Inmigración libre e integración forzada

I

El argumento clásico a favor de la libre inmigración es presentado de la siguiente manera: Cæteris paribus,[[1]] las empresas son trasladadas a regiones con salarios más bajos, y la mano de obra, a zonas con salarios más altos, lo que influye en la tendencia a la igualación de los salarios (para el mismo tipo de trabajo), así como en la mejor ubicación del capital. La afluencia de inmigrantes a una zona con salarios altos disminuirá los salarios nominales. Sin embargo, esta afluencia no disminuirá los salarios reales, si la población es inferior a su tamaño óptimo/ideal. Por el contrario: en ese caso, la producción aumentará de forma desproporcionada y, en consecuencia, los ingresos reales se expandirán. Por lo tanto, las restricciones a la inmigración perjudicarán más a los trabajadores protegidos que residen en el territorio nacional como consumidores, que los beneficios que reciben como productores. Además, las restricciones a la inmigración incrementarán la fuga de capitales al extranjero (exportación de capital, que de otro modo habría permanecido) lo que, si bien seguirá provocando la igualación de los salarios, conducirá a una asignación de capital menos eficiente, perjudicando así el nivel de vida en todas partes.[[2]]

Además, los sindicatos ‒y, hoy en día, los ecologistas‒ se oponen tradicionalmente a la inmigración libre; y a primera vista, ésto debería ser considerado como otro argumento a favor de la política de inmigración libre.[[3]]

II

Como fuera anteriormente explicado, el argumento a favor de la inmigración libre es irrefutable. Sería imprudente atacarlo, del mismo modo que sería absurdo negar que el libre comercio conduce a un mayor nivel de vida que el proteccionismo.[[4]]

También sería erróneo atacar esta defensa de la inmigración libre señalando que, debido a la existencia del estado de bienestar, en gran medida la inmigración se ha convertido en la inmigración de personas dependientes de la asistencia social que, en lugar de aumentar, disminuyen el nivel de vida promedio, incluso cuando Estados Unidos, por ejemplo, tiene una población por debajo de su tamaño óptimo. Éste no es un argumento contra la inmigración, sino contra el estado de bienestar. Es cierto que el estado de bienestar debiera ser abolido por completo. Sin embargo, los problemas de la inmigración y el bienestar son problemas analíticamente distintos, y deben ser considerados como tales.

El problema de este argumento radica en dos deficiencias interrelacionadas, las que (1) invalidan su conclusión incondicional a favor de la inmigración y/o (2) lo hacen aplicable únicamente a una situación extremadamente irreal ‒y muy antigua‒ de la historia humana.

La primera deficiencia será brevemente abordada. Para los libertarios de la Escuela Austriaca, es evidente que lo que constituye “riqueza” y “bienestar”, es subjetivo. La riqueza material no es lo único que tiene valor. Por lo tanto, incluso si los ingresos reales aumentan debido a la inmigración, no debe inferirse que ésta deba ser considerada “buena”, ya que es posible preferir un nivel de vida más bajo y una mayor distancia de otras personas, antes que un nivel de vida más alto y una menor distancia de otros individuos.[[5]]

En lugar de la primera, nos centraremos aquí en la segunda deficiencia anteriormente mencionada. Al prestar atención a un territorio específico al que emigran las personas, no es analizado quién ‒si es que ese alguien existe‒ posee (controla) dicho territorio. De hecho, para que el argumento mencionado sea aplicable, queda implícitamente propuesto que el territorio en cuestión no tiene dueño, y que los inmigrantes ingresan a territorio virgen (fronteras abiertas). Obviamente, ésto ya no puede ser admitido hoy en día. Sin embargo, si esta hipótesis es tomada en consideración, el problema de la inmigración adquiere un significado completamente nuevo, lo que exige revisión total.

III

A modo de ejemplo, supongamos primero una sociedad anarcocapitalista. Si bien estoy convencido de que esta sociedad es el único orden social que puede defenderse como tal, no pretendo explicar aquí el motivo.[[6]] En cambio, la emplearé como referencia conceptual, ya que esta suposición ayudará a explicar la errónea idea fundamental de la mayoría de los defensores contemporáneos de la inmigración libre.

Todos los territorios son de propiedad privada ‒incluyendo todas las calles, todos los ríos, todos los aeropuertos y puertos, y todo lo demás. Respecto de algunos terrenos, la titularidad de la propiedad puede ser ilimitada (sin restricciones); es decir, el propietario puede hacer con su propiedad lo que quiera, siempre que no dañe físicamente la propiedad de otros. Respecto de otros territorios, la titularidad de la propiedad puede estar más o menos restringida (limitada). Como ocurre actualmente en algunas urbanizaciones, el propietario puede estar sujeto a limitaciones contractuales sobre lo que puede hacer con su propiedad (zonificación voluntaria), las que pueden incluir cuestiones como: uso residencial frente a uso comercial; prohibición de edificios con más que cierto número de plantas; prohibición de venta o alquiler por categorías (religión, etnia, nacionalidad, idioma, familias con o sin hijos, preferencias sexuales, narcodependencias, etc.).

