The Misesian: Desafortunadamente, vivimos en una era de “economía mixta” y “capitalismo regulado”. Ésto significa que el sector privado y el sector público están mezclados, y no siempre está claro dónde termina el estado y dónde comienza el sector privado. ¿Cómo podemos determinar si una empresa privada es en realidad socia del estado ‒la que se beneficia realmente con el poder estatal‒, o si es una víctima del estado?
Robert P. Murphy: Permítanme decir desde el principio que, al evaluar el mundo real desde la perspectiva de la ética libertaria normativa ‒en contraposición con la economía austriaca positiva‒, no siempre obtenemos respuestas claras. Por eso los sistemas legales exigen que los jueces apliquen la ley a casos específicos, y por eso incluso jueces expertos imparciales a menudo discrepan entre sí en situaciones particularmente complejas. Así que, antes de profundizar en los ejemplos específicos que desean que analicemos, permítanme al menos intentar ayudar a los lectores analizando algunos casos obvios para construir un conjunto de principios (quizás a veces contradictorios) que puedan ser utilizados para el análisis de escenarios más complejos.
Además, antes de analizar algunas situaciones relativamente sencillas, permítanme recordarles cómo Murray N. Rothbard enmarcó el pensamiento político libertario. En Ética de la Libertad, Rothbard explica: “A lo largo de esta obra hablaremos de ‘derechos’, en particular del derecho de los individuos a la propiedad sobre sus personas y sobre objetos materiales. Pero ¿cómo definimos los ‘derechos’?”
Rothbard reproduce esta sucinta definición de un ensayo de 1974 de James Sadowsky: “Cuando decimos que uno tiene derecho a hacer ciertas cosas, nos referimos a ésto y sólo a ésto: que sería inmoral que otro, sólo o en conjunto, le impidiera hacerlo mediante el uso de la fuerza física o la amenaza de ella. No queremos decir que cualquier uso que un hombre haga de su propiedad dentro de los límites establecidos sea necesariamente un uso moral”.
En este pasaje, Sadowsky muestra la importante ‒aunque limitada‒ relación entre la ley (natural) libertaria y la moral. Si el análisis libertario de la propiedad concluye que Smith tiene derecho a la autopropiedad de su cuerpo y, por lo tanto, tiene derecho a, por ejemplo, ingerir heroína o trabajar en Sábado, estas conclusiones no implican que sea moral para Smith participar en cualquiera de estas actividades. Quizás lo sea, quizás no, pero lo importante es que la teoría libertaria como tal no nos da respuestas a estas preguntas.
Sin embargo, no debiéramos concluir que el libertarismo está completamente divorciado de la moral. Aunque uno pueda creer (quizás como persona religiosa devota) que es inmoral consumir heroína o trabajar en Sábado, si esa persona también adhiere al libertarismo ‒al menos en la tradición de Murray N. Rothbard‒, entonces tendría que aceptar que sería inmoral amenazar con el uso de la fuerza física contra otras personas para disuadirlas de consumir heroína o de trabajar en Sábado.
Espero que el lector disculpe mi larga explicación, pero a lo largo de los años he visto a muchos autoproclamados libertarios equivocarse en esta simple distinción, argumentando, por ejemplo, que “todo está bien siempre que no sean violados los derechos de los demás”, o incluso reprendiendo en redes sociales a otros libertarios que se quejan de una práctica empresarial, señalando que “la empresa tiene derecho a hacerlo”. Dicho de otro modo, respetar los derechos ajenos es una condición necesaria, pero no suficiente, para el comportamiento moral. Distintas personas, incluso si todas son libertarias acérrimas, pueden adoptar distintos códigos morales, y juzgar a los demás en consecuencia. No hay nada inherentemente contradictorio en ésto. (Ciertamente, si la moralidad es absoluta y las acciones son objetivamente buenas u objetivamente malas, entonces el juicio moral de un crítico puede ser válido o no. Pero mi modesto punto es que quien se autodenomina libertario, puede decir que las acciones de otros son inmorales, incluso si estas no constituyen violaciones de derechos. El libertario consecuente sencillamente no puede amenazar con la fuerza física para influir en el comportamiento de otros en este sentido).
