Falacias del redistribucionismo

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    A medida que, endeudados y derrochadores, los estados muestran un apetito creciente por recaudar ingresos, cobran fuerza los llamamientos a gravar la riqueza y el patrimonio. Estas propuestas suelen ser justificadas señalando la desigual distribución de la riqueza, y argumentando que una redistribución forzosa podría estar justificada para corregir dicha situación.

    Dejaré para otro momento la cuestión sobre si transferir riqueza al estado equivale a redistribuirla “hacia otros”. Aquí me interesa analizar las falacias que subyacen a la supuesta justificación de tales medidas. La más notoria y común de ellas es la idea de que una mayor igualdad es, por sí misma, deseable. No obstante y teniendo en cuenta la reciente exposición de Sebastian Wang sobre el distribucionismo[[1]], me centraré principalmente en si existe un argumento moral más amplio que respalde la tesis de que “la propiedad productiva debe ser distribuida de la manera más extensa posible”. Es decir, si una propiedad ampliamente repartida fomenta la independencia, la responsabilidad, la estabilidad familiar y la virtud cívica, surgiendo la mayor igualdad sólo como consecuencia indirecta (lo que, a mi juicio, constituye un argumento más interesante y ponderado). Bajo este enfoque, limitaré la discusión a los activos productivos tangibles –fábricas, maquinaria, herramientas, tierras, inmuebles comerciales, etc.– y a los derechos de propiedad sobre empresas que poseen dichos activos (por ejemplo, acciones). Quedan fuera de este análisis tanto los bienes personales de los individuos acaudalados (como grandes mansiones, joyas o automóviles de lujo) como los activos intangibles, tales como el fondo de comercio capitalizado, la propiedad intelectual o los secretos comerciales[[2]].

    Antes de continuar, aclaro que el patrón actual de distribución de la riqueza no es fruto exclusivo del intercambio voluntario. Gran parte de la misma deriva de privilegios estatales, favores políticos, proteccionismo regulatorio, restricciones urbanísticas, inflación monetaria y otras formas de intervención. En particular, la inflación ha dificultado progresivamente que los asalariados adquieran activos, al tiempo que ha beneficiado a quienes tienen acceso más directo al dinero fresco y al crédito recién creados. Simultáneamente, si el lema “no tendrás nada y serás feliz” refleja un objetivo político serio de la izquierda, la renovada defensa de la propiedad privada podría actuar como importante contrapeso político. Sin embargo, mi preocupación aquí se centra en los patrones de propiedad que surgen del intercambio voluntario y de la libertad económica, y en si existe alguna justificación para interferir en tales patrones –o criticarlos– simplemente porque generan resultados “desequilibrados”, “no igualizantes”, o que supuestamente perjudican el florecimiento de otras personas. Por tanto, cualquier referencia a personas adineradas, fortunas o distribuciones existentes tiene carácter meramente ilustrativo, y no debe ser interpretado como respaldo a ninguna propiedad en particular.

    La riqueza no es un montón acumulado

    El primer problema es de índole metodológica y ontológica: la “riqueza” no existe en la naturaleza como un acervo preexistente a la sociedad, listo para ser repartido, sino que debe ser producida. Tampoco existe, una vez producida, como una masa gigante y homogénea denominada “la riqueza”, creada por el esfuerzo colectivo de “la sociedad” o “la nación”, como si se tratara de un enorme pastel de cumpleaños del cual “los ricos” impidieran que los demás recibieran una porción.

    Lo que existen son bienes, activos y derechos específicos, producidos o adquiridos por personas concretas, en momentos y lugares determinados, y con fines específicos. Nadie produce “riqueza” en abstracto. Los individuos producen fábricas, máquinas, herramientas, edificios, programas informáticos, vehículos, inventarios, granjas, minas y empresas concretas. Estos elementos adquieren valor únicamente porque alguien ha tomado recursos del estado natural y los ha organizado para satisfacer una necesidad humana específica. De hecho, la única razón por la que sabemos que la propiedad de una fábrica puede ser distribuida, es porque dicha fábrica ya existe y está produciendo, mientras que toda la arena del Sahara no suscita tal demanda.

