Cualquier ciudadano brasileño que posea un mínimo grado de lucidez y discernimiento, sabe perfectamente que actualmente vivimos bajo una brutal y opresiva dictadura totalitaria. El gobierno federal brasileño y las autoridades establecidas no tienen restricciones ni límites de ningún tipo. Pueden congelar su cuenta bancaria, irrumpir en su domicilio, censurar judicialmente sus publicaciones en redes sociales, crear leyes arbitrarias sobre la propiedad privada, secuestrar a sus hijos cuando quieran, aumentar los impuestos sustancialmente a espaldas de la población, e incluso disparar primero y preguntar después. Y éstos son sólo algunos ejemplos básicos de todo lo que la camarilla gubernamental puede hacer en contra suya. Pueden hacer cosas mucho peores, totalmente amparados por la legalidad constitucional.
En el Brasil actual no existen límites ni restricciones para la actuación de las autoridades cuando se trata de imponer, de manera ostensiblemente agresiva, la voluntad del gobierno sobre la población. Los agentes del estado pueden hacer lo que quieran contra Ud., en el momento que deseen. Y para ello basta con tener a mano una orden judicial, insignificante documento emitido por las propias autoridades.
De hecho, no hay absolutamente nada que el gobierno brasileño no pueda hacer. Desde el ascenso de la actual dictadura judicial –que comenzó a castigar gradualmente a Brasil a partir de 2016–, innumerables ciudadanos brasileños han sufrido de manera aterradora la tiranía totalitaria del estado. La tiranía ha demostrado ser tan implacable, que incluso políticos y autoridades de la República se han convertido en víctimas de la opresión estatal.
Uno de los fundamentos de las leyes democráticas en Occidente siempre fue definir la jurisprudencia como un cuerpo legal que establecía barreras y limitaciones al estado, con el objetivo de salvaguardar las libertades individuales de los ciudadanos y frenar los abusos de poder por parte de las autoridades. Ésto ha desaparecido por completo de nuestro país –si es que fuera que alguna vez existió.
En el Brasil contemporáneo, no existen límites ni restricciones para la intervención del estado. El omnipotente gobierno puede hacer todo lo que desee, conforme sus caprichos y objetivos. El ciudadano elegido como blanco del sistema es considerado el criminal de turno si se atreve a resistir. En otras palabras, el estado quiere cercarlo por todos lados, y no darle ninguna oportunidad de defenderse frente a él.
De hecho, con cada día que pasa, el estado brasileño se vuelve cada vez más peligroso. Leyes opresivas y arbitrarias, carga impositiva ostensiblemente asfixiante y creciente, regulaciones absurdas, totalitarismo omnipotente y tiranía judicial despótica, han sido convertidos en parte de la rutina política. El ciudadano brasileño común es rehén de una maquinaria burocrática sórdida, cruel e implacable, siempre dispuesta a intimidar, coaccionar, agredir, restringir, limitar y oprimir.
El individuo que resulta elegido como blanco del sistema no posee absolutamente ninguna defensa real frente al tiránico y despótico gobierno omnipotente. Carece de cualquier herramienta, mecanismo o recurso legal que le ofrezca protección efectiva, por mínima que ésta fuere.
Lamentablemente, cada día son implementados nuevos proyectos y medidas contra el ciudadano común, con el objetivo de erradicar aún más lo poco de libertad que le queda. Hace algunos meses vimos que los brasileños que deciden viajar por negocios, o incluso para hacer turismo interno, ahora deben registrar su entrada en hoteles y posadas a través del sitio web gov.br. Mediante aplicaciones que buscan rastrear todos sus movimientos, el gobierno quiere saber dónde se encuentra usted. Dígale adiós a su privacidad.
Por intentar mantener una fachada de democracia constitucional, el régimen actual cuenta con disposiciones legales que aparentemente protegen al ciudadano y le otorgan amplios recursos para su legítima defensa. Sin embargo, en la práctica tales recursos funcionan más bien como un sofisma jurídico para guardar las apariencias, destinado a conferir un barniz de legalidad institucional a la dictadura político-judicial. En realidad, estos recursos jurídicos son totalmente inútiles, ya que no protegen ni salvaguardan de manera efectiva al individuo frente a la tiranía del estado.