Ahora que he recordado a los lectores el enfoque de Rothbard sobre la teoría jurídica y la moral libertarias, analicemos algunos casos sencillos para orientarnos en este complejo terreno de la interacción del estado con las empresas privadas. En primer lugar, y lo más obvio, no se puede culpar al dueño de un negocio por razones libertarias, si usa su propiedad de una manera que no tenga una conexión obvia con violaciones de derechos, incluso si sus decisiones han sido influenciadas por la amenaza del estado de violar sus derechos.
Por ejemplo, si el dueño de un restaurante se niega a vender alcohol porque el gobierno del condado no le ha otorgado licencia para la venta de alcohol, y hombres armados se presentarán para castigarlo si sirve cerveza; entonces no hay ningún problema por parte del dueño del restaurante. Ciertamente, tiene derecho a abstenerse de vender alcohol, y en este contexto, no hay ningún argumento razonable para que su decisión de evitar el castigo del estado resulte en violaciones de derechos.
Ahora, consideremos a otro dueño de restaurante, ubicado en la misma ciudad, que sí invierte dinero y tiempo para obtener una licencia para la venta de alcohol. Poder vender alcohol le da una ventaja frente a sus competidores que carecen de aquélla. Si existiera un mercado directo, con tarifa fija y suministro ilimitado de licencias, la licencia podría no otorgar ninguna ventaja. En general, esperaríamos que los dueños de restaurantes solicitaran licencias hasta el punto en que el costo total de obtener tal licencia fuera prácticamente igual a los ingresos adicionales que obtendrían de tener la licencia para la venta de alcohol. Sin embargo, en la práctica, la agencia gubernamental que otorga licencias podría restringir su suministro, de modo que quienes las obtienen disfrutan de una clara ventaja (o lo que algunos economistas llamarían, una renta). Aun así, mientras los afortunados propietarios no presionen para el establecimiento del sistema de licencias, ni utilicen medios nefastos para asegurarse de pertenecer al grupo privilegiado, es difícil criticarlos por solicitar licencia para la venta de alcohol a sus clientes voluntarios. Si todos los dueños de restaurantes de la región se abstuvieran escrupulosamente de solicitarla (quizás por temor a robar injustamente cuota de mercado a sus competidores, quienes no podrían obtener licencias), eso no estaría ayudando a la comunidad en general. Simplemente imposibilitaría que el público bebiera alcohol en un restaurante.
La situación es completamente diferente si el dueño de un negocio promueve la creación de un cartel impuesto por el gobierno. Por ejemplo, tras el Informe Flexner de 1910, fue utilizada la coerción gubernamental a nivel estatal para restringir la licencia médica a los graduados de programas aparentemente de alto nivel, y para excluir a los profesionales de la homeopatía y otros enfoques. Un ejemplo más moderno: si los taxistas de una ciudad presionaran al gobierno para prohibir Uber y Lyft (¡sólo para “proteger al público”, por supuesto!), ésto sería claramente ilegítimo desde la perspectiva libertaria.
En resumen, la intención importa. No basta con demostrar que una empresa en particular se beneficia económicamente de la actividad estatal. Si quienes dirigían esa empresa no querían tener nada que ver con los burócratas, y no participaron en la creación del marco, entonces su participación en las “reglas del juego” podría estar sacando el máximo provecho de una situación pésima. Si mi respuesta sorprende a algunos lectores, permítanme recordarles que, en general, en asuntos legales, la intención importa. Si Smith causó objetivamente la muerte de Jones, eso por sí sólo no prueba que hubiera un delito. El asesinato en primer grado requiere no sólo intención, sino también premeditación.
TM: En algunos casos, parece que las empresas “privadas” dependen mayoritariamente del dinero de los contribuyentes para su modelo general de ingresos ‒empresas como Dominion, que fabrica máquinas de votación, y la anteriormente conocida como Blackwater‒, y luego están los fabricantes de armas. ¿Qué debemos pensar de las empresas cuyo principal cliente es el gobierno?