Claramente, en este escenario no existe libertad de inmigración. En cambio, muchos propietarios independientes de bienes inmuebles privados tienen la libertad de admitir o excluir a otros de sus propiedades, según sus propios títulos de propiedad (con o sin restricciones). El acceso a algunos territorios puede ser fácilmente obtenido, mientras que el acceso a otros puede ser casi imposible. En cualquier caso, el acceso a la propiedad de quien lo admite, no implica la existencia de “plena libertad de circulación”, a menos que los demás propietarios autoricen dicha circulación. Habrá tanta inmigración o no inmigración, tanta inclusión o exclusión, tanta desegregación o segregación, tanta discriminación o no discriminación (basada en criterios raciales, étnicos, lingüísticos, religiosos, culturales y otros) como permitan los propietarios o las asociaciones de propietarios.

Cabe señalar que nada de ésto ‒ni siquiera la forma más exclusiva y restrictiva de segregacionismo‒ implica el rechazo del libre comercio ni la adopción del proteccionismo. El hecho de que algunos no deseen asociarse con ‒o vivir cerca de‒ personas negras, turcas, católicas o hindúes (entre otras), no implica que no deseen comerciar a distancia con estos individuos.[[7]] Al contrario: es precisamente a través de la absoluta voluntariedad de la asociación y la separación humanas ‒es decir, la completa ausencia de cualquier forma de forzamiento a la integración‒ que es posibilitada la existencia de relaciones pacíficas ‒es decir, el libre comercio‒ entre individuos cultural, racial, étnica y religiosamente diferentes.[[8]]

IV

En una sociedad anarcocapitalista, no existe gobierno; por lo tanto, no hay una distinción clara entre “nativos” (ciudadanos del territorio interno) y extranjeros. Esta distinción surge únicamente con el establecimiento de un gobierno, es decir, una institución que posee el monopolio territorial de la agresión (impuestos). El territorio sobre el que se extiende el poder gubernamental de recaudación de impuestos, es convertido en una “nación”; y todas las personas que residen fuera de este territorio, son consideradas extranjeras. Las fronteras estatales (así como los pasaportes) constituyen una institución “antinatural” (es decir, coercitiva). De hecho, su existencia (al igual que la de un gobierno nacional) implica una doble distorsión en la inclinación natural de las personas a relacionarse entre sí. En primer lugar, los nativos no pueden excluir al gobierno (el recaudador de impuestos) de su propiedad, y están sujetos a la que podría ser denominada “integración forzada”, perpetrada por agentes gubernamentales. En segundo lugar, para poder interferir en la propiedad privada de sus súbditos y gravarlos, el gobierno debe mantener siempre el control de las carreteras y calles existentes; y empleará sus ingresos fiscales en la construcción de aún más carreteras y calles para obtener mayor acceso a toda la propiedad privada como fuente potencial de impuestos. Esta sobreproducción de carreteras y calles no sólo facilita inocentemente el comercio interregional ‒es decir, reduce los costos de transacción‒ como pretenden hacernos creer algunos economistas, sino que conduce a la integración interna forzada (desegregación artificial de localidades separadas).[[9]]

Además, con el establecimiento de un gobierno y fronteras estatales, la inmigración adquiere un significado muy diferente. La inmigración se convierte en la entrada de extranjeros a través de las fronteras estatales; y la decisión sobre si una persona es admitida o no, ya no recae en los propietarios de bienes privados o asociaciones de propietarios, sino en el gobierno, como soberano supremo de todos los residentes del territorio interno, y propietario supremo de todos sus bienes. Ahora bien, si el gobierno excluye a una persona incluso si un residente nacional desea admitirla en su propiedad, el resultado es la exclusión forzada (fenómeno que no existe bajo el anarquismo de la propiedad privada). Es más, si el gobierno admite a un individuo incluso si no hay un solo residente nacional que desee admitirlo en su propiedad, el resultado es la integración forzada (fenómeno que tampoco existe bajo el anarquismo de la propiedad privada).

V

Es momento de enriquecer el análisis, introduciendo algunos supuestos empíricos “realistas”. Supongamos que el gobierno es de propiedad privada. El gobernante es dueño de todo el país dentro de las fronteras del estado. Este gobernante posee una porción del territorio de forma absoluta (su título de propiedad es ilimitado); y es copropietario del resto (como arrendador o beneficiario residual de todas las propiedades de sus ciudadanos arrendatarios, aunque sujeto a ciertas restricciones impuestas por contratos de arrendamiento preexistentes). Un gobernante así puede vender y legar sus propiedades, y calcular y apropiarse del valor monetario de su capital (su país).