    Cualquier propuesta de distribución debe, por tanto, tener como objetivo un propietario específico y un activo específico, y explicar por qué dicho activo debería dejar de servir a los fines que actualmente cumple. Si usted no es una de las personas que produjo, adquirió, financió, mantuvo u obtuvo ese activo mediante un intercambio, entonces su exigencia de “distribución de la riqueza” constituye una pretensión –jurídica o moral– sobre algo que otra persona hizo productivo. Usted está exigiendo que un activo –que otra persona construyó, organizó, preservó o sobre el cual asumió riesgos– sea desviado de sus fines actuales para servir a propósitos que usted prefiere, a costa de esa persona.[[3]]

    Tampoco sirve de respuesta recurrir a la idea de lo colectivo e insistir en que la riqueza es producida por la “sociedad”, de la que quien reclama forma parte. La sociedad no es una organización con un carnet de afiliación que otorgue a un participante concreto –por el mero hecho de haber nacido– el derecho a una parte fija de lo que otra persona haya producido. Más bien, se trata de una abstracción que engloba la vasta red de cooperación entre individuos: comprar, vender, trabajar, prestar, ahorrar, invertir, contratar, enseñar, construir, transportar, reparar e intercambiar. Estas acciones no son realizadas por un colectivo indiferenciado, sino por personas concretas que mantienen relaciones específicas entre sí.

    Cuando un bien o activo concreto es creado, la cuestión relevante no es si su creador vivía dentro de un orden social más amplio. Todos lo hacen. La pregunta es quién aportó recursos valiosos para dicho activo y bajo qué condiciones. Los trabajadores, proveedores, prestamistas, propietarios, ingenieros, contratistas, asesores y clientes que participaron en su creación u operación, no eran representantes fantasmales de la “sociedad”. Eran partes concretas que realizaban intercambios específicos, generalmente a cambio de una remuneración acordada mutuamente. Una vez abonados dichos recursos, el mero hecho de que otras personas existan dentro del mismo orden social, no les otorga derecho alguno sobre el activo resultante.

    Podría argumentarse que la producción depende del lenguaje, el derecho, la cultura, la educación, el conocimiento heredado y un sinfín de condiciones de fondo. Es cierto, pero ello no justifica una pretensión genérica de la “sociedad” sobre cualquier resultado productivo, ya que tal derecho siempre debe recaer sobre individuos concretos. Estas condiciones de fondo son, a su vez, producto de innumerables acciones, instituciones, pagos, costumbres e intercambios pasados; ninguno de ellos identifica a un reclamante vivo en particular, ni vincula una deuda específica con cada activo puesto en uso productivo. Una condición de fondo no escasa no equivale a una contribución impaga; afirmar que la cooperación social hace posible la producción, no significa que cada miembro de la sociedad haya contribuido a producir cada bien concreto.

    Nada de ésto implica que las personas no deban ser caritativas con aquéllos que realmente no pueden producir bienes por sí mismos ni ofrecer valor a cambio. Sin embargo, bien entendida, la caridad consiste en personas concretas que ofrecen algo a destinatarios concretos por motivos que el donante considera valiosos. Por lo general, surge en el seno de familias, amistades, iglesias, comunidades locales, asociaciones de ayuda mutua, y otras relaciones en las que es posible ejercer cierto grado de conocimiento personal y de criterio propio.

    En cualquier caso, entre los adultos en edad laboral, la necesidad de recibir apoyo debido al desempleo, la enfermedad, la discapacidad, la incapacidad, el duelo, las dificultades pasajeras o la desgracia personal, debería ser algo excepcional, no la norma. Una sociedad sana puede caracterizarse por la caridad hacia la viuda, el huérfano, la persona con discapacidad, el desempleado temporal, el trabajador accidentado, la madre abandonada, el comerciante en quiebra, o la familia azotada por la enfermedad. Pero cuando esta necesidad es convertida en una situación masiva y permanente, gestionada por enormes burocracias y financiada mediante la recaudación obligatoria a personas desconocidas, ya no estamos hablando de caridad en ningún sentido auténtico. Un estado de bienestar a escala industrial no “extiende” la caridad, sino que la transforma en un derecho impersonal impuesto por el estado. El criterio personal cede el paso a normas de elegibilidad; la generosidad, a la imposición; la responsabilidad individual, a la gestión administrativa; y el beneficiario deja de ser un vecino necesitado, para convertirse en un solicitante procesado por un sistema. Es conservado el lenguaje moral de la caridad, pero el acto en sí ha sido desvinculado de quien da, de quien recibe, y de la relación concreta entre ambos.

    Por tanto, la moralidad de la caridad ciertamente no implica que toda persona, por el mero hecho de existir en un mismo país o sociedad, adquiera un derecho sobre cualquier activo productivo en manos de los demás. El hecho de que una persona viva en el sur de Inglaterra, no le otorga derecho alguno sobre la riqueza de alguien situado en el extremo norte de Escocia, y mucho menos sobre la de alguien que se encuentre aún más lejos. De hecho, si la “redistribución” ha de ser convertida en un mantra, cabe preguntarse: ¿hasta dónde llega? ¿A una localidad? ¿A un condado? ¿A un país? ¿O al mundo entero? ¿Cuál de estos ámbitos es relevante y por qué?

