La semana pasada fuimos testigos de varios escándalos graves de corrupción en la Administración. Kimberly Guilfoyle –presentadora de Fox News convertida en embajadora de Trump en Grecia– acaparó la atención recientemente, al comunicar a un funcionario griego –en lo que sonó a amenaza– que Washington puede derrocar a cualquier gobierno que desee.
Aunque no se trata de una noticia de última hora, tal declaración no suele ser considerada parte del diálogo diplomático habitual. Pero para Guilfoyle, aquéllo fue sólo el comienzo. Según se informa, presionó a un donante para que saldara una deuda de U$S 100.000 con su tarjeta American Express antes de asumir el cargo. Más recientemente, se ha visto envuelta en una polémica aún mayor por supuestamente utilizar sus vínculos con la familia Trump –estuvo comprometida con Donald Trump Jr.– para gestionar negocios en favor de un acaudalado empresario griego que, casualmente, financiaba su lujoso estilo de vida en Grecia.
Asimismo, la semana pasada los medios informaron que David Millstein, mano derecha del embajador de EE.UU. en Israel, Mike Huckabee, abusa de su cargo para promover sus propias inclinaciones políticas. Millstein, quien fue objeto de escrutinio inicial por solicitar a ciudadanos israelíes “regalos de boda en efectivo”, también habría estado ocultando o incluso falsificando informes de la Embajada que critican a Israel. En una Administración que enarbola la consigna “Estados Unidos primero”, resulta indignante que funcionarios abusen de su poder en beneficio de un país extranjero por encima del propio.
El hedor de la corrupción es aún más profundo. Se informa que el secretario de Comercio, Howard Lutnick, duplicó su patrimonio neto durante su mandato. Del mismo modo, se dice que la propia familia Trump ha ganado miles de millones gracias a negocios turbios –incluidos contratos militares en tiempos de guerra– mientras Donald Trump ocupa el cargo. Se comenta que el propio presidente Trump, quien hizo gala de rechazar su salario presidencial, se hizo con más de U$S 2.000 millones durante el primer año de su segundo mandato. ¡Una cifra muy superior a los U$S 400.000 que percibe el presidente de los Estados Unidos!
Si bien existe mucho ruido en los sectores conservadores sobre el peligro del socialismo –riesgo que no debe ser subestimado–, no se habla lo suficiente del “socialismo” para los ricos y los bien relacionados. Un término para definir ésto es “corporativismo”. Se trata de la fusión –aunque sea temporal– del poder estatal con poderosos intereses “privados”.
Los acaudalados empresarios griegos no colman de regalos a la embajadora Guilfoyle por ser una persona agradable: buscan favores que sólo quienes controlan las palancas del poder político pueden conceder.
Lo ideal sería que los funcionarios públicos, tanto electos como designados, se asemejaran al representante Thomas Massie, quien ya era un empresario exitoso antes de asumir el cargo y, por tanto, no veía el “servicio público” como una especie de alcancía. Sin embargo, vivimos en el mundo real, y es posible que tales standards sean demasiado elevados para casi todos.
Entonces, ¿cuál es la solución? Los funcionarios corruptos abusan de sus cargos porque el gobierno es tan enorme e invasivo que ofrece un sinfín de oportunidades para el cohecho y el lucro ilícito. Si realmente queremos acabar con la corrupción gubernamental, debemos devolver al gobierno el tamaño que tenía cuando este país fue fundado. En lugar de esperar a que un gobierno de santos dirija la nación, debemos eliminar los incentivos que tientan a hombres y mujeres malintencionados a ver los cargos públicos –electos o designados– como una oportunidad para obtener beneficios personales y económicos.
Traducción: Ms. Lic. Cristian Vasylenko
