En nuestro mundo occidental moderno, muchos justifican al estado y sus políticas partiendo de la falaz premisa de que el estado ‒y sólo el estado‒ es indispensable proveedor de servicios esenciales que el libre mercado no podría o no querría ofrecer, o que estarían insuficientemente provistos, de no ser por la intervención colectiva del estado. Este es el argumento de los “bienes públicos”.
Es un cliché que los defensores del estado pregunten a sus críticos, especialmente a los libertarios: “Pero sin el gobierno, ¿quién construiría las carreteras?” Resulta asombroso que haya sido más fácil convencer a la gente para que envíe a sus hijos a matar y morir en guerras, pagar impuestos exorbitantes, ver cómo su poder adquisitivo se esfuma por la inflación, y observar pasivamente la conducta criminal generalizada de las élites políticas, que convencerlos de que las carreteras podrían ser construidas sin el estado.
Si bien las carreteras y otras infraestructuras públicas son consideradas “bienes públicos”, existen ciertos servicios que han sido inextricablemente vinculados con el estado, de tal manera que la ausencia de éste implicaría la ausencia de dichos servicios: defensa nacional, seguridad colectiva, policía, tribunales, salud, educación, etc.
La teoría de los bienes públicos es presentada como una teoría económica científica y neutral en cuanto a valores. Sin embargo, implícitamente introduce presupuestos normativos que llevan a la conclusión de que el estado-nación moderno, y sólo el estado, debe proporcionar ciertos bienes y servicios esenciales, lo que legitima al estado y sus acciones como necesarias y legítimas. Históricamente, muchas aplicaciones de la teoría de los bienes públicos surgieron menos como demostraciones neutrales de la necesidad del estado, que como justificaciones retrospectivas de funciones que los gobiernos ya habían monopolizado.
Teoría hobbesiana + Teoría del contrato social/Presupuestos de consentimiento tácito + Presuposiciones neoclásicas = Un mito legitimador del estado
La teoría de los bienes públicos ‒y diversos argumentos a favor del estado basados en su premisa‒ es una peligrosa combinación de varias ideas falaces. Estos errores incluyen:
- La teoría del estado-nación moderno de Hobbes, defendiendo las supuestas necesidad y legitimidad del estado debido a la inseguridad.
- Diversas teorías del contrato social y supuestos de consentimiento tácito, sosteniendo que las personas no sólo necesitan al estado, sino que también están de acuerdo con el mismo.
- Supuestos económicos neoclásicos sobre el equilibrio como objetivo realista y normativo, las fallas del mercado y la competencia perfecta.
Cuando estas falaces teorías son combinadas, la teoría de los bienes públicos se convierte en una apología del estado.
Debido a los supuestos previos, incluso se argumenta que, dado que alguien utiliza bienes públicos ‒por los que debe pagar impuestos‒, todo lo que produce con éxito en dicho sistema pasa a estar bajo algún tipo de propiedad colectiva y bajo el control del estado. Por lo tanto, como el estado se atribuye el mérito del éxito, los resultados de ese alguien pueden ser legítimamente confiscados por el estado. Por ejemplo, según Barack Obama y Elizabeth Warren, respectivamente:
Si has tenido éxito, no lo has logrado solo. No lo has logrado solo. Siempre me sorprende la gente que piensa: “Bueno, debe ser porque era muy inteligente”. Hay muchísima gente inteligente por ahí. “Debe ser porque trabajé más que nadie”. Déjenme decirles algo: hay muchísima gente trabajadora. Si tuviste éxito, alguien te ayudó en algún momento. Hubo un gran maestro en tu vida. Alguien contribuyó a crear este increíble sistema estadounidense que nos permitió prosperar. Alguien invirtió en carreteras y puentes. Si tienes un negocio, no lo construiste tú solo. Alguien más lo hizo posible. Internet no se inventó solo.