    Estas consideraciones son importantes porque el análisis socialista no suele partir de la “equidad” en abstracto, sino de una concepción metafísica diferente de la sociedad humana. El pensador austro-libertario parte del individuo frente a la naturaleza, la escasez y la incertidumbre, y se pregunta cómo surgen la propiedad, el intercambio, los contratos y las instituciones para facilitar la cooperación social.

    La tendencia socialista, en cambio, comienza por la sociedad (o el ser humano como especie colectiva) considerada como una entidad preexistente; trata la riqueza como un fondo que debe ser asignado, y considera que los resultados desiguales no son fruto de condiciones naturales y voluntarias, sino de una distribución de propiedad e intercambio viciada por las instituciones. Desde esta perspectiva, la riqueza no es entendida tanto como algo creado mediante el juicio individual, el ahorro, la asunción de riesgos, la producción y el intercambio, sino más bien como algo que es distribuido en función del poder social. Si hay personas ricas, es asumido que han prosperado explotando a otras. Si persiste la pobreza, se deduce que la abundancia ha sido retenida. Si existe conflicto, su causa es atribuida a alguna estructura social. El resultado es que las mismas instituciones que el libertario considera soluciones a la escasez, son reinterpretadas como causas de la privación.

    Sólo rechazando la noción de “riqueza” como acervo colectivo preexistente es posible cuestionar esta visión distorsionada. La riqueza no es un fondo social a la espera de ser repartido, sino el resultado de actos concretos de producción, ahorro, asunción de riesgos, intercambio y ejercicio de la propiedad. Por tanto, la cuestión no es cómo debería la “sociedad” distribuir “su” riqueza, sino por qué una persona concreta debería tener derecho a disponer de un activo específico producido, adquirido o mantenido por otra persona concreta.

    Medición de la distribución

    Otro aspecto que pasan por alto los argumentos redistribucionistas es el siguiente: ¿qué estamos midiendo exactamente cuando hablamos de la “distribución” de la riqueza productiva? ¿Cómo determinamos si alguien tiene “demasiado”? No podemos limitarnos a sumar todas las fábricas, herramientas, máquinas, minas, edificios de oficinas comerciales y otros bienes de capital, ya que se trata de unidades heterogéneas. Por consiguiente, debemos valorar su importe monetario. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Nos referimos a su costo original? ¿A su valor contable? ¿A su costo de reposición? ¿A su última cotización de mercado? Cada una de estas opciones ofrecería una imagen totalmente distinta.

    La medida que solemos utilizar –y que, convenientemente, genera las mayores brechas en el llamado “patrimonio neto”– es alguna variante de la valuación actual de mercado. Ésto implica estimar la cantidad de dinero que un bien obtendría hipotéticamente si fuese vendido hoy. Sin embargo, dicha medida crea ilusiones, sobre todo cuando la riqueza en cuestión está compuesta por unidades fungibles, como las acciones.

    Tras la reciente salida a bolsa de SpaceX, por ejemplo, la mayor parte de la fortuna de Elon Musk –valuada en aproximadamente U$S 1 billón– está constituida por acciones de dicha empresa y de Tesla. Estas cifras son obtenidas tomando el precio al que cambió de manos la última acción marginal, multiplicándolo por el número total de acciones que posee Musk –¡y listo!–, y declarando que Musk “tiene” U$S 1 billón.

    No obstante, la acción marginal negociada en el mercado no es económicamente equivalente a un bloque grande y concentrado en manos de un fundador o presidente. Una acción representa un derecho pequeño y líquido, que conlleva un control insignificante; un bloque de control constituye un bien económico distinto, potencialmente ilíquido, indivisible en la práctica y vinculado con el control de la propia empresa. Del mismo modo que el valor de cinco manzanas ofrecidas como una sola unidad no puede ser simplemente deducido multiplicando por cinco el precio de una manzana individual, el valor de una participación accionaria concentrada no puede ser establecida meramente multiplicando el precio de la acción marginal por el número total de acciones poseídas. Los precios de mercado revelan lo que alguien estuvo dispuesto a pagar por una cantidad limitada dadas las condiciones existentes, no lo que podría ser obtenido por un bloque de control completo si fuese sacado al mercado de una sola vez.

    Del hecho de que una acción de Tesla o SpaceX haya cambiado de manos a un precio elevado, tampoco se deduce que Musk haya obtenido una ganancia económica real. Un aumento –sobre el papel– de la valuación marginal, no equivale a regalarle a Musk una suma de dinero disponible para el gasto, ni a incrementar su capacidad de mando sobre recursos económicos.[[4]] La ganancia sigue siendo condicional, revocable y dependiente de un intercambio futuro, cuya propia magnitud alteraría las condiciones que determinaron el precio cotizado.

