma deficiente o directamente no prestan. Cláudio Piuma, apodado “Gaúcho”, ex general del Comando Vermelho (CV), explica:
“La ideología [del Comando Vermelho] consistía en hacer lo que el estado no hacía. Se trataba de cuidar las favelas, de no permitir que nadie robara a nadie, que nadie maltratara a nadie, que nadie humillara a nadie. Si alguien robaba, no humillaba a nadie. Ni siquiera si era rico, daba igual quién fuera. Si alguien era humillado, se decretaba la muerte, porque no era aceptable humillar a ningún ser humano”.
Y, como afirma Alessandro Vissacro, experto en seguridad pública, al ser “un sistema de justicia 100% informal, casi siempre muy brutal, pero ágil, creíble, predecible y eficaz –todo lo que la justicia estatal no puede ser–”, estos enclaves están realmente a salvo de los ladrones ocasionales, un problema acuciante en el resto del territorio brasileño. Algunos de los líderes de estos territorios se ven a sí mismos como administradores públicos, como Peixão, del Terceiro Comando da Capital, una facción rival del CV el que, además de la seguridad, se ocupa de la limpieza, impone el cristianismo evangélico como religión oficial (prohibiendo todas las demás), y afirma haber construido incluso un puente que el alcalde de Rio de Janeiro, Eduardo Paes, prometió pero no construyó (aunque no hay confirmación de ésto). Vissacro describe cómo estos grupos combinan técnicas de coerción y cooptación para actuar directa e indirectamente sobre la población local, desarrollando básicamente cuatro líneas de acción:
“La primera es la imposición del sistema normativo. La segunda es el control de los recursos: agua, electricidad, internet, gas y transporte alternativo. La tercera es la creación de auténticas zonas de silencio, donde se silencian las voces disidentes y se promueve su narrativa hegemónica. La cuarta es la redefinición o el establecimiento de un patrón de comportamiento cultural y socialmente aceptable. De esta manera, logran imponer el sistema normativo a nivel local y, según la teoría del control competitivo, quien impone el sistema normativo ejerce el control efectivo.”
Resulta interesante observar algo que, al parecer, nunca se le ocurrió al experto: que estos cuatro ejes de acción son los aplicados por el estado moderno. Obviamente, el estado (1) impone su sistema normativo, sus leyes; (2) controla todos los recursos mediante impuestos, regulaciones y prohibiciones; (3) impone una ley del silencio a través de la censura, castigando desde quienes cuentan chistes y niegan el Holocausto judío, hasta las mentiras (calumnias y difamación) o simples palabras como “mono” y “maricón”, silenciando las voces disidentes al restringir la libertad de expresión y pensamiento, y promover narrativas hegemónicas mediante el control de los medios de comunicación (concesiones, regulaciones y grandes presupuestos publicitarios), y a través de los propios medios estatales; y (4) redefine los comportamientos mediante ingeniería social, por ejemplo, con impuestos sobre el pecado.
Vissacro intenta diferenciar ambas entidades basando la legitimidad del estado en su orientación hacia la promoción del “bien común”. Pero este concepto es tan falaz que puede ser utilizado, y de hecho lo es, por el CV y por cualquier otra facción. En realidad, las tres justificaciones teóricas del estado pueden ser aplicadas a estos territorios dominados por grupos armados. La justificación más común entre los positivistas jurídicos es que el “poder” decide qué son los “derechos”. Por lo tanto, una banda armada puede imponerse en un área pequeña del mismo modo que un ejército estatal puede dominar un territorio extenso. El segundo fundamento común de los estados es la teoría del contrato social, hipotético contrato que jamás existió ni fue firmado por nadie, teoría tan fraudulenta que carece de validez, ya sea utilizada por un presidente o por un narcotraficante. La tercera justificación es el utilitarismo, que basa la legitimidad del estado en el establecimiento de normas que buscan la mayor felicidad para el mayor número de personas. Sin embargo, dado que no existe una comparación interpersonal de felicidad/utilidad, esta teoría no es más que un mero fraude intelectual, y cualquier grupo de ladrones puede alegar que maximiza la utilidad social del mismo modo que lo hace un estado.
Lo único que realmente diferencia los fundamentos del estado brasileño de los enclaves de facciones criminales es la percepción de legitimidad entre sus habitantes. Tanto las fuerzas armadas del estado como las bandas marginales representan una pequeña minoría de la población dentro de sus territorios, pero mientras que la mayoría de los residentes perciben a las facciones por lo que realmente son –criminales–, el estado –que tampoco es más que una banda de criminales– es considerado legítimo por la mayoría de sus súbditos. Ésto dificulta enormemente la situación de las facciones, ya que necesitan mantener su poder principalmente mediante la fuerza de las armas. Sin embargo, en su afán por convertirse en estados, también imitan al estado en este aspecto. Por eso buscan desempeñar funciones demandadas por la ciudadanía –funciones que el estado ha monopolizado pero descuida–, desde la seguridad y el saneamiento anteriormente mencionados, hasta la distribución de juguetes y canastas de alimentos básicos. Así, un porcentaje de los residentes apoya a los gobernantes locales.
