La acusación formal presentada en Mayo de 2026 por la administración Trump contra el ex presidente cubano Raúl Castro, representa la última escalada en una campaña de guerra económica de seis décadas que no ha logrado un cambio de régimen, pero sí ha infligido daños catastróficos al pueblo cubano.
Las raíces del embargo estadounidense se encuentran tras la revolución de Fidel Castro en 1959, que derrocó al gobierno de Fulgencio Batista, respaldado por Estados Unidos, y encaminó a Cuba hacia la nacionalización y la alineación con la Unión Soviética. Estados Unidos impuso un embargo de armas por primera vez en 1958, y a partir de 1960 afectó a los sectores energético y agrícola, después de que el gobierno de Castro nacionalizara propiedades estadounidenses, incluidas refinerías de petróleo, sin compensación alguna. Tras el inicio del comercio de Cuba con la Unión Soviética y la firma formal de un acuerdo comercial con Moscú en Febrero de 1960, los responsables políticos estadounidenses decidieron que la situación requería una respuesta más agresiva.
La justificación interna quedó explícita en un memorandum, ahora desclasificado, del 6 de Abril de 1960, titulado “El declive y la caída de Castro”, escrito por Lester D. Mallory, Subsecretario Adjunto de Estado para Asuntos Interamericanos, a su superior, Roy R. Rubottom. Jr. Mallory reconoció que “la mayoría de los cubanos apoya a Castro (la estimación más baja que he visto es de 50%)” y que “no existe oposición política efectiva”, concluyendo que “el único medio previsible para alienar el apoyo interno, es mediante el desencanto y la desafección basados en la insatisfacción y las dificultades económicas”. Instó a tomar medidas para “reducir los salarios monetarios y reales, para provocar hambre, desesperación, y el derrocamiento del gobierno”.
El presidente Dwight D. Eisenhower rompió relaciones diplomáticas con Cuba el 3 de Enero de 1961, y el presidente John F. Kennedy proclamó un embargo económico total el 3 de Febrero de 1962, que abarcaba el comercio, los viajes y las transacciones financieras, tras la invasión de Bahía de Cochinos y en el contexto más amplio de la Guerra Fría. Un estudio de caso de la CIA, redactado veinte años después, concluyó que las sanciones “no cumplieron ninguno de sus objetivos”.
Durante las décadas siguientes, varios presidentes mantuvieron y codificaron el embargo. En 1982, el presidente Ronald Reagan calificó a Cuba como un estado patrocinador del terrorismo por su apoyo a grupos de izquierda en África y América Latina. La Ley de Democracia Cubana de 1992 endureció el embargo, al prohibir que las filiales extranjeras estadounidenses comerciaran con Cuba. La Ley Helms-Burton de 1996, firmada por el presidente Bill Clinton, codificó el embargo en la legislación, permitió a los ciudadanos estadounidenses demandar a quienes traficaran con bienes confiscados, y estableció condiciones específicas que Cuba debía cumplir antes de que el Congreso pudiera levantar el embargo.
El presidente Barack Obama concluyó que seis décadas de aislamiento habían fracasado, e inició secretamente negociaciones con el gobierno cubano, con la mediación parcial del papa Francisco. En Diciembre de 2014, Obama y Raúl Castro anunciaron conjuntamente planes para restablecer las relaciones diplomáticas plenas. La administración Obama revocó la designación de Cuba como estado patrocinador del terrorismo el 29 de Mayo de 2015, reabrió las embajadas mutuas en Julio de 2015, flexibilizó las restricciones a las remesas, los viajes y los servicios financieros, se convirtió en el primer presidente estadounidense en ejercicio en visitar Cuba desde Calvin Coolidge en 1928, y restableció el servicio de líneas aéreas comerciales entre ambos países por primera vez en más de cincuenta años.
El daño económico infligido por el embargo es abrumador. La Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe (CELAC) de las Naciones Unidas, estimó en 2018 que el embargo estadounidense le había costado a Cuba más de U$S 130.000 millones en casi sesenta años, dejando una huella imborrable en su estructura económica. Estimaciones más recientes de La Habana, citadas ante la Asamblea General de la ONU, indican que sólo entre Marzo de 2024 y Febrero de 2025, el bloqueo le costó a Cuba aproximadamente U$S 7.500 millones, unos U$S 20 millones diarios.
El daño humano es aún más devastador. Un estudio revisado por pares de 1997, publicado en el American Journal of Public Health –“El impacto de la crisis económica y el embargo estadounidense en la salud en Cuba”, de Garfield y Santana–, reveló que el endurecimiento del embargo estadounidense en 1992 contribuyó a la disminución de los niveles nutricionales, el aumento de las tasas de enfermedades infecciosas y muertes violentas, y el deterioro de la infraestructura de salud pública en Cuba. Un estudio revisado por pares publicado en 2010 en la revista Science confirmó que, a finales del siglo XX, “pocas compañías farmacéuticas internacionales suministraban medicamentos esenciales o materias primas químicas a Cuba”, y que la Ley Torricelli de 1992 provocó una drástica disminución en el número de filiales extranjeras de empresas estadounidenses autorizadas para vender medicamentos