Las monarquías tradicionales ‒y los reyes‒ son los ejemplos históricos más cercanos a esta forma de gobierno.[[10]]

¿Cuál será la política típica de inmigración y emigración de un rey? Dado que un monarca de este tipo posee todo el valor del capital del país, tenderá a elegir políticas migratorias que preserven o incrementen ‒en lugar de disminuir‒ el valor de su reino, basándose únicamente en su propio interés.

En cuanto a la emigración, el rey deseará impedir la emigración de súbditos productivos ‒especialmente de los mejores y más productivos‒, ya ​​que su pérdida disminuiría el valor de su reino.[[11]] Así, por ejemplo, entre 1782 y 1824 existió legislación que prohibía la emigración de Gran Bretaña de trabajadores calificados. Por otro lado, el rey deseará expulsar a sus súbditos improductivos y destructivos (criminales, mendigos, gitanos, vagabundos, entre otros), ya que su expulsión de su territorio incrementaría el valor de su dominio. Por esta razón, Gran Bretaña expulsó a decenas de miles de delincuentes comunes a Norteamérica y Australia.[[12]]

En cuanto a la política de inmigración, el monarca querrá mantener fuera del país a la plebe y a todas las personas con capacidad productiva inferior. Las personas de esta última categoría sólo serían admitidas temporalmente ‒como trabajadores temporales sin ciudadanía‒, y se les impediría obtener la propiedad permanente. Así, por ejemplo, después de 1880, gran número de polacos fueron contratados en Alemania como trabajadores temporales.[[13]] El rey sólo permitiría la inmigración permanente de personas con habilidades superiores, o al menos por sobre el promedio; es decir, aquellos individuos cuya residencia en su reino incrementara el valor de su propiedad. Así, por ejemplo, después de 1685 (con la revocación del Edicto de Nantes), fue permitido a decenas de miles de hugonotes establecerse en Prusia; de manera similar, los regentes Pedro el Grande, Federico el Grande y María Teresa, promovieron posteriormente la inmigración y colonización de gran número de alemanes en Rusia, Prusia Oriental y las provincias orientales de Austria-Hungría.[[14]]

VI

Como era de esperar, las políticas migratorias cambian cuando el gobierno es de propiedad pública. El gobernante ya no posee el valor patrimonial del país; sólo posee su valor presente (actual) de uso. No puede vender ni legar su cargo; es simplemente un administrador interino. Además, existe la libertad de acceso a este cargo. En principio, cualquiera puede convertirse en gobernante del país.

Dado que las democracias surgieron a escala global después de la Primera Guerra Mundial, ofrecen ejemplos históricos de gobierno de propiedad pública.[[15]]

¿Cómo son las políticas migratorias de una democracia? Partiendo, una vez más, del mero interés propio (la búsqueda de maximizar las ganancias monetarias y psicológicas: dinero y poder), los gobernantes democráticos tenderán a maximizar los ingresos corrientes, que pueden ser apropiados privadamente, a expensas del valor patrimonial, que no puede ser acaparado por particulares. Así, de acuerdo con el igualitarismo intrínseco de la democracia ‒”un hombre, un voto”‒, tales gobernantes tenderán a seguir políticas de emigración e inmigración igualitarias; es decir, no discriminatorias.

En cuanto a la política de inmigración, para un gobernante democrático es irrelevante si personas productivas o improductivas, genios o vagabundos, abandonan el país. Todos poseen el mismo poder de voto. De hecho, es posible que a los gobernantes democráticos les preocupe más la pérdida de un vagabundo, que la de un genio productivo. Si bien la pérdida de este último obviamente disminuye el valor del capital del país, y la del primero lo aumenta, el gobernante democrático no es dueño del país. A corto plazo ‒que es lo que le importa al gobernante democrático‒, el vagabundo, que tiene más probabilidades de votar a favor de medidas igualitarias, puede ser más valioso que el genio productivo el que, al ser la principal víctima del igualitarismo, tiene más probabilidades de votar en contra de los planes igualitarios del gobernante democrático.[[16]] Por la misma razón, a diferencia de un rey, el gobernante democrático no se esforzará activamente por expulsar a quienes, dentro del país, constituyen una externalidad negativa (es decir, quienes representan desechos humanos que disminuyen el valor de la propiedad individual). De hecho, tales externalidades negativas ‒parásitos improductivos, vagabundos y delincuentes‒ son posiblemente los pilares más fiables del gobernante democrático.

