Los más altos ingresos per capita del mundo se encuentran en entidades políticas pequeñas, como Mónaco, Liechtenstein, Luxemburgo, Suiza, Singapur y las Islas Caimán. Económicamente, este hallazgo es fácil de explicar: las entidades políticas pequeñas no son autárquicas; compiten internacionalmente por talento y capital. Por ello, deben tratar bien a sus residentes y empresas, ofrecer atractivas condiciones de vida, y un entorno favorable para los negocios. Sobre todo, deben mantener una baja carga fiscal, preservar la paz con sus vecinos y abstenerse de aventuras militares.
Sin embargo, ni siquiera las entidades políticas pequeñas son inmunes al abuso del poder estatal. El estado sigue siendo un monopolio territorial de la coerción, con la última palabra en todos los conflictos que se desarrollan en su territorio. Precisamente por eso el estado se convierte fácilmente en el problema en sí mismo, porque el poder estatal cae inevitablemente en manos de actores que lo utilizan para beneficiar a grupos de interés organizados.
El derecho de secesión
Para controlar este problema fundamental del estado, el economista austriaco Ludwig von Mises (1881-1973) propuso en 1927 que a ciertos grupos de personas les fuese concedido el derecho a abandonar el estado. Según von Mises, este “derecho de secesión” obligaría a las mayorías de un país a no perder de vista las preocupaciones de las minorías. De lo contrario, los descontentos podrían manifestarse y, les guste o no a las mayorías, abandonar el estado. La idea de secesión de von Mises “mata dos pájaros de un tiro”: incentiva a la mayoría a tratar con dignidad a la minoría, y desmantela eficazmente el “monopolio territorial de coerción y violencia” del estado, estableciendo límites claros a su poder.
La viabilidad de esta idea puede ser apreciada en el Principado de Liechtenstein. Por iniciativa del príncipe Hans-Adam II, en una reforma constitucional de 2003 el país consagró un derecho especial de salida para sus Ländle (municipios). El artículo 4, párrafo 2 de la constitución nacional, les permite iniciar un procedimiento para separarse de la asociación estatal. Sin embargo, no se trata de un derecho absoluto y unilateral de secesión. Un municipio puede, en principio, sólo iniciar el procedimiento de salida. La secesión efectiva aún requiere el consentimiento de la Dieta y del Príncipe. Si el electorado convoca un referendum o el parlamento ordena una votación popular, los votantes elegibles del Ländle también deben dar su aprobación.
Hasta la fecha, ningún municipio ha hecho uso de este derecho. No obstante, con esta opción de salida Liechtenstein ha dado un ejemplo de libertad individual, con una visión de futuro y audacia que trascienden sus fronteras.
El problema del tamaño
La cuestión del “tamaño óptimo del estado” ha sido un asunto recurrente a nivel internacional. Muchas de las grandes entidades políticas –basta con pensar en Estados Unidos, China, el bloque estatal conocido como la Unión Europea, o estados-nación como Alemania, Francia y Gran Bretaña– llevan tiempo encaminándose hacia la bancarrota económica, financiera y cultural. Están sobreendeudados, el crecimiento económico está disminuyendo, y las perspectivas de prosperidad son decepcionantes. La mala gestión y la corrupción se extienden. Al mismo tiempo, las ideologías socialistas patrocinadas por el estado atacan cada vez más a la familia y al cristianismo, socavan el estado de derecho, y ponen en peligro la seguridad pública. Así, muchos países se precipitan sin control hacia un apocalipsis demográfico.
Una solución realista y viable a todos estos problemas reside en la reducción de las grandes unidades políticas a otras más pequeñas. Sin embargo, el obstáculo es que a los estados, regiones y municipios constituyentes de la mayoría de los países europeos, no les es reconocido el derecho unilateral de secesión. Precisamente, hacer valer ese derecho es el camino a seguir: otorgar a los estados, regiones, ciudades o municipios constituyentes, el derecho a abandonar la asociación estatal de nivel superior si así lo desean. Al fin y al cabo, no hay ninguna razón convincente para que las personas permanezcan sometidas contra su voluntad a una federación y sus normas.
Una Europa de mil Liechtensteins
El principio rector de la secesión es, por lo tanto, el siguiente: los municipios deberían poder separarse de una ciudad a la que ya no desean pertenecer. Lo mismo se aplica a las regiones o estados constituyentes: si sus habitantes desean abandonar la entidad estatal superior, deberían poder hacerlo. Esta “descentralización radical” debería ser combinada con la “inversión de la jerarquía jurídica” de modo que, a partir de ahora, la ley municipal prevalezca sobre la regional.