Nadie en este país se ha hecho rico por sí mismo. Nadie. Construiste una fábrica, ¡enhorabuena! Pero quiero dejar claro que transportaste tus productos al mercado por las carreteras que todos pagamos; contrataste trabajadores cuya educación también pagamos; estabas seguro en tu fábrica gracias a la policía y a los bomberos que también pagamos; no tenías que preocuparte de que bandas de saqueadores vinieran a apoderarse de todo en tu fábrica ni de contratar a alguien para protegerla, gracias al trabajo que todos hicimos. Ahora bien, construiste una fábrica y se convirtió en algo magnífico, ¡qué gran idea! Quédate con una buena parte. Pero parte del contrato social subyacente es que tomes una parte y contribuyas al futuro de la próxima generación [a través del estado].
Sin duda, podrían ser formuladas numerosas críticas a las anteriores afirmaciones; sin embargo, este artículo se centra en el argumento de que la provisión colectiva de bienes públicos es la variable independiente de cualquier éxito. Si es aceptada la teoría de los bienes públicos, el estado deja de ser visto como una institución más dentro de la sociedad, para convertirse en la condición indispensable para la sociedad misma, el proveedor necesario de bienes colectivos esenciales, y el marco institucional del que, en última instancia, dependen la producción, el intercambio, el orden y la seguridad. En combinación con las teorías del contrato social y del consentimiento tácito, el uso continuado de los servicios estatales es considerada entonces evidencia de consentimiento público, obligación política y legitimidad de las intervenciones estatales.
La circularidad de los bienes públicos
Al examinar los argumentos, existen dos aspectos principales a considerar: la inconsistencia y/o la arbitrariedad. En otras palabras, un argumento debe ser internamente coherente, libre de contradicciones, y debe estar justificado. Uno de los errores más comunes en la argumentación es la petición de principio, la argumentación circular o el non sequitur (un salto injustificado). Si bien se distinguen entre sí, estas falacias implican argumentos que presuponen lo que pretenden demostrar.
Dicho ésto, el objetivo de este artículo es muy sencillo: la teoría de los bienes públicos presupone a menudo lo que pretende demostrar; a saber, que el estado es la condición indispensable de la producción, aun cuando el propio estado depende de la producción previa para contar con cada recurso de los que se apropia. El estado no tiene fuente independiente de riqueza y, por tanto, no puede ser la fuente última de la prosperidad que afirma posibilitar. En otras palabras, para que el estado exista y funcione, debe confiscar riqueza de la economía privada productiva; por consiguiente, no puede afirmar ser la base última de la riqueza y de la producción.
En un círculo vicioso, el estado primero confisca riqueza de los individuos productivos mediante impuestos, luego utiliza una parte de esa riqueza para proporcionar servicios y, finalmente, señala la existencia de esos servicios como prueba de que la riqueza misma depende en última instancia del estado:
- Los individuos privados crean riqueza mediante la producción y el intercambio voluntario;
- El estado, por naturaleza, extrae recursos de los productores privados de forma coercitiva mediante impuestos;
- El estado proporciona ciertos servicios como “bienes públicos” (por ejemplo, carreteras, defensa nacional, policía, tribunales, seguridad colectiva), a menudo tras monopolizar o desplazar a proveedores alternativos;
- Los particulares utilizan estos servicios estatales a pesar de estar obligados a financiarlos;
- La existencia y el uso de estos servicios financiados por los contribuyentes es entonces invocado para justificar al estado, sus intervenciones, y la afirmación de que el intercambio productivo y la creación de valor no podrían ‒o no existirían‒ sin la provisión estatal de “bienes públicos”.
De este modo, la productividad que presupone la actividad estatal, es transformada retóricamente en prueba de la indispensabilidad del estado.
En Human Action, Ludwig von Mises señala la circularidad de este tipo de argumentación respecto de los bienes de capital:
La historia no ofrece ningún ejemplo de acumulación de capital impulsada por un gobierno. En lo que respecta a la inversión gubernamental en la construcción de carreteras, ferrocarriles y otras obras públicas útiles, el capital necesario provino del ahorro de los ciudadanos, y fue obtenido mediante préstamos del gobierno. Pero la mayor parte de la deuda pública fue destinada a gastos corrientes. Los ahorros individuales fueron dilapidados por el gobierno.