En el Brasil actual, cualquier persona puede acabar siendo procesada por cualquier cosa que declare públicamente o exprese en las redes sociales. No existe libertad para nada. No se goza de libertad de expresión, libertad financiera, libertad política, libertad de movimiento, libertad religiosa (especialmente si se es cristiano), derecho a la privacidad, ni ningún grado de autonomía individual. Ni siquiera se tiene libertad para practicar la educación en casa (homeschooling), y se puede ser encarcelado por el simple hecho de enseñar a sus hijos. En el Brasil contemporáneo, uno es simplemente un esclavo del estado. Un esclavo en todos los sentidos posibles e imaginables. Ni siquiera el totalitarismo stalinista regulaba la vida de los ciudadanos con detalles tan rígidos, meticulosos y pormenorizados.
Ésto es tan cierto, que el brasileño común ya no se impresiona ante las bestiales monstruosidades perpetradas por el llamado “estado democrático de derecho” (título con el que las autoridades establecidas denominan a la actual dictadura).
Somos esclavos de una tiranía nefasta, que ve al ciudadano como un siervo mediocre, vulgar e insignificante, obligado a limitarse a hacer todo lo que el omnipotente gobierno ordena. Si se resiste, el culpable es uno mismo; no el intrusivo, agresivo, opresivo, despótico, autoritario, vil, perverso, sádico, funesto y omnipresente Leviathan. Para agravar esta situación excepcionalmente sórdida, la narrativa del sistema político actual se posiciona siempre en contra del individuo y a favor del estado omnipotente. Evidentemente, su situación empeora considerablemente si usted tiene opiniones políticas consideradas indeseables o transgresoras por la actual dictadura. De hecho, sufrirá una opresión excepcionalmente brutal e injusta si se sitúa en el espectro político conservador, libertario y cristiano. Si no es un entusiasta de las ideologías de moda, critica la ideología de género y considera que el estado debería reducir sustancialmente su ámbito de actuación e intervención en la sociedad (o incluso desaparecer por completo), las autoridades establecidas lo considerarán un elemento transgresor. ésto, por sí solo, facultará a las autoridades para clasificarlo como “extremista” y poner su existencia patas arriba, con graves consecuencias para su vida personal, profesional y financiera.
En efecto, el estado puede arruinar completamente su vida y acabar con usted en un abrir y cerrar de ojos. Para que ésto suceda, no hace falta mucho hoy en día. Una publicación “inapropiada” o una crítica a alguna autoridad omnipotente de la república en cualquier red social, pueden bastar para desatar la ira del Leviathan. Y una vez que esa ira despierta, es imposible aplacarla debidamente. El omnipotente Leviathan se asegurará de que su objetivo sea debidamente sometido, y de que responda por todos los “delitos” que las autoridades le atribuyan.
Actualmente, todos los poderes del gobierno federal se dirigen con furia atronadora y cólera descomunal contra el ciudadano común. Y aunque exista jurisprudencia que aparentemente otorgue al ciudadano cierto grado de protección y el beneficio de la duda, su aplicación por parte de las autoridades es totalmente discrecional. El modus operandi del gobierno federal es la truculencia absoluta. Y mala suerte la suya si se cruza en su camino.
El hecho de que el gobierno no reconozca limitación ni restricción alguna en su nivel de actuación social ni en su injerencia en la vida privada de los individuos, es algo que, sin duda, lo convierte en una entidad excepcionalmente peligrosa. Llamar “estado democrático de derecho” a una dictadura, no la hace menos peligrosa por tener un nombre bonito o incluir la palabra “democracia”. Incluso Corea del Norte se denomina “República Popular Democrática de Corea”. Sin embargo, absolutamente nadie en su sano juicio cuestiona el hecho de que se trata de una dictadura totalitaria.
Lo que realmente importa es el modus operandi: y el modus operandi del gobierno federal brasileño es en la actualidad ostensiblemente opresivo, despótico, maligno, irascible, cruel, agresivo y excesivamente autoritario. Además, se dirige siempre con crueldad desmedida contra el ciudadano común.
A menudo el ciudadano es criminalizado sencillamente por ser quien es. El gobierno necesita muy pocas prerrogativas para procesar y perseguir a alguien. Basta con una publicación en cualquier red social, y listo: el gobierno tiene todo lo necesario para iniciar una cruzada inicua, injusta y visceral contra usted.