RPM: Para responder a su pregunta, voy a complementar mis anteriores escenarios “obvios” con uno más: en el análisis jurídico standard ‒y por extensión, creo, en cualquier enfoque iusnaturalista‒, no sólo es incorrecto violar directamente los derechos de alguien, sino que, al menos en ciertas situaciones, también es incorrecto utilizar medios voluntarios para facilitar directamente la violación de los derechos de alguien por parte de un tercero. Por ejemplo, en abstracto, no hay nada cuestionable desde una perspectiva libertaria en pagar salarios a un trabajador. Sin embargo, la mayoría de los libertarios estaría de acuerdo en que es un delito contratar a un sicario para que mate a una persona inocente. Del mismo modo, presentar una denuncia falsa a la policía alegando que su vecino es narcotraficante, o decirle a los funcionarios del partido en la época de Stalin que su vecino era un traidor de clase, están directamente relacionados con claras violaciones de derechos y, por lo tanto, son inmorales desde el punto de vista libertario.
En este contexto, creo que es claramente dudoso que una empresa privada acepte contratos gubernamentales cuando es bien sabido que los bienes o servicios prestados serán utilizados por el estado para violar los derechos de personas inocentes. Por lo tanto, creo que podemos concluir definitivamente que, en el mundo actual, los fabricantes de armas que venden al gobierno estadounidense, no deberían ser considerados parte del sector privado voluntario. En cambio, si un régimen minarquista comprara armas de fuego a un fabricante de armas convencional para equipar a su milicia de fin de semana para la defensa genuina contra invasores externos, la situación sería mucho más compleja.
Dicho ésto, su pregunta ‒si la entiendo bien‒ tiene más que ver con el origen de los fondos que con su propósito. Así que, en lugar de centrarnos en los fines (como bombardear civiles extranjeros en conflictos en los que el gobierno estadounidense no tiene nada que hacer), veamos los medios. Como afirmó Rothbard, “Los impuestos son robo”. Entonces, si una empresa se especializa en proporcionar payasos para fiestas de cumpleaños infantiles, ¿debería un libertario verla con desdén si su principal cliente es, por ejemplo, el distrito escolar local, que utiliza los ingresos del impuesto predial para entretener a los niños periódicamente?
Aquí la cosa se complica. Dado que el gobierno financia ciertas empresas que sin duda existirían incluso en un mercado libre, ¿cómo debería un libertario consciente interactuar con estas empresas? ¿Y cómo deberíamos desear que las dirigieran las personas a cargo? Dave Smith hizo un excelente trabajo exponiendo en The Human Action Podcast que los funcionarios del gobierno deberían gestionar las propiedades estatales como lo harían los propietarios privados. Aquí Dave se basaba en los escritos de Hans-Hermann Hoppe. Argumentaba que era razonable que los libertarios instaran a los funcionarios gubernamentales a, por ejemplo, mantener a los drogadictos fuera de los parques infantiles, y a ejercer discreción en la frontera, permitiendo la entrada al país sólo a ciertas personas. Así pues, la diferencia entre los fabricantes de armas y, por ejemplo, los constructores de carreteras radica en que (en el contexto actual de EE.UU.) los primeros facilitan las violaciones de derechos en las etapas posteriores de la cadena de suministro, mientras que los segundos no.
Una vez que tomamos este camino (que considero razonable desde una perspectiva libertaria), es concebible que una empresa acepte financiamiento del gobierno. Por ejemplo, en un régimen abiertamente socialista, no esperaría que todos murieran de hambre por lealtad al principio de no agresión. Por poner un ejemplo menos obvio, no envidio a los economistas que eligen ser profesores en universidades estatales en las llamadas economías mixtas. Después de todo, creo que las universidades existirían en una sociedad anarcocapitalista, y que el dinero de los impuestos (que es parcialmente utilizado para pagar a los empleados de las escuelas públicas) sería tomado independientemente de si, marginalmente, un economista libertario en particular aceptara un puesto docente o no. (Para evitar confusiones: al ingresar en el mundo académico, personalmente decidí que no aceptaría dinero de los impuestos como salario; había estado escribiendo que era dinero robado, así que ¿cómo podría hacerlo? Pero, repito, no culparía a los profesores de la Unión Soviética por aceptar dinero del gobierno, así que ésto no es un principio blanco o negro).
Así que, para dar una respuesta formal a su pregunta, creo que es posible que una empresa reciba la mayor parte de su financiamiento del gobierno y siga siendo legítima, siempre que sus productos o servicios existan en un mercado libre, y la demanda del sector privado sea simplemente desplazada por el gobierno. Sin embargo, sin el anclaje de una verdadera competencia de mercado y el patrocinio voluntario de los clientes, los que tienen la opción de retener su financiamiento, ésto es un terreno muy resbaladizo en la práctica. Si una empresa depende en gran medida de las ventas al gobierno, y especialmente si no tiene empresas similares con financiamiento privado con las que compararla, creo que debería presumirse que dicha empresa está actuando en contra del interés público.
