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as sanciones económicas han sido convertidas en el instrumento coercitivo por excelencia de la política exterior estadounidense. Actualmente, aproximadamente 27% de los países del mundo están sometidos a sanciones impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea o las Naciones Unidas, frente a tan solo 4% a principios de la década de 1960. Un estudio histórico de 2025, publicado en The Lancet Global Health por los economistas Francisco Rodríguez, Silvio Rendón y Mark Weisbrot, estimaron el número total de muertes causadas por estas medidas.
Las sanciones unilaterales provocan la muerte de aproximadamente 564.000 personas al año, cifra comparable con la mortalidad anual total de los conflictos armados. Estimaron que en el periodo comprendido entre 1971 y 2021, el número total de muertes se acercó a los 38 millones. Los niños menores de cinco años representarían 51% de las muertes relacionadas con las sanciones.
Estos hallazgos no surgen de forma aislada. Décadas de estudios a nivel nacional sobre Irak, Cuba, Irán, Venezuela, Siria, Corea del Norte y Afghanistan convergen en la misma conclusión. Las amplias sanciones económicas que desconectan las economías nacionales del comercio y de los sistemas financieros globales, son instrumentos de daño masivo a la población civil. Restringen las importaciones de alimentos, destruyen las cadenas de suministro farmacéutico, colapsan la infraestructura de salud pública, y atrapan a poblaciones enteras en una catástrofe económica orquestada desde el exterior.
El sistema moderno de sanciones nació en la Conferencia de Paz de París de 1919, a partir de la experiencia del bloqueo naval aliado contra las Potencias Centrales durante la Primera Guerra Mundial. Dicho bloqueo contribuyó a entre 478.500 y 800.000 muertes por desnutrición y enfermedades entre la población civil alemana, si bien los historiadores señalan que los fallas en las políticas internas y otros factores también contribuyeron a esta cifra.
El presidente Woodrow Wilson articuló la lógica de transformar el bloqueo de tiempos de guerra en un instrumento para tiempos de paz. Su descripción sigue siendo la caracterización más honesta de lo que realmente son las sanciones económicas.
En 1919, durante su gira por la Sociedad de Naciones, Wilson describió las sanciones como “algo más terrible que la guerra”:
“…un aislamiento absoluto … que hace entrar en razón a una nación, del mismo modo que la asfixia elimina del individuo toda inclinación a luchar… Apliquen este remedio económico, pacífico, silencioso y letal, y no habrá necesidad de la fuerza. Es un remedio terrible. No cuesta vidas fuera del país boicoteado, pero ejerce sobre el mismo una presión que, a mi juicio, ninguna nación moderna podría resistir”.
Como documenta el historiador Nicholas Mulder en su libro El arma económica, de 2022, en los primeros años de la Sociedad de Naciones este mecanismo era literalmente denominado “arma económica”. La caracterización de Wilson como “pacífica, silenciosa y letal” reconocía la naturaleza mortífera del instrumento, al tiempo que afirmaba que salvaba vidas. La historia ha demostrado repetidamente que la primera afirmación es cierta, y que la segunda es falsa.
El análisis cuantitativo más exhaustivo sobre la mortalidad relacionada con las sanciones económicas hasta la fecha, fue publicada en Agosto de 2025 en The Lancet Global Health. El estudio analizó las tasas de mortalidad por edad y los episodios de sanciones en 152 países entre 1971 y 2021.
Los principales hallazgos son devastadores. Las sanciones unilaterales son asociados con un saldo anual de 564.258 muertes adicionales, según las cifras del propio estudio, resumidas por el Centre for Economic Policy Research (CEPR). Los niños menores de cinco años representan 51% del total de muertes relacionadas con las sanciones. 71% de las muertes se producen en los grupos de edad de 0 a 15, y de 60 a 80 años, lo que confirma que las sanciones perjudican principalmente a quienes no forman parte de la fuerza laboral, en lugar de a las élites gubernamentales. El estudio no encuentra evidencia estadística sobre el efecto de las sanciones de la ONU.
Mark Weisbrot, codirector y coautor del CEPR, explicó claramente el significado de los hallazgos:
“Es inmoral e indefendible que siga siendo utilizada una forma tan letal de castigo colectivo, y mucho menos que haya sido expandida progresivamente a lo largo de los años. Las sanciones son ampliamente malinterpretadas como una alternativa política menos letal, casi no violenta, al uso de la fuerza militar”.
Las propias estimaciones de mortalidad acumulada del estudio de The Lancet implican que las sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea causaron aproximadamente 38 millones de muertes entre 1971 y 2021.
