Quienes esperaban que la segunda administración Trump rechazara el gasto público, la guerra y las restricciones a la libertad, continúan decepcionados. Una nueva decepción llegó cuando la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció que su departamento comenzaría a aplicar la ley REAL ID en Mayo.
Aprobada en 2005, la Ley REAL ID creó standards federales para las licencias de conducir. La ley exige que toda persona que solicite una licencia de conducir proporcione al Departamento de Vehículos Automotores (DMV) su número de seguro social, comprobante de residencia legal, y dos comprobantes de domicilio. La Ley REAL ID permite al Departamento de Seguridad Nacional exigir, según lo considere oportuno, la inclusión de datos adicionales en la base de datos gubernamental relacionada, incluyendo identificadores biométricos. Los identificadores biométricos incluyen datos personales como escaneos de retina, huellas dactilares y ADN.
Quienes dudan de que esta base de datos sea utilizada para violar los derechos de los ciudadanos estadounidenses, deberían preguntarse qué haría un John Edgar Hoover actual –ex director del FBI conocido por recopilar información privada sobre políticos y otras personalidades prominentes– con una base de datos que contiene información personal e incluso biométrica de ciudadanos estadounidenses. También deberían considerar el historial del IRS de atacar a los oponentes políticos de los presidentes. Los estadounidenses también enfrentan la amenaza de violaciones de sus derechos por parte de hackers. El gobierno tiene un deficiente historial en la protección de datos de ciudadanos estadounidenses.
Los defensores de la REAL ID niegan que la ley convierta las licencias de conducir estatales en tarjetas de identificación nacionales, ya que los estados no tienen la obligación de implementar la REAL ID. Sin embargo, los ciudadanos de cualquier estado que se niegue a adoptar la REAL ID no podrán utilizar sus identificaciones estatales para abordar un avión o viajar en tren.
Una vez que se establezcan los usos iniciales de la REAL ID, el gobierno la exigirá para otras actividades. Por ejemplo, se podrían ofrecer fondos federales a las autoridades locales de transporte para implementar los requisitos de la REAL ID en el transporte público. Varias organizaciones a favor de la Segunda Enmienda se oponen a la REAL ID porque podría ser utilizada para monitorear a los propietarios de armas. La ley no prohíbe que un futuro secretario de Seguridad Nacional progresista exija la REAL ID para la compra de armas de fuego. Imponer un mandato de REAL ID a la posesión de armas, promovería el objetivo autoritario de tener una base de datos que contenga el nombre, la dirección, la cantidad y el tipo de armas de fuego que posee cada propietario de armas que cumple con la ley en el país.
La REAL ID amenaza también la libertad sanitaria. Una de las pocas victorias para la libertad durante la histeria del covid fue el fracaso de la imposición generalizada de los programas de “pasaporte de vacunación”. Estos programas buscaban impedir que las personas volvieran a su vida normal a menos que demostraran estar “completamente vacunadas” contra el covid.
La REAL ID fue comercializada como un arma en la “guerra contra el terrorismo”. Sin embargo, Thomas Massie, el defensor más consecuente y valiente de la libertad en la Cámara de Representantes, señaló que los secuestradores del 11-S usaron pasaportes de sus propios países. El representante Massie escribió: “Mientras la puerta del piloto esté cerrada y nadie tenga armas, ¿qué importa que alguien que vuela tenga permiso del gobierno?”
Como la mayoría de los proyectos de ley de seguridad posteriores al 11-S, la REAL ID no hace nada para proteger la seguridad del pueblo estadounidense. Sin embargo, sí pone en gran peligro su libertad. La REAL ID podría incluso ser la pieza final de la transformación de Estados Unidos en una sociedad de vigilancia total, en la que el gobierno monitorea, y por lo tanto controla, nuestras acciones. Los estadounidenses que comprenden esta amenaza deben trabajar para que la administración Trump revierta su postura.
Traducción: Ms. Lic. Cristian Vasylenko