    La imprecisión de calcular la riqueza de esta manera se hace patente para la gente común en Estados Unidos de forma más cruda a través de los impuestos sobre la propiedad. Supongamos que compra una casa por U$S 100.000, sobre la que el estado aplica un impuesto anual a la propiedad de 1%. Si se asume que ese precio equivale al “valor de mercado” del inmueble, usted queda obligado a pagar una cuenta fiscal anual de U$S 1.000; una cifra nada despreciable, pero posiblemente no una carga abrumadora si se cuenta con un salario holgado. Sin embargo, si un funcionario público decide más tarde que otra persona podría –posiblemente, hipotéticamente, algún día– pagar U$S 1 millón por su casa, la cuenta fiscal se dispara a U$S 10.000 anuales. Y ésto ocurre a pesar de que se trata de la misma casa física, Ud. mantiene el mismo empleo, y Ud. no ha experimentado ningún aumento de ingresos. Lo que ha cambiado es la valuación; su capacidad real de disponer de bienes no ha variado.

    Por tanto, cualquier debate serio sobre la propiedad, debe distinguir entre ingresos realizados, capital productivo, valuación de mercado, liquidez y poder adquisitivo real. Una estimación mucho más conservadora del patrimonio neto mediría los activos ya sea a su valor de costo o a su valor de mercado, tomando el menor de ambos. De repente, descubriríamos que muchos multimillonarios “sobre el papel” –incluso aquéllos que obtuvieron su riqueza gracias a favores estatales– no lo son en absoluto en términos reales. Y, por supuesto, en una auténtica economía de mercado con una moneda sólida, la mayoría de las valuaciones no estarían infladas por la expansión monetaria.

    La falacia de los beneficios

    Quizás la mayor falacia en casi cualquier argumento a favor de la “redistribución”, sea la idea de que un elemento de riqueza sólo reporta beneficios a quien lo posee.[[5]] Aunque las críticas basadas en la desigualdad comparten esta creencia errónea, la misma conduce a argumentos más sofisticados. En la exposición de Wang, por ejemplo, el distribucionismo es presentado apoyándose en parte en la idea de que la propiedad confiere “seguridad” e “independencia” a sus titulares, mientras que la ausencia de propiedad deja a los demás en un estado de “dependencia”. La implicancia es que cualquiera que no posea bienes productivos queda reducido a una especie de servidumbre económica, luchando por las migajas a los pies de la mesa del señor. La sección anterior ya debería apuntar a una razón por la cual nadie es jamás rico de manera “independiente”. Pues, si bien uno puede poseer objetos físicos de forma independiente, no puede poseer su valor de mercado. En otras palabras, uno es considerado “rico” sólo porque otras personas están dispuestas a pagar un precio elevado por lo que uno posee. En el momento en que dejan de hacerlo –como ocurre en muchas crisis bursátiles–, la riqueza puede esfumarse, aunque uno siga teniendo las mismas posesiones en sus manos.

    De todos modos, la simbiosis entre propiedad y beneficios es aplicable en gran medida a los bienes de consumo, ya que el acto de consumir suele beneficiar únicamente al consumidor que posee el bien. Por ejemplo, si quiero comerme una manzana legítimamente, debo ser su dueño. A menos que uno obtenga un placer indirecto al verme saciar mi apetito, el hecho de que yo coma la manzana no le reporta ningún beneficio.

    Sin embargo, ésto no ocurre con los bienes de producción o de capital, que constituyen etapas intermedias en la producción masiva de bienes de consumo cuyos beneficiarios son otras personas. Yo no poseo pozos petrolíferos, pero me beneficio enormemente de su existencia como fuente de productos derivados del petróleo que deseo comprar a precios que estoy dispuesto a pagar. Del mismo modo, no soy dueño del supermercado, el gimnasio o el cine de mi localidad, pero claramente me beneficio con tener estos servicios a mi disposición.

    Por otra parte, el propietario de un pozo petrolífero no obtiene un beneficio directo. No puede quemar todo el petróleo para su propio consumo, del mismo modo que el dueño de un supermercado no puede comerse todos los alimentos de las estanterías. Por consiguiente, los propietarios de bienes de capital no se vuelven “independientes” en virtud de dicha propiedad. Musk no puede gestionar él solo su fábrica de Tesla, igual que uno de sus trabajadores no puede producir, con sus propias manos, suficiente comida para alimentarse. Más bien, depende de proveedores dispuestos a suministrar insumos a precios viables, de empleados dispuestos a aceptar los salarios ofrecidos, de clientes dispuestos a comprar sus productos y, en última instancia, de la rentabilidad sostenida de toda la operación.