Además del Comando Vermelho, existen otras facciones que compiten con el estado por el control territorial, como el Terceiro Comando Puro y los Amigos dos Amigos, pero la mayoría de los enclaves están dominados por milicias, grupos armados que no necesariamente se originaron en el narcotráfico, sino que vieron la oportunidad de obtener mayores ganancias extorsionando al estado mediante armas. Todos estos grupos participan en constantes conflictos armados contra el estado y entre sí, convirtiendo la vida de los residentes en un infierno. El rapero Oruam, hijo de uno de los líderes del Comando Vermelho, recurrió a las redes sociales para denunciar la operación que acabó con la vida de más de 100 miembros de la facción de su padre, y emitió una declaración que contenía una verdad innegable. Dijo:
“A la sociedad le gusta ver sangre, y usa al delincuente como el mayor villano para ocultar a los verdaderos criminales que viven en grandes mansiones, pagando a todo el gobierno para permanecer impunes. El crimen, amigo, está no sólo en la favela. El crimen está en el gobierno, el crimen está en las cámaras, el crimen está en Brasilia. Y el habitante de la favela es sólo un reflejo de la sociedad”.
El estado brasileño está gobernado actualmente por un presidente que es un ex convicto sentenciado por esquemas de corrupción multimillonarios, y un juez de la Corte Suprema reconocido internacionalmente como violador criminal de los derechos humanos; además, todos los ex gobernadores electos de Rio de Janeiro ya han sido encarcelados. Sin embargo, incluso si todos los gobernantes fueran santos, nunca hubieran sido corruptos y hubieran seguido estrictamente la legislación estatal, el gobierno seguiría siendo la gigantesca y notoria organización criminal que es. Los habitantes de las favelas que se organizan en bandas armadas para explotar a la gente, son un fiel reflejo de la sociedad criminal en la que vivimos.
Ven las extorsiones a escala colosal que practica el estado y, de forma coherente, deciden imitarlas a nivel local. Observan las concentraciones de viviendas en las que viven, y ven en cada choza una fuente lucrativa de explotación, del mismo modo que el estado observa imágenes aéreas de sus ciudades, y ve en cada piso de los edificios y en cada terraza una fuente inagotable de víctimas a las que extorsionar mediante el impuesto predial. El estado es propietario de facto de todos los bienes inmuebles dentro de su territorio, y cobra alquiler por el uso de las viviendas. Considera cada vehículo un impuesto sobre ruedas, al que explota desde su fabricación hasta su desguace. Ve a cada persona que vive en su territorio como un objetivo al que le aplicará impuestos sobre todo lo que compra, vende, gana, produce, invierte y hace. El estado controla cómo, cuándo, quién y qué puede entrar en su territorio. Determina los términos de su contrato matrimonial, cómo debe educar a sus hijos, y cómo y a quién se le debe entregar su herencia tras su muerte, quedándose con una gran parte. El estado dicta qué puede y qué no puede comer, y qué medicamentos puede y no puede usar. Decreta la relación laboral entre usted y su empleador y cuánto le pagarán, quedándose con casi la mitad. Todo ésto es sólo una fracción de todos los crímenes que el estado perpetra contra sus súbditos, y además, el estado obliga a todos los habitantes de su territorio a usar su propia moneda, un dinero falsificado del que robará el equivalente a casi 90% de su riqueza en 30 años. En otras palabras, los habitantes de las favelas armados con fusiles apenas comienzan en su empeño por convertirse en un estado.
Al comentar sobre las acciones de los grupos armados que dominan miles de kilómetros cuadrados de Brasil, el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, declaró:
“Cuando estas organizaciones no permiten que los ciudadanos tengan una vida normal, imponen lo que tienen que comprar, dónde tienen que comprar gasolina, establecen dominio territorial, estas organizaciones actúan como organizaciones terroristas”.
De Freitas sencillamente olvidó considerar que la organización que dirige hace todo ésto a una escala estratosféricamente mayor, dictando qué, dónde y cómo comprará todo, e impidiendo que los ciudadanos tengan una vida normal, a pesar de que durante la dictadura del covid impuso una “nueva normalidad” decretando arresto domiciliario para todos, prohibiendo el trabajo e incluso impidiendo que la gente respirara libremente. En otras palabras, lógicamente ésto implica que el estado es una mega-organización terrorista.
Sin embargo, una encuesta de opinión realizada tras el operativo policial, mostró que 87% de los residentes de la favela lo aprobaban; es decir, están hartos de cargar con dos estados y someterse a dos soberanos y prefieren tener sólo uno, por monstruoso que sea. Pero la elección no debería ser entre estar dominados por un líder sindical semianalfabeto, o por un narcotraficante semianalfabeto; por un juez supremo despótico, o por un miembro despótico de la milicia con un rifle. La elección no debería ser someterse a una u otra organización criminal, sino librar a la sociedad de todos esos criminales. Como afirma Hans-Hermann Hoppe, ésta es –de hecho– la única opción válida:
“Por muy populares que sean, al haber sido rechazadas las respuestas de los positivistas jurídicos, los teóricos del contrato social, y los utilitaristas, por ser fundamentalmente erróneas, la única respuesta que queda proviene, pues, de la antigua tradición intelectual premoderna del derecho natural y los derechos naturales.”
Traducción: Ms. Lic. Cristian Vasylenko