En cuanto a las políticas de inmigración, los incentivos y desincentivos están igualmente distorsionados, y los resultados son igualmente perversos. Para el gobernante democrático, también importa poco si inmigran al país vagabundos o genios, personas productivas y civilizadas por debajo o por sobre el promedio. Tampoco le preocupa demasiado la distinción entre trabajadores temporales (titulares de permisos de trabajo) y trabajadores permanentes e inmigrantes propietarios (ciudadanos naturalizados).[[17]] De hecho, es muy posible que dé preferencia a los vagabundos y a las personas improductivas, para que se conviertan en residentes y ciudadanos, ya que generan más de lo que es denominado “problemas sociales”; los gobernantes democráticos prosperan gracias a la existencia de tales problemas. Además, es posible que los vagabundos y las personas con capacidades inferiores apoyen sus políticas igualitarias, mientras que las personas con capacidades superiores y los genios no las apoyarán. El resultado de esta política de no discriminación es la integración forzada: los propietarios nacionales se ven obligados a coexistir con masas de inmigrantes con capacidades inferiores; si pudieran elegir, ejercerían una fuerte discriminación, optando por barrios muy diferentes. Así, como mejor ejemplo de democracia en acción, la legislación migratoria estadounidense de 1965 eliminó todos los requisitos de “calidad” anteriores, y todas las preferencias explícitas para los inmigrantes europeos, imponiendo en su lugar la política de no discriminación prácticamente absoluta (multiculturalismo).[[18]]

De hecho, la política migratoria de una democracia refleja a la perfección su política respecto de la movilidad interna de la población: la asociación y disociación voluntaria, la segregación y desegregación, y el distanciamiento y la proximidad física de las distintas propiedades privadas. Al igual que un rey, el gobernante democrático promueve la integración espacial mediante la sobreproducción del “bien público”, que son las carreteras y las calles. Sin embargo, a diferencia de un monarca, el gobernante democrático considerará que no basta con que todos puedan acercarse a los demás a través de las vías públicas. Preocupado por sus ingresos y su poder actuales ‒en lugar del valor patrimonial del país‒, e impulsado por sentimientos igualitarios, el gobernante democrático tenderá a ir aún más lejos. Mediante una legislación antidiscriminación ‒”no puede haber discriminación contra etnia, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, etc.”‒ el gobierno deseará ampliar el acceso físico a todas las propiedades para todos los demás. Por lo tanto, no sorprende que la supuesta legislación de “derechos civiles” de Estados Unidos ‒que prohíbe la discriminación dentro del país por motivos de color, raza, nacionalidad, religión, sexo, edad, orientación sexual, discapacidad (y otros criterios), implementando así la integración forzada[[19]]‒ coincidiera con la adopción de una política de inmigración no discriminatoria; es decir, con la implementación de la desegregación internacional (integración forzada).

VII

La situación actual en Estados Unidos y Europa Occidental no tiene nada que ver con la inmigración “libre”. Lisa y llanamente se trata de integración forzada; y la integración forzada es el previsible resultado del principio democrático plasmado en la expresión “un hombre, un voto”. La supresión de la integración forzada exige la des-democratización de la sociedad y, en última instancia, la abolición de la democracia. Más concretamente: el poder de admisión o exclusión debe ser retirado del gobierno central[[20]] y devuelto a los estados, provincias, ciudades, pueblos, aldeas y distritos residenciales, y, en última instancia, a los propietarios de bienes privados y sus asociaciones voluntarias. Los medios para lograr este objetivo son la descentralización y la secesión (ambas inherentemente antidemocráticas y antimayoritarias).[[21]] Estaríamos mejor con la restauración de la libertad de asociación y exclusión ‒como está implícita en la idea e institución de la propiedad privada. La gran mayoría de los conflictos sociales actualmente ocasionados ​​por la integración forzada, desaparecerían si las ciudades y los pueblos pudieran hacer e hicieran lo que rutinariamente hicieron hasta el siglo XIX en Europa y los EE.UU.: (1) colocar letreros sobre los requisitos para ingresar en la ciudad; (2) y, una vez que el inmigrante está en la ciudad, insertar elementos de propiedad específicos (no mendigos, no vagabundos, ni personas sin hogar; pero también: no musulmanes, no hindúes, no judíos, no católicos, etc.); (3) expulsar como invasores a aquéllos que no cumplen los requisitos; (4) y, al mismo tiempo, resolver la cuestión de la “naturalización” siguiendo el modelo suizo (las asambleas locales ‒y no el gobierno central‒ determinan quién puede y quién no puede obtener la ciudadanía suiza).

Sin embargo, ¿cómo es posible defender una política de inmigración relativamente correcta, mientras el estado democrático central aún se mantiene en pie y reclama con éxito el poder de determinar la política nacional de inmigración uniforme? Lo mejor que se puede esperar, aunque vaya en contra de la “naturaleza” de la democracia ‒y por lo tanto, sea poco probable‒, es que los gobernantes democráticos actúen como si fueran dueños del país, y como si tuvieran que decidir a quién incluir y a quién excluir en relación con su propia propiedad (en su propio hogar). Esto implica seguir una política de discriminación más rigurosa a favor de las cualidades humanas relacionadas con la compatibilidad de aptitudes (habilidades), características y culturas.