La ley de la unidad política menor prevalecería sobre la ley de la unidad inmediatamente superior. Ésto tendría consecuencias sumamente positivas, ya que fortalecería la competencia por ofrecer las mejores condiciones de vida y trabajo. Al mismo tiempo, eliminaría las destructivas oportunidades de explotación que hoy predominan en las grandes unidades políticas, organizadas como democracias de mayoría. El economista y filósofo Hans-Hermann Hoppe ha popularizado acertadamente este programa bajo el ya conocido lema de “una Europa de mil Liechtensteins”.
La “descentralización radical” allana, en última instancia, el camino desde un sistema político basado en la coerción y la violencia, hacia una sociedad regida por el derecho privado. El objetivo es contribuir a crear una comunidad de personas en la que sea aplicado el mismo derecho privado a todos y donde, por consiguiente, ya no exista un derecho público situado por encima del derecho privado. Dicho ésto, una sociedad de derecho privado no es otra cosa que una comunidad de personas que organizan su convivencia sobre la base de contratos voluntaria y libremente acordados, en lugar de recurrir –como sucede hoy con el estado– a la coerción no deseada y a la violencia no solicitada.
Limitar el poder mediante la descentralización
La idea de la descentralización radical no es en absoluto nueva. Un ejemplo histórico es el Sacro Imperio Romano Germánico, que existió entre los años 962 y 1806, situándose así entre las formaciones políticas más duraderas de Europa. Su “fragmentación” actuó como un baluarte frente a la centralización del poder y los abusos de príncipes y reyes. Al mismo tiempo, fomentó la competencia entre los numerosos territorios pequeños, impulsando la innovación, la vida urbana, la economía y la cultura.
Incluso tras los graves conflictos de la Reforma y la Guerra de los Treinta Años, las partes lograron alcanzar acuerdos en repetidas ocasiones para restablecer la paz; ejemplos de ello son la Paz de Augsburgo de 1555 y la Paz de Westfalia de 1648. Cuando el emperador Francisco II –quien también ostentaba el título de emperador austriaco como Francisco I (1768-1835)– declaró disuelto el Imperio en 1806, no lo hizo debido a un mal funcionamiento de la asociación imperial descentralizada, sino como consecuencia del “terror estatal napoleónico”. Sin embargo, esa misma experiencia demuestra inequívocamente que incluso las unidades políticas pequeñas y descentralizadas deben organizar eficazmente su defensa frente a agresores externos. A diferencia de entonces y gracias al progreso tecnológico, hoy en día disponen de múltiples opciones: el autoarmamento, las alianzas con otras unidades políticas pequeñas, y los contratos de protección con compañías de seguros y empresas de seguridad. Nada de ésto, por cierto, requiere la existencia de un estado. Los servicios de protección y defensa pueden ser eficientemente organizados en el libre mercado. En consecuencia, ya en 1849, el economista Gustave de Molinari (1819–1912) abogó por la privatización de la seguridad y la defensa, en su ensayo De la production de la sécurité.
La dimensión humana
Quien desee paz y prosperidad, debe limitar al estado tanto como sea posible, hasta lograr su desaparición. Esta conclusión se deriva de manera irrefutable de una economía sólida. Por tanto, la defensa de las unidades políticas pequeñas frente a las grandes no nace de una noción arbitraria, sino de un profundo razonamiento lógico. Esta idea fundamental no es nueva, aunque hoy en día sea ampliamente ignorada y pasada por alto.
Cabe recordar al filósofo Leopold Kohr (1909–1994), cuyo pensamiento giraba en torno de la “filosofía del tamaño” y la escala humana. Llegó a esta conclusión: “Siempre que algo va mal, es porque es demasiado grande”. Cualquiera que observe el mundo con ojos atentos, verá que la situación es especialmente negativa en las grandes unidades políticas, y mucho mejor en las pequeñas. Quien desee libertad, paz y prosperidad para la humanidad, debe trabajar para fragmentar las grandes unidades políticas en muchas otras pequeñas, lideradas por personas que aspiren a gestionar sus asuntos en el mundo de manera libre, voluntaria y pacífica.
Traducción: Ms. Lic. Cristian Vasylenko