    La cuestión relevante, por tanto, no es la dicotomía entre dependencia e independencia, sino la interdependencia recíproca. Los trabajadores dependen de los empleadores para percibir un salario; los empleadores dependen de los trabajadores y de los clientes. Los productores dependen de los consumidores; los consumidores dependen de los productores. Ningún participante es soberano sobre los demás; cada uno debe seguir ofreciendo algo que los otros valoren.

    La razón por la que, como resultado de nuestra interdependencia, algunas personas terminan poseyendo más bienes productivos y otras menos, es porque la propiedad del capital productivo forma parte de la división del trabajo, que la gente prefiere delegar en otros en lugar de gestionarla ella misma. Porque la distribución de la propiedad productiva no es simplemente la distribución de riqueza, dignidad o una participación. Es la distribución del riesgo, la incertidumbre, la responsabilidad, la dificultad de tomar decisiones y la posibilidad de la ruina financiera. Cuando la gente habla con entusiasmo de dar a todos “acciones en empresas locales”, uno tiene derecho a preguntarse si también desean asistir a juntas de accionistas, examinar los informes anuales, analizar minuciosamente los estados de resultados y los balances, evaluar las inversiones de capital, nombrar directores y arriesgarse a ver desaparecer sus ahorros tras una mala decisión. Al no ser propietario de mi supermercado local, evito todo ésto, por no mencionar la carga de encontrar personas para reponer los estantes, mantener el equipo, negociar contratos de suministro, o preguntarme si la empresa seguirá siendo solvente el año que viene. Y, francamente, no quiero asumir estas tareas sólo porque alguien más piense que la propiedad debería estar más dispersa. En cambio, sólo pago por la pequeña parte de los servicios que la empresa presta y que satisfacen mis necesidades.[[6]]

    Por lo tanto, la propiedad no es una banda ceremonial que es entregada para que todos se sientan incluidos, sino una función que algunas personas desempeñan mejor (o hacia la que tienen mayor inclinación) que otras. Si ciertos individuos son mejores para reunir capital, evaluar la incertidumbre, organizar la producción y atender a los consumidores, no hay ninguna injusticia evidente en que ejerzan mayor control sobre los activos productivos. Distribuir ese control en personas menos capaces, con el fin de crear un modelo de propiedad estéticamente agradable, puede simplemente destruir el valor que, en primer lugar, justificaba su distribución. Ésto no debería ser más controvertido que decir que algunas personas son mejores cantantes de ópera o futbolistas de élite. No respondemos a la distribución desigual de la habilidad deportiva exigiendo una mayor distribución de los derechos de juego en Wembley, ni subiendo a un cantante desafinado al escenario de Covent Garden.

    De hecho, estos ejemplos ilustran que, si queremos hablar en términos de quién tiene “poder” económico, el factor decisivo no es la propiedad, sino la escasez. Neurocirujanos, ingenieros, arquitectos, atletas de élite y estrellas de cine pueden no poseer medios de producción significativos, pero aun así ejercen más poder económico que el dueño de una tienda de barrio, quien técnicamente sí los posee. Sus habilidades y capacidades son más demandadas en relación con su oferta, y la sociedad se beneficia cuando se especializan en esas habilidades en lugar de dedicarse a gestionar capital productivo. Por lo tanto, las recompensas tienden a fluir hacia quien ofrece el bien más valioso, que trasciende las categorías económicas. Hay propietarios ricos y otros que fracasan, al igual que hay actores de primera línea y otros que luchan por conseguir un papel.

    Cuando las recompensas económicas dependen de la oferta y la demanda, el patrón de propiedad resultante no es impuesto a los consumidores y trabajadores, sino que surge de sus decisiones. El mercado no es una máquina cuya producción es juzgada según un patrón preestablecido de propiedad o producción. Es el proceso mismo mediante el cual, en una vasta economía de millones de personas, son expresadas, conciliadas y descubiertas las preferencias sobre el uso y control de los recursos. No existe un método independiente mediante el cual “la población en su conjunto” pueda revelar primero un patrón de propiedad preferido, y luego instruir al mercado para que se ajuste al mismo. Lo que los individuos consideran mejor para sí mismos queda revelado a través de los intercambios que eligen realizar. Si el patrón resultante ha de ser modificado de manera coherente con esas preferencias debe serlo, por lo tanto, mediante nuevas decisiones voluntarias dentro del propio mercado. Cualquier otro método necesariamente sustituye las preferencias de algunas personas por las de otras.