Más concretamente, ésto implica establecer una distinción estricta entre “ciudadanos” (inmigrantes naturalizados) y “extranjeros”, excluyendo a éstos últimos de todos los derechos sociales. Significa exigir, tanto para obtener la residencia como la ciudadanía, el apoyo financiero personal de un ciudadano residente, y la responsabilidad de éste último por todos los daños materiales causados ​​por el inmigrante a su cargo. Ésto implica exigir un contrato de trabajo con un ciudadano residente; además, para ambas categorías ‒pero especialmente para la ciudadanía‒, ésto implica exigir a todos los inmigrantes que demuestren, de manera fehaciente, no sólo su dominio del idioma nativo, sino también, en todos los aspectos, un rendimiento intelectual superior (por encima de la media) y una sólida estructura de carácter, así como demostrar un sistema de valores compatible, lo que previsiblemente dará lugar a un sesgo sistemático a favor de la inmigración europea.[[22]]

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Notas

[1]    Expresión latina que significa “en igualdad de condiciones” o “si todo lo demás permanece igual”.

[2]    “La ley de la migración y la localización”, explica Ludwig von Mises,

permite formular un concepto exacto de superpoblación relativa. El mundo ‒o un país aislado, al que la emigración es imposible‒ es considerado superpoblado en sentido absoluto, cuando es superado el tamaño óptimo de la población: el punto a partir del cual, el aumento en el número de personas no implicaría el aumento, sino la disminución, del bienestar. Un país es considerado relativamente superpoblado cuando, debido al gran tamaño de la población, la fuerza laboral se encuentra en condiciones de producción menos favorables que en otros países de modo que, en igualdad de condiciones, la misma inversión de capital y trabajo produce menos. Con la movilidad total de personas y bienes, los territorios relativamente superpoblados verían cómo este excedente de población migra a otros territorios, hasta que dicha desproporción desapareciera. (Nation, State, and Economy: Contributions to the Politics and History of Our Time [New York: New York University Press, 1983], p. 58)

Ver también: Human Action: A Treatise on Economics, Scholar’s Edition (Auburn, Alabama: Ludwig von Mises Institute, 1998), páginas 620–624; e Murray N. Rothbard, Power and Market: Government and the Economy (Kansas City: Sheed Andrews and McMeel, 1997), pág. 52–55.

[3]    Sobre los efectos contraproducentes de los sindicatos de trabajadores, consultar: William H. Hutt, A Theory of Collective Bargaining (Washington, D.C.: Cato Institute, 1980); idem, “Trade Unions: The Private Use of Coercive Power”, en Review of Austrian Economics, 3 (1989); y Morgan O. Reynolds, Making America Poorer: The Cost of Labor Law (Washington, D.C.: Cato Institute, 1987); sobre el movimento ambientalista, verificar: Llewellyn H. Rockwell Jr., The Anti-Environmentalist Manifesto (Burlingame, California: Center for Libertarian Studies, 1993); y Larry Abraham, The Greening: The Environmentalists’ Drive for Global Power (Phoenix, Arizona: Double A Publications, 1993).

[4]    Respecto de este tópico, consultar el capítulo 8 de este libro.

[5]    Respecto de este asunto específico, consultar: Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics, Scholar’s Edition (Auburn, Alabama: Ludwig von Mises Institute, 1998), páginas 241–244; e Murray N. Rothbard, Man, Economy and State, 2 volumes (Auburn, Alabama: Ludwig von Mises Institute, 1993), páginas 183–200.

[6]    Consultar: Murray N. Rothbard, The Ethics of Liberty (New York: New York University Press, 1998); Hans-Hermann Hoppe, The Economics and Ethics of Private Property (Boston: Kluwer, 1993); ver también la nota al pié n.16 del capítulo 9 de este libro.

[7]    Según nos recuerda Ludwig von Mises,

Incluso si existiera algo parecido a un odio natural e innato entre las distintas razas, la cooperación social no sería inútil. (…) La cooperación social no tiene nada que ver con el amor personal ni con un mandamiento que nos diga que nos amemos los unos a los otros. Las personas no cooperan bajo la división del trabajo porque se amen o porque deban amarse. Cooperan entre sí porque, de esta manera, sirven mejor a sus propios intereses. No es en el amor, la caridad ni ningún otro sentimiento afectuoso, sino más bien en el egoísmo, correctamente entendido, donde reside el incentivo que originalmente impulsó al hombre a adaptarse a las exigencias de la sociedad, a respetar las libertades y los derechos de sus semejantes, y a reemplazar la enemistad y el conflicto por la cooperación pacífica. (Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics, Scholar’s Edition [Auburn, Alabama: Instituto Ludwig von Mises, 1998], p. 168)