TM: En las últimas elecciones, hemos escuchado mucho sobre cómo las empresas de redes sociales han colaborado estrechamente con agencias gubernamentales para controlar lo que se puede decir o compartir en esas plataformas. ¿Cuánta responsabilidad debería recaer sobre las empresas del sector privado que colaboran en este tipo de actividades?
RPM: En este punto, creo que deberíamos distinguir entre nuestra opinión sobre las personas que dirigen estas empresas, y nuestra justificación de su comportamiento debido a su (supuesta) base en la propiedad privada. Específicamente, en la medida en que funcionarios del gobierno amenazaron, implícita o explícitamente, al personal de Twitter y Facebook para que “moderaran” el contenido (por “desinformación” sobre el covid, interferencia en las elecciones rusas, y otros supuestos peligros), y si creemos que el personal no lo habría hecho de no haber existido tales amenazas, no creo que debamos enojarnos con esas personas, porque en tal escenario, ellas también fueron víctimas de la coerción del gobierno.
Sin embargo, incluso si éste fuera el caso (y la realidad probablemente se encontrara entre la coerción total y la entusiasta obediencia), los libertarios no deberían defender tales prácticas diciendo: “Bueno, es una plataforma privada, y pueden establecer las reglas de contenido que quieran”. Por analogía, la postura libertaria standard es que el dueño de un hotel puede negar el servicio a quien quiera, incluso por motivos de intolerancia. Pero si el gobierno, entre bastidores, presiona al dueño del hotel para que niegue el servicio a un grupo de personas que considera subversivo, entonces esas personas son víctimas de la agresión gubernamental. Sería obtuso argumentar que la única víctima es el dueño del hotel. Si pensamos en términos de violaciones de derechos, definitivamente sería una violación de los derechos de una persona no agresiva si el gobierno declarara: “No se le permite alquilar una habitación de hotel ni publicar en Twitter“. También constituye sin duda una violación de derechos si el gobierno le dice a un hotel: “No se le permite alquilar a esta persona” o a una empresa de redes sociales: “Debe censurar las publicaciones de esta persona”. No estoy seguro de que estas últimas actividades violen los derechos de las personas, pero aun así, el gobierno está violando derechos y, en el proceso, les está causando daño, incluso en estos casos.
TM: Otro gran problema en este ámbito ha sido la estrecha relación entre el sector bancario y el gobierno federal, bajo el pretexto de ser “demasiado grandes como para quebrar”. Cuando el gobierno federal elige a bancos específicos para beneficiarse con préstamos especiales y fácil acceso al efectivo, ¿no está apoyando a empresas con conexiones políticas?
RPM: Sí, por eso tras la crisis financiera de 2008, muchos advertimos que los programas “extraordinarios” de la Reserva Federal sentaron un pésimo precedente. Al realizar compras masivas de valores respaldados por hipotecas, la Reserva Federal indujo al público a aceptar compras de todo tipo de activos, siempre y cuando la actividad pudiera ser descripta como “apuntalamiento de los mercados financieros”. Sin embargo, aquí también la situación en el mundo real es muy matizada, y la intención importa. Por ejemplo, el secretario del Tesoro, Hank Paulson, obligó a los principales bancos a aceptar inyecciones de capital tras la crisis de 2008 (quien señaló que su principal regulador, Ben Bernanke, estaba sentado en la misma sala con ellos), y más recientemente, Jamie Dimon, de JPMorgan Chase, ha criticado públicamente la sobrerregulación de los bancos estadounidenses. Así que no culparía a ningún director ejecutivo de un banco por aceptar dinero de rescate que literalmente no pudo rechazar.
TM: Un tema particularmente delicado son las “exenciones fiscales”, que son más problemáticas a nivel estatal y local. En muchos casos, estas exenciones fiscales son otorgadas a empresas específicas elegidas porque supuestamente ayudarán a la economía local. Suele decirse que las exenciones fiscales otorgadas a empresas específicas son aceptables porque una exención fiscal siempre es buena. Pero si sólo una o dos empresas con favores políticos reciben estas exenciones fiscales, ¿no estaría el gobierno otorgando esencialmente favores, y eludiendo el mercado competitivo? ¿Cuál es su opinión al respecto?