Argumentos como los presentados por Obama y Warren implícitamente invierten el orden causal de la producción. El estado sólo puede proporcionar carreteras, escuelas, policía e infraestructura, una vez que los recursos han sido creados y acumulados dentro de la economía productiva. Sin embargo, el gasto público resultante es invocado como prueba de que la producción privada debe su existencia al estado.
Esta argumentación utiliza evidencia fabricada ‒la provisión estatal tras la monopolización‒ para demostrar la conclusión de la necesidad del estado, la que fue asumida en los pasos que generaron dicha evidencia. La teoría de los bienes públicos proporciona entonces una justificación funcional continua para la existencia, expansión y legitimidad del estado.
También cabe mencionar el elemento de monopolización estatal. El estado confisca la propiedad privada, monopoliza la seguridad, la administración de justicia y otros bienes y servicios, suprime o desplaza las alternativas, y luego se presenta como indispensable porque no existen competidores.
Resumen y conclusión
Para ser justos, y como este autor ha argumentado anteriormente, las condiciones institucionales son clave para el desarrollo y el mantenimiento de la riqueza: derechos de propiedad, libertad de intercambio, estado de derecho, moneda sólida, etc. Dicho ésto, a menudo se presupone que estas condiciones son resultado exclusivo de la institución del estado-nación moderno. Sin embargo, estas condiciones pueden existir en un contexto de descentralización, como en Europa y América.
Además, el argumento de los bienes públicos podría ser de grado, lo que constituiría un argumento en espiral, no circular. Por ejemplo, podría argumentarse que el estado, de hecho, depende de la producción y de la riqueza de la economía privada productiva para obtener ingresos, pero que los servicios colectivos que presta permiten mayor producción de riqueza en condiciones más estables. Ésto, sin embargo, dista mucho de decir a los productores gravados: “¡Ustedes no construyeron eso!”, y afirmar que deberían pagar más impuestos.
Dicho todo ésto, si bien existen elementos de este argumento de circularidad contra los bienes públicos en la literatura austro-libertaria ‒especialmente en Bastiat, von Mises, Rothbard y Hoppe‒ y más allá, parece que el argumento de circularidad simple, que implica la dependencia simultánea del estado respecto de la riqueza de la economía privada productiva, y la afirmación de que, en última instancia, el estado posibilita dicha riqueza, no ha sido expresado completamente. En otras palabras, este tema podría ser un buen punto de partida para futuras investigaciones. Por ejemplo, cabe señalar brevemente que la teoría de los bienes públicos introduce varias suposiciones cuestionables o injustificadas:
- Las suposiciones neoclásicas de competencia perfecta, conocimiento perfecto, condiciones de equilibrio y “provisión óptima”, de las cuales se infiere “la falla” del mercado;
- La falacia del nirvana, que consiste en comparar los mercados del mundo real con resultados ideales hipotéticos, tratar las desviaciones de la optimalidad teórica como un “falla” y, posteriormente, inferir la superioridad de la intervención política a pesar de los propios problemas de incentivos, cálculo, conocimiento y coordinación del estado;
- Que el estado ‒que necesariamente obtiene sus recursos de la economía productiva‒ es en sí mismo la base primordial de la creación de riqueza, la producción y el orden social;
- Que ciertos bienes o servicios no podrían, no deberían ni podrían surgir a través de instituciones voluntarias sin la provisión estatal;
- Que la actual provisión monopólica de ciertos servicios demuestra la necesidad o superioridad de la provisión estatal monopólica;
- Que la provisión estatal en sí misma no ha desplazado, prohibido, excluido ni impedido el surgimiento de instituciones voluntarias competidoras;
- Que el uso de servicios financiados con impuestos, implica el consentimiento tácito al orden político que los financia y monopoliza;
- Que la incapacidad de un individuo para imaginar una solución voluntaria o basada en el mercado, justifica la intervención coercitiva del estado.
Todos estos argumentos presuponen la necesidad de la provisión estatal, en lugar de demostrarla.
Traducción: Ms. Lic. Cristian Vasylenko