    Así pues, la idea de que la “distribución” resultante deba ser corregida o ajustada, ignora el hecho de que, en condiciones de libertad económica, las personas ya poseen los medios para lograrlo mediante sus propias decisiones. Gastar dinero con un proveedor en lugar de otro, es confiarle mayor poder adquisitivo al primero y negárselo al segundo. Aceptar un trabajo con un empleador en lugar de otro, es apoyar la empresa del primero en lugar de la del segundo. Ahorrar, invertir, prestar, consumir o abstenerse de consumir implica, asimismo, alterar la estructura de propiedad marginal. Si, a pesar de tener la libertad de dirigir su trabajo y gasto para lograr una distribución más equitativa de los recursos, las personas favorecen repetidamente a las empresas que ofrecen precios más bajos, mejores productos o salarios más altos, entonces ese patrón de propiedad refleja sus preferencias demostradas con mayor fidelidad que cualquier patrón propuesto por un observador crítico.

    Por tanto, el mercado es a la vez el vehículo mediante el cual son distribuidos los recursos según las preferencias individuales, y el medio epistémico gracias al cual dichas preferencias llegan a ser conocidas. Exigir una estructura de propiedad distinta a la que surge espontáneamente, no complementaría las preferencias de las personas, sino que las anularía en favor de la concepción que otra persona tenga sobre cómo debería ser dicho patrón. Así, en el caso del distribucionismo, aunque el principio de una propiedad ampliamente difundida no tiene por qué ser técnicamente incompatible con la libertad, en la práctica un distribucionista bien podría sucumbir a la “tentación autoritaria”. Según señala Wang:

    Si el distribucionismo ha de seguir siendo una doctrina de libertad y no una estética del paternalismo, debe respetar la asociación voluntaria, la seguridad de los derechos de propiedad, el estado de derecho, la libertad de contratación y los límites al poder estatal. El estado puede eliminar las barreras que dificultan la pequeña propiedad. Puede acabar con los privilegios concedidos a los grandes intereses. Puede favorecer estructuras fiscales que ayuden a las familias a adquirir activos. Puede reformar la legislación urbanística, la bancaria, las normas de sucesión y los privilegios corporativos. Pero no debe intentar controlar minuciosamente cada hogar, oficio, dieta, taller o parroquia. Ese camino no conduce a la alegre Inglaterra de Chesterton, sino a otra prisión burocrática.

    Nada de ésto significa que no deba ser adoptada –como postura moral– la defensa de que cada vez más personas se conviertan en propietarias. Es muy posible que existan beneficios personales y sociales cuando más personas emprenden ese camino. Sin embargo, ello no tiene que ver con la “distribución” –término que suele referirse a la repartición de la riqueza ya existente–, sino con la creación de nueva riqueza. Pues la riqueza no es una tarta de tamaño fijo, sino que se expande; el hecho de que una persona abra un negocio, no obliga a otra a cerrar el suyo. El resultado será, por tanto, que las posesiones actuales se diluyen como porcentaje de una cantidad creciente de activos en propiedad, pero nada es “distribuido”.

    Aun así, la idea de que las personas deberían aspirar a la propiedad no difiere mucho de decir que deberían cultivar sus propios alimentos o aprender a realizar reparaciones domésticas por su cuenta. Puede haber buenas razones para hacerlo
    –en ocasiones y para ciertas personas—, pero también puede haberlas para no hacerlo. Cada hora que un neurocirujano dedica a gestionar capital o a cultivar sus propios alimentos, es una hora que no puede dedicar a ayudar a personas que necesitan una neurocirugía. La esencia misma de una economía de mercado es que no es necesario dedicar tiempo a intentar hacer todas esas otras cosas uno mismo.

    La naturaleza es el enemigo

    Al contrastar al distribucionista con el libertario, Wang señala:

    El desacuerdo [del distribucionista] no es con la libertad, sino con una concepción estrecha de la libertad que considera suficiente la ausencia formal de coacción. Un hombre puede ser legalmente libre y, sin embargo, estar desamparado económicamente. Si no posee nada –sin ahorros, sin tierras, sin herramientas, sin un oficio independiente y sin perspectivas realistas de adquirir nada de ésto–, su libertad se vuelve frágil. No es un esclavo ante la ley, pero vive en condiciones de dependencia.

    Esta postura distribucionista sencillamente repite un error conceptual recurrente en el pensamiento igualitario, socialista y (re)distribucionista: la confusión entre libertad –entendida como la ausencia de coacción por parte de otras personas– y poder sobre la naturaleza, es decir, la capacidad de escapar de la pobreza, el hambre, la intemperie, la enfermedad y la inseguridad.

    La indefensión económica no surge de la ausencia de una propiedad distribuida; es la condición natural de la que nos rescatan la producción y el intercambio. Un hombre no posee nada –ni ahorros, ni tierras, ni herramientas– hasta que estos bienes han sido producidos o adquiridos. Si él mismo no los produce, alguien más debe hacerlo. En condiciones de intercambio voluntario, cuando otros producen y poseen activos productivos, no por ello lo hacen dependiente en un sentido servil; más bien, ponen esos activos a su servicio. Si ellos son más capaces que él a la hora de poseer, operar y mantener dichos activos, entonces su situación mejora gracias a la propiedad de ellos, no empeora.