[8]    Contrariamente al multiculturalismo actualmente en boga, cabe señalar aquí que ninguna sociedad multicultural ‒y especialmente en ninguna sociedad democrática‒ ha funcionado pacíficamente durante mucho tiempo. Peter Brimelow, Alien Nation: Common Sense about America’s Immigration Disaster (Nueva York: Random House, 1995), páginas 124-127, proporcionó algunas pruebas recientes sobre este asunto. Mirando del pasado al presente, tenemos el siguiente registro: Eritrea, gobernada por Etiopía desde 1952, se separó en 1993; Checoslovaquia, fundada en 1918, se dividió en la República Checa y Eslovaquia (sus respectivos componentes étnicos) en 1993; la Unión Soviética se fracturó en varios componentes étnicos en 1991, y muchos de estos componentes están amenazados por una futura fragmentación étnica; Yugoslavia, fundada en 1918, se dividió en varios grupos étnicos en 1991, y su desintegración aún continúa; Líbano, fundado en 1920, ha sufrido una división efectiva entre cristianos y musulmanes (bajo dominio sirio) desde 1975; Chipre, independiente desde 1960, se dividió en territorios griegos y turcos en 1974; Pakistán, independiente desde 1947, vio a Bangladesh, con grupos étnicamente distintos, separarse en 1971; Malasia, independiente desde 1963, vio a Singapur, con influencia china, separarse en 1965. La lista continúa con casos que aún no han sido resueltos: India, con los conflictos entre sijs y cachemires; Sri Lanka, con su problema con respecto de la minoría tamil; Turquía, Irak e Irán, con sus problemas respecto de los kurdos; Sudán y Chad, con el conflicto entre árabes y negros; Nigeria, con el problema respecto de los igbos; Irlanda, con el conflicto entre católicos y protestantes; Bélgica, con el conflicto entre flamencos y valones; Italia, con su problema respecto de los habitantes de habla alemana del Tirol del Sur (Alto Adige o Bolzano); Canadá, con el conflicto entre francófonos y anglófonos.

Pero, ¿no sería Suiza, con su mezcla de alemanes, franceses, italianos y romanches, una excepción? En resumen, la respuesta es no. Todas las competencias esenciales en Suiza ‒en particular, las que determinan los asuntos culturales y educativos (escuelas)‒ están concentradas en manos de los cantones, en lugar del gobierno central. Y casi todos los 26 cantones y semicantones son étnicamente homogéneos. Diecisiete cantones son, en la práctica, exclusivamente alemanes; cuatro, exclusivamente franceses; y uno, predominantemente italiano. Solo tres cantones son bilingües. El equilibrio étnico suizo ha demostrado ser prácticamente estable, y la migración intercantonal es muy limitada. Incluso en estas circunstancias favorables, Suiza sufrió una guerra de secesión fallida y violentamente reprimida: la Sonderbundskrieg de 1847. Además, la creación del cantón francófono de Jura, que se separó del cantón de Berna, predominantemente alemán, en 1979, estuvo precedida por años de actividad terrorista.

Para conocer la base genética más probable de la tendencia humana a relacionarse con individuos “similares” y a distanciarse de los “diferentes”, véase: J. Philippe Rushton, “Gene Culture, Coevolution and Genetic Similarity Theory: Implications for Ideology, Ethnic Nepotism and Geopolitics”, en Politics and the Life Sciences, 4 (1986); e idem, Race, Evolution and Behavior (New Brunswick, N.J.: Transaction Publishers, 1995).

[9]    En efecto, como señala Max Weber en Soziologie, Weltgeschichfliche Analyzen, Politik (Stuttgart: Kroener, 1964), pág. 4, las famosas calzadas de la Antigua Roma eran generalmente consideradas como plaga más que como ventaja, ya que eran, en esencia, rutas militares más que rutas comerciales.

[10]  Sobre este asunto, véanse también los capítulos 1 a 3 de este libro.

[11]  Véase: A. M. Carr-Saunders, World Population: Past Growth and Present Trends (Oxford: Clarendon Press, 1936), p. 182.

[12]  Ibid., pág. 47, estima que entre 1717 y 1776 fueron transportados 50.000 delincuentes a Norteamérica.

[13]  Consultar ibid., páginas 57 e 145.

[14]  Véase ibid., páginas 56-57. La colonización de Europa del Este por los alemanes comenzó en realidad en el siglo XI, generalmente alentada por varios reyes y príncipes eslavos de la región quienes, de esta manera, pretendían promover el desarrollo económico de sus reinos. Véase: Peter Brimelow, Alien Nation: Common Sense about America’s Immigration Disaster (New York: Random House, 1995), pág. 131. Un análisis sumamente esclarecedor de los efectos y repercusiones sociales de estas políticas migratorias en el multicultural Imperio Habsburgo, es proporcionado por Ludwig von Mises, Nation, State, and Economy: Contributions to the Politics and History of Our Time (New York: New York University Press, 1983), páginas 112-113.