Ningún episodio de catástrofe humanitaria inducida por sanciones ha sido estudiado con tanta profundidad como las sanciones integrales impuestas por las Naciones Unidas contra Irak entre 1990 y 2003. Richard Garfield, investigador de salud pública de la Universidad de Columbia, estimó un mínimo de 100.000 muertes adicionales entre niños menores de cinco años desde Agosto de 1991 hasta Marzo de 1998, con una estimación más probable de 227.000.
Otras evaluaciones sitúan la cifra como considerablemente más alta. El Centro Internacional de Justicia de Ginebra documentó estimaciones que indican que “el número de personas que perdieron la vida a causa de las sanciones asciende a 1,5 millones, incluyendo a más de 500.000 niños. La Organización Mundial de la Salud concluyó que el sistema de salud había retrocedido unos 50 años”.
El informe de 2019 del CEPR, titulado Sanciones económicas como castigo colectivo, de Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs, reveló un aumento de 31% en la mortalidad general entre 2017 y 2018, lo que implica más de 40.000 muertes adicionales. Jeffrey Sachs dijo:
“Las sanciones estadounidenses buscan deliberadamente arruinar la economía venezolana y, por ende, provocar un cambio de régimen. Se trata de una política infructuosa, cruel, ilegal y fallida, que causa graves daños al pueblo venezolano”.
El Instituto Tricontinental calculó que las sanciones lideradas por Estados Unidos provocaron que Venezuela perdiera ingresos petroleros equivalentes a 213% de su PBI entre Enero de 2017 y Diciembre de 2024, lo que representa pérdidas estimadas en U$S 226.000 millones.
El documento de trabajo de 2024 del economista venezolano Francisco Rodríguez reveló que el ingreso per capita de Venezuela disminuyó 71% entre 2012 y 2020, la mayor contracción económica en tiempos de paz de la historia moderna. Atribuyó aproximadamente 52% de la caída del PBI a las sanciones y a otras causas de índole política. Rodríguez ha descrito explícitamente las sanciones integrales como una “guerra de asedio”. En un perfil publicado por la Universidad de Denver, señaló que la caída promedio del PBI derivada de las sanciones multilaterales integrales, equivale a la caída que sufrió Estados Unidos durante la Gran Depresión. Según la encuesta del CEPR realizada por Rodríguez, 54 países, los que representan 27% del total de naciones, estaban sujetos a algún tipo de sanción al momento de redactar este informe. En 2024, el Departamento del Tesoro añadió 3.135 personas a la Lista de Nacionales Especialmente Designados, un aumento de 25% respecto de 2023, según el Centro para una Nueva Seguridad Estadounidense.
Alfred de Zayas, quien se desempeñó como Experto Independiente de la ONU para la Promoción de un Orden Internacional Democrático y Equitativo, realizó la primera visita de un relator de la ONU a Venezuela en veintiún años. Su informe de Agosto de 2018 al Consejo de Derechos Humanos afirmó que “las sanciones pueden constituir crímenes de lesa humanidad según el artículo 7 del Estatuto de Roma”. Concluyó simplemente que “las sanciones económicas matan”. Trita Parsi, co-fundador y vicepresidente ejecutivo del Instituto Quincy para la Gobernanza Responsable, señaló que un tercio de la clase media iraní cayó en la pobreza entre 2018 y 2019, como resultado de las sanciones de máxima presión de Trump y la mala gestión del gobierno iraní.
El senador Rand Paul (republicano por Kentucky) sostiene que las acciones de Estados Unidos contra Venezuela ‒incluida la operación militar para capturar a Nicolás Maduro, el bloqueo naval, y la incautación de petroleros‒ constituyen una “guerra en curso”. Como afirmó en el programa Meet the Press en Enero de 2026: “Eso es un acto de guerra, es una guerra en curso, seguir extrayendo su petróleo, una guerra en curso, distribuirlo”.
Joy Gordon, titular de la Cátedra Ignacio Ellacuría de Ética Social en la Universidad Loyola de Chicago, elaboró el análisis más completo de las sanciones contra Irak en su libro Guerra Invisible (Harvard University Press, 2010). En su ensayo de 2020 para Responsible Statecraft, Gordon argumentó que las sanciones contra Irak “son el modelo para las sanciones sistémicas y devastadoras que vemos vigentes hoy en día”.
En definitiva, las sanciones económicas, en particular las sanciones unilaterales integrales impuestas por Estados Unidos, son instrumentos de daño masivo contra la población civil, que funcionan según la lógica de la guerra de asedio. En muchos casos documentados, fracasan en su intento por lograr un cambio de régimen o cambios de comportamiento significativos, si bien consiguen ocasionar un daño considerable.
Traducción: Ms. Lic. Cristian Vasylenko