    Por tanto, el enemigo último en la lucha por la “independencia” no son, en su mayor parte, las otras personas, sino la naturaleza. Buscamos la cooperación social mediante la división del trabajo, porque una independencia literal equivaldría a una sentencia de muerte. No existe ni una sola persona en la Tierra capaz de fabricar por sí misma todo lo necesario para elevar su vida, aunque sea mínimamente, por encima de los niveles más bajos de pobreza. La independencia económica, por tanto, no viene determinada por la cantidad de activos productivos que uno posee personalmente, sino por la medida en que el progreso económico general ha multiplicado sus opciones. Consiste en contar con más personas dispuestas a comerciar con uno, más empleadores dispuestos a adquirir su fuerza de trabajo, más empresas compitiendo por vender lo que uno necesita, y más dinero con el que acceder a los bienes y servicios de los demás. Una persona sin fábrica, pero con ahorros, calificación y numerosos posibles socios comerciales, puede gozar de mucha mayor seguridad que alguien que posee un pequeño taller incapaz de pagar sus facturas.

    Para la mayoría de las personas, la seguridad reside menos en la propiedad directa de bienes productivos fijos, que en el poder adquisitivo líquido. En un mercado verdaderamente libre con moneda sólida –en el que los ahorros en efectivo no se ven constantemente destruidos por la inflación monetaria–, la persona común estaría mejor protegida acumulando activos líquidos que vinculando su fortuna con tierras, herramientas o una pequeña empresa que tal vez no tenga la capacidad, el tiempo o el deseo de administrar. El dinero ofrece opciones, mientras que la propiedad fija conlleva una responsabilidad que quizás no pueda asumir. Pero incluso si una persona aspirara a ser propietaria, necesitaría ahorros, y es precisamente el aumento de los ingresos reales que proporciona la propiedad especializada de los medios de producción lo que hace posible dicho ahorro para la gente común.[[7]]

    Conclusión

    Una persona no necesita poseer acciones, una fábrica o un negocio, para participar plenamente en una economía libre o para vivir una vida sana, independiente y responsable. Se beneficia con el capital porque otras personas lo poseen, lo organizan, lo arriesgan y lo utilizan para producir bienes y servicios que valora. Puede vender su fuerza de trabajo, adquirir habilidades, ahorrar dinero, elegir entre diferentes empleadores, apoyar a la competencia, invertir si lo desea, y reorientar sus esfuerzos cuando surjan mejores oportunidades. La propiedad directa de bienes productivos es una posible función dentro de la cooperación social, no la condición definitoria de la independencia.

    Por lo tanto, la tarea fundamental que enfrentamos no es buscar maneras de distribuir la propiedad productiva, sino hacernos valiosos para los demás. En una sociedad libre, la prosperidad es creada satisfaciendo las necesidades humanas, ya sea mediante el trabajo, la iniciativa, el ahorro, la inversión, la invención, el criterio, o una combinación de éstos. Cada persona contribuirá de manera diferente, y no hay razón para suponer que todos deban desempeñar la misma función económica.

    La libertad no exige que todos se conviertan en propietarios, sino que cada persona sea libre de adquirir propiedades, ofrecer sus habilidades, participar en el intercambio, rechazarlo, ahorrar, invertir y desempeñar el rol para el que esté mejor capacitada. La salida de la pobreza no es un modelo de propiedad impuesto, sino la cooperación social en libertad: servir a los demás de la manera que podamos, y permitirles hacer lo mismo.

    La necesidad de ser persistentemente valioso para los demás revela la ironía final del falaz fervor redistributivo: que la economía de mercado es posiblemente la mejor protección contra las concentraciones excesivas y permanentes de riqueza. Ningún empresario, inversor o gerente puede dirigir recursos ilimitados con igual éxito. La atención, el criterio, el conocimiento y las oportunidades rentables son escasos y sólo pueden ser dirigidos en cantidades finitas. A medida que las empresas y las fortunas crecen, se vuelven más difíciles de ser gestionadas, mientras que la burocracia, los errores de cálculo y las deseconomías de escala se multiplican. En el límite, una empresa que absorbiera todo un mercado, comenzaría a reproducir el problema de cálculo del socialismo, porque la administración interna reemplazaría el intercambio genuino, y los precios de mercado necesarios para guiar la producción, desaparecerían.

    Por lo tanto, la riqueza permanece segura sólo mientras su propietario continúe utilizándola de maneras que beneficien a otros mejor que otros usos alternativos; razón por la cual, tras haberse beneficiado con el mercado, a menudo los exitosos buscan protección en la verdadera fuente de desequilibrio, de injusticia y de desigualdad: el estado.