Como resultado de siglos de colonización, la burguesía urbana y la intelectualidad eran alemanas en toda Austria y Hungría; las grandes propiedades terratenientes eran mayoritariamente alemanas; y en todas partes, incluso en medio de territorios de habla extranjera, los campesinos de los asentamientos eran alemanes. Toda Austria, en su apariencia externa, mostraba una impronta alemana; la educación y la literatura alemanas se encontraban por doquier. En todo el Imperio, los alemanes también estaban representados entre la pequeña burguesía, entre los obreros y entre los campesinos, aunque en muchos distritos ‒especialmente en Galitzia, en muchas partes de Hungría, y en los territorios costeros‒ la minoría alemana entre los miembros de los estratos más bajos de la población era muy pequeña. Pero en todo el Imperio (excepto en la parte norte de Italia), el porcentaje de alemanes entre los educados y entre los miembros de los estratos más altos de la población era muy elevado; y todos estos burgueses prósperos y todos estos individuos cultos que no eran alemanes y que no deseaban reconocer su pertenencia a la nación alemana, eran alemanes por educación, hablaban alemán, leían alemán y demostraban, al menos externamente, que eran alemanes. (…) Así, Austria, sin duda, no era alemana, pero políticamente usaba una máscara alemana. Todo austriaco que tuviera algún interés en entrar en la vida pública, debía dominar el idioma alemán. Sin embargo, para los miembros de los pueblos checo y esloveno, la educación y el ascenso social sólo podían ser logrardos mediante la germanización. Aún no poseían su propia literatura, lo que les permitiría prescindir de los tesoros de la cultura alemana. Quienes ascendían, se convertían en alemanes precisamente porque los miembros de los estratos más altos de la población eran alemanes. Los alemanes lo comprendieron, y llegaron a creer que las cosas tenían que ser así. Estaban lejos de desear germanizar por la fuerza a todos los no alemanes; pero pensaban que ésto sucedería de forma natural. Creían que todos los checos y todos los eslavos del sur intentarían, incluso impulsados ​​por su propio interés, adoptar la cultura alemana.

[15]  Sobre este asunto, consultar también los capítulos 1 a 3 de este libro.

[16]  Para evitar malentendidos, cabe destacar que la diferencia entre los gobiernos monárquicos y republicano-democráticos en materia de política migratoria, no radica en la distinción entre emigración restrictiva y libre. En realidad, las restricciones más severas a la emigración fueron impuestas en el siglo XX por las llamadas repúblicas populares socialistas de Europa del Este. La diferencia reside, en cambio, en el tipo de restricciones y, por consiguiente, en la motivación subyacente de dichas restricciones.

Así, mientras que las restricciones monárquicas a la emigración solían estar motivadas por razones económicas, las restricciones republicano-democráticas suelen estar motivadas por razones políticas, siendo la más frecuente la imposibilidad de emigrar hasta completar el servicio militar obligatorio. Sobre este asunto, véase A. M. Carr-Saunders, World Population: Past Growth and Present Trends (Oxford: Clarendon Press, 1936), p. 148.

[17]  De entre todos los principales estados europeos, Francia, el país con la tradición republicana-democrática más antigua, ostentaba las políticas de inmigración y naturalización más “progresistas”; es decir, las menos restrictivas. Para más información, véase ibid., páginas 57, 145 y 154.

[18]  Véase: The Path to National Suicide: An Essay on Immigration and Multiculturalism (Monterrey, California: AICEF, 1990); Immigration and the American Identity, editado por Thomas Fleming (Rockford, Illinois: Rockford Institute, 1995); George J. Borjas, Friends or Strangers: The Impact of Immigrants on the U.S. Economy (New York: Basic Books, 1990); ídem, Heaven’s Door: Immigration Policy and the American Economy (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1999); y Peter Brimelow, Alien Nation: Common Sense about America’s Immigration Disaster (New York: Random House, 1995).