De hecho, el gobierno federal brasileño constituye hoy la mayor amenaza para el ciudadano común, y una amenaza de considerable envergadura contra las libertades individuales. La Policía Federal, el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República pueden ser activados por cualquier motivo. A menudo, los detonantes de la represión gubernamental son justificados mediante la transgresión de leyes arbitrarias –lo que en el iusnaturalismo denominamos delitos sin víctima: la evasión fiscal, los delitos de opinión y las creencias personales pueden ser castigados, simplemente porque existe una legislación que criminaliza determinadas conductas, las que son totalmente inofensivas e incapaces de causar un daño real a terceros.
Con el empeño de hacer cumplir ciertas leyes, las instituciones del estado pueden activarse para castigar a los “transgresores” por el simple hecho de haber realizado algo que no es verdaderamente delictivo, pero que constituye una violación de la legislación autocrática vigente. Cuando las instituciones del estado se ocupan ostensiblemente de castigar a estos delincuentes ocasionales –cuyo único delito es violar leyes que ni siquiera deberían existir–, se produce la consolidación del totalitarismo estatal y de la opresión por delegación.
Al aplicar estos procedimientos institucionales con rigor, el gobierno se convierte efectivamente en una tiranía. Y los ciudadanos pasan a ser rehenes del miedo, de la opresión sistemática y del autoritarismo institucional. Deben vigilar constantemente sus pasos, sus actitudes, su relación con la burocracia estatal y las opiniones que expresan en las redes sociales. Todo ello porque el más mínimo desliz puede implicar una transgresión penal sórdida y vil, capaz de acarrear consecuencias extraordinariamente nefastas para el individuo, transformándolo de ciudadano común en un delincuente sujeto a castigo. Ésto puede suceder en un abrir y cerrar de ojos. Dado el hecho indiscutible de que actualmente el estado brasileño se ocupa excesivamente de perseguir, procesar y castigar a ciudadanos comunes por incurrir en los llamados delitos sin víctima, es evidente que vivimos en una atmósfera institucional de miedo, opresión, vigilancia extrema y cautela excesiva.
La tiranía se ha instalado, y todo ello porque vivimos en un sistema cuya prioridad no es detener, perseguir o encarcelar a delincuentes, sino criminalizar al ciudadano común y oprimir a los individuos por motivos insignificantes. Ante este escenario, es inevitable que el estado busque acumular poderes plenipotenciarios con el objetivo de reforzar la ley. Una ley fundamentada en una jurisprudencia totalmente injusta, tiránica y opresiva, que no guarda relación alguna con la justicia ni con principios genuinos de legalidad.
El gobierno federal brasileño representa la mayor amenaza existente en el territorio nacional. Nada se compara con los poderes del Leviathan ni con el daño inmensurable que éste puede ocasionar en la vida de los ciudadanos comunes. La opresión institucional ejercida por las más diversas agencias gubernamentales está ostensiblemente decidida a cumplir leyes y órdenes injustas, sin importarles las verdaderas implicancias morales de sus tiránicas, malignas y opresivas acciones.
La solución real al problema pasa por la eliminación total y completa del gobierno federal. Instituciones como la Policía Federal, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República y el Tribunal de Cuentas de la Unión, deberían ser sumariamente extinguidas y erradicadas, de manera definitiva y permanente. Estas instituciones no contribuyen –ni podrían hacerlo de ninguna manera– al progreso de la sociedad; más bien, todo lo contrario.
Dichas instituciones son intrínsecamente tiránicas, opresivas, inmorales, extorsivas, violentas y crueles; se oponen al progreso y –sobre todo– se oponen total y absolutamente al individuo. La supresión del gobierno federal es, sin duda alguna, una condición indispensable para el progreso de la civilización brasileña. Con el gobierno federal, lo único que prosperará en este país son la opresión y la tiranía. Absolutamente nada bueno, correcto o saludable puede provenir del gobierno federal brasileño, pues esta organización sórdida y deplorable es una enfermedad sórdida, funesta, degradante y voraz, que enferma a la sociedad y corroe por completo toda posibilidad real de progreso y prosperidad. Sólo la total eliminación del gobierno federal puede liberar y emancipar verdaderamente a Brasil.
Traducción: Ms. Lic. Cristian Vasylenko