RPM: En términos puramente económicos, creo que las reducciones de impuestos siempre son beneficiosas en promedio, de la misma manera que la reducción de las barreras arancelarias (que, al fin y al cabo, son sólo un tipo específico de impuesto) genera una combinación de ganancias y pérdidas. Sin embargo, en el caso de las reducciones de impuestos, las ganancias totales para los ganadores superan las pérdidas totales para los perdedores.
Pero debemos ser clarísimos sobre cuál es la comparación relevante. Permítanme ilustrar con un ejemplo exagerado para aclarar el punto: si la elección es entre (a) el código tributario actual, y (b) el código tributario actual con un nuevo crédito de $ 1.000 otorgado a quienes pongan una calcomanía de “Coexistir” en el parachoques, entonces me inclinaría por este último. Claramente, ayuda a las personas tener la opción de recuperar $ 1.000 de sus pagos de impuestos a cambio de poner una calcomanía graciosa en su auto. Si no creen que valga la pena, pueden seguir pagando su deuda tributaria original, y no estar en peor situación que si hubiéramos optado por la opción (a). Sin embargo, ¿por qué tenemos que limitarnos a estas dos opciones? Si el gobierno está considerando otorgar créditos fiscales de $ 1.000, sería aún mejor permitir la opción (c), por la que las personas obtienen el crédito simplemente por visitar el sitio web del IRS y solicitarlo, haciéndolo universal, o ‒si se insiste en que el crédito esté vinculado con algún tipo de actividad socialmente beneficiosa‒, ser elegibles al demostrar la capacidad de hacer diez flexiones.
Murray N. Rothbard argumentó que el libertario siempre debería aceptar un movimiento hacia la libertad, incluso si sólo se trata de una victoria parcial. Por ejemplo, si el gobierno reduce la alícuota impositiva de 40% a 30%, es digno de aplauso; el libertario no debería quedarse en un rincón porque “seguimos teniendo un impuesto de 30%”. Así que, en general, sí, cualquier crédito fiscal es positivo, ya que ofrece a las personas más opciones para conservar sus propiedades. Sin embargo, durante el debate público sobre la introducción de dicho crédito fiscal, creo que los libertarios deberían instar a reducciones generalizadas de la alícuota impositiva, en lugar de reclamar créditos puntuales.
TM: Finalmente, volvamos al asunto de la atención médica. Uno de los mercados más complejos en Estados Unidos es el de la atención médica porque, gracias a Medicare, Obamacare y otras regulaciones y programas gubernamentales, todo el mercado de la atención médica está dominado por el gasto público. Por otro lado, sabemos que las compañías privadas de seguros médicos estuvieron muy involucradas en la redacción de la legislación Obamacare. Entonces, ¿existen realmente mercados privados de atención médica en este momento? ¿O se trata de algo más?
RPM: Creo que todo el sistema sanitario en Estados Unidos es una criatura perversa del estado, con pocos focos de innovación empresarial (véase mi entrevista en el podcast Human Action con el Dr. Keith Smith, fundador del Centro de Cirugía de Oklahoma, que no requiere seguro médico y ofrece cirugías de calidad a precios ínfimos, por debajo de los que cobran los hospitales convencionales; publica todos sus precios en línea). Imaginen si los estadounidenses tuvieran que comprar un vehículo nuevo eligiéndolo en el concesionario, firmando la documentación asumiendo la responsabilidad de la compra, y sólo entonces siendo informados del precio. Sin embargo, ese es literalmente el estado de la atención médica en Estados Unidos.
En este caso, creo que el alivio más rápido sería que el gobierno, en todos los niveles, abriera la competencia. Sin duda, las juntas de licencias médicas podrían seguir ofreciendo recomendaciones sobre qué médicos consideran calificados, pero no debería ser ilegal que otros vendan servicios médicos a clientes voluntarios. Al permitir reducciones drásticas e inmediatas de precios, este tipo de reforma facilitaría que más pacientes dejaran de depender de su seguro, y pagaran de su bolsillo su atención médica rutinaria. Ésto devolvería al sector sanitario a un mercado genuino, en el que las empresas deben satisfacer a sus clientes y controlar los costos.
Traducción: Ms. Lic. Cristian Vasylenko