Para contextualizar, Brimelow documenta que, entre 1820 y 1967, cuando entraron en vigor las nuevas leyes de inmigración, aproximadamente 90% de todos los inmigrantes eran de ascendencia europea. En contraste, de 1967 a 1993, aproximadamente 85% de los aproximadamente 17 millones de inmigrantes legales que llegaron a los Estados Unidos, provenían del Tercer Mundo, principalmente de América Latina y Asia (páginas 77, 281–285). En lugar de la selección basada en la competencia y las calificaciones laborales (como antes de 1967), los principales criterios de selección actualmente son la “reunificación familiar”, el “asilo” y la “lotería de diversidad” (páginas 78–84). En consecuencia, el nivel promedio de educación y el salario promedio de los inmigrantes han disminuido constantemente en comparación con sus pares estadounidenses nativos. Además, la tasa de participación en el sistema de bienestar estatal para familias inmigrantes supera significativamente ‒y cada vez más‒ las tasas de la población nativa (que incluye a los negros y portorriqueños, que ya tienen una tasa extremadamente alta de participación en el sistema de bienestar estatal). Por ejemplo, la tasa de participación en el sistema de bienestar estatal para los inmigrantes camboyanos y laosianos es de casi 50%; para los inmigrantes vietnamitas es superior a 25%; para los inmigrantes de la República Dominicana, el porcentaje es de 28%; para los de Cuba, de 16%; para los de la antigua U.R.S.S., de 16%; y para los de China, de 10%. Por lo tanto, los inmigrantes siguen recibiendo prestaciones por desempleo durante períodos cada vez más prolongados (páginas 141-153, 287-288). Por último, pero no menos importante, Brimelow estima que si continúan las tendencias actuales en inmigración legal (así como ilegal), la población de ascendencia europea, que tradicionalmente ha representado alrededor de 90% de la población estadounidense, estará a punto de convertirse en minoría para el año 2050 (p. 63). Pero, ¿acaso no se asimilarán todos los inmigrantes, convirtiéndose en estadounidenses? Posiblemente no, porque para asimilarse, la afluencia de inmigrantes debe ser pequeña en comparación con la población que los recibe. Sin embargo, la afluencia actual de aproximadamente un millón de inmigrantes legales (y entre doscientos mil y trescientos mil inmigrantes indocumentados) al año, se concentra en sólo unas pocas regiones: California, Texas, Illinois, Florida, New York y New Jersey; y la mayoría de los inmigrantes se trasladan a tan solo seis áreas metropolitanas: Los Ángeles, Anaheim, Chicago, Miami, New York y Washington D.C. (p. 36). En estas áreas, el número de inmigrantes es proporcionalmente tan grande, que cualquier asimilación resulta prácticamente imposible. Así, en lugar de americanizarse gradualmente, los inmigrantes extranjeros han establecido, en estas regiones, “países” del Tercer Mundo en lo que antes era territorio estadounidense.

George Borjas también señala que

casi una cuarta parte de las familias inmigrantes recibieron algún tipo de ayuda, en comparación con 15% de las familias nativas. (…) Además, el uso de la asistencia pública por parte de los inmigrantes aumenta con el tiempo. Parece que la asimilación implica aprender no sólo sobre las oportunidades en el mercado laboral, sino también sobre las oportunidades que ofrece el estado de bienestar. (…) Un estudio de la Academia Nacional de Ciencias concluyó que la inmigración, en efecto, incrementó los impuestos de la familia californiana nativa promedio, a aproximadamente U$S 1.200 anuales. (…) [En cuanto a los refugiados específicamente], la evidencia indica que (…), después de diez años en Estados Unidos, 16% de los refugiados de Vietnam, 24% de los refugiados de Camboya, y 34% de los refugiados de Laos, seguían recibiendo asistencia pública. (George Borjas, “Heaven’s Door: Immigration Policy and the American Economy”, en Milken Institute Review, I, n.º 3 [1999]: 64–65, 79)

Además, Borjas señala que “las cuestiones étnicas tienen un impacto en la vida económica, y durante mucho tiempo” (p. 66). Es decir, la diferencia (cada vez mayor) en capacidades/habilidades entre nativos e inmigrantes, no desaparece rápidamente como resultado de la asimilación cultural. En cambio, los inmigrantes generalmente van a “ghettos étnicos” que “incuban las diferencias étnicas”; por lo tanto, “las diferencias de habilidades étnicas pueden persistir durante tres generaciones” (p. 66).

[19]  En cuanto a la legislación y la economía de “acción afirmativa” y la discriminación, véase: Richard A. Epstein, Forbidden Grounds (Chicago: University of Chicago Press, 1992); Discrimination, Affirmative Action and Equal Opportunity, editado por Walter Block y Michael Walker (Vancouver: Fraser Institute, 1982); y Hugh Murray, White Male Privilege? A Social Construct for Political Oppression, en Journal of Libertarian Studies, 14, n.º 1 (1999).

[20]  Hasta una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en 1875, la regulación de los asuntos de inmigración en los EE.UU. era considerada asunto estatal y no federal.

[21]  Encontrará más información al respecto en el capítulo 5 de este libro.

[22]  Actualmente, cerca de la mitad de los ciudadanos estadounidenses nacidos de padres extranjeros tras más de cinco años de residencia en Estados Unidos, prácticamente no hablan inglés. Del grupo inmigrante más numeroso (los hispanos), más de dos tercios prácticamente no hablan inglés. Véase: Peter Brimelow, Alien Nation: Common Sense about America’s Immigration Disaster (New York: Random House, 1995), páginas 88-89. Su nivel de rendimiento intelectual es significativamente inferior al promedio estadounidense (ibíd., pág. 56); y cada vez hay más indicios de que la tasa de criminalidad de la población inmigrante supera sistemáticamente la de la población nativa (páginas 182-186).