     

     

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    Notas

    [[1]] Wang se refiere a esta doctrina como “distributivismo”; yo usaré el término más común “distribucionismo”.

    [[2]] El hecho de que los estados modernos promuevan la socialización de bienes genuinamente escasos, mientras que, al mismo tiempo, se inclinan hacia el extremo opuesto de privatizar información no escasa, revela una curiosa inconsistencia en la retórica de la redistribución. La propiedad tangible, cuyo control exclusivo es necesario para evitar conflictos, es considerada disponible perpetuamente para impuestos y redistribución; las ideas y la información, que pueden ser copiadas sin privar a su creador de su uso, gozan de una exclusividad artificial mediante la protección de la propiedad intelectual y los secretos comerciales. Cabría pensar que, si los gobiernos estuvieran verdaderamente comprometidos con la “igualdad”, promoverían la distribución de ideas con igual fervor. ¿Por qué no, por ejemplo, obligar a Coca-Cola a revelar su fórmula para que todos pudieran elaborarla? La respuesta, muy posiblemente, es que los estados no están interesados ​​en la democratización general de los activos económicamente útiles, sino en controlar y reasignar los activos que sirven a fines políticos específicos.

    [[3]] Éste es el defecto fundamental que atraviesa los conceptos de “posición original”, “velo de la ignorancia” y “principio de diferencia” de John Rawls (Rawls, John, A Theory of Justice, ed. revisada, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999). Las cuestiones de justicia no surgen en torno de un acervo abstracto de recursos contemplado por seres desinteresados, sino de conflictos relativos a bienes específicos que ya han debido ser producidos, adquiridos, mantenidos o intercambiados por alguien con un fin determinado. Tales hechos no son detalles accesorios, sino que constituyen la esencia del problema. Al prescindir de la identidad, el título de propiedad, la historia, la producción, el propósito y la posesión, Rawls no resuelve el conflicto entre pretensiones contrapuestas; simplemente lo elimina de la ecuación antes de considerar el acervo social resultante como algo disponible para su distribución.

    [[4]] Es cierto que los precios inflados de acciones u otros bienes pueden ser utilizados como garantía para obtener préstamos, pero ello también depende de que otro individuo acepte actuar como prestamista y no representa un aumento neto de los activos líquidos. El préstamo debe ser finalmente reembolsado, con intereses, y conlleva el riesgo de un patrimonio neto negativo si el valor de la garantía cae por debajo del importe del préstamo. Por tanto, endeudarse respaldándose en un activo inflado no equivale a materializar riqueza, sino a apostar a que el valor futuro y la capacidad de generar ingresos de dicho activo serán suficientes para cubrir la deuda. Muchas de las reiteradas quiebras empresariales de Donald Trump se debieron a fallas en este aspecto.

    [[5]] Para un análisis lúcido de este asunto, véase Reisman, George, Capitalism: A Treatise on Economics, Jameson Books, Ottawa, Illinois (1998), pp. 296-300.

    [[6]] La propiedad ampliamente distribuida de una misma empresa, también plantea el problema de la toma de decisiones. Si la propiedad es repartida entre demasiadas personas, la toma de decisiones puede quedar paralizada; alternativamente, el poder puede pasar en la práctica a manos de directivos, activistas o minorías organizadas, mientras los propietarios nominales permanecen pasivos. El llamado movimiento cooperativo ilustra esta dificultad, ya que difumina la distinción entre cliente e inversor-propietario, a pesar de que ambos roles no son idénticos. La mayoría de los clientes buscan los beneficios de un servicio, no las responsabilidades inherentes a la propiedad. Por tanto, en la práctica el control tiende a ser ejercido de manera desproporcionada por aquellos que disponen del tiempo, los incentivos y la posición institucional necesarios para actuar.

    Ésto también ayuda a explicar la insidiosa idea de que las empresas deben servir a las “partes interesadas” (stakeholders) en lugar de limitarse a los accionistas. Una parte interesada puede ser prácticamente cualquier persona: clientes, proveedores, vecinos, empleados, acreedores, inversores, grupos de presión o la comunidad en general; por consiguiente, representar a estos grupos dispersos exige necesariamente ampliar la discrecionalidad de los directivos o de los actores políticos. Así, es posible imponer decisiones políticas e ideológicas a las empresas en nombre de la “representación de las partes interesadas”, incluso cuando dichas partes ni son propietarias de la empresa, ni asumen sus pérdidas, ni están de acuerdo con la representación que es ejercida en su nombre.

    [[7]] Reisman, 299-300.

     

     

     

    Traducción del inglés: Ms. Lic. Cristian Vasylenko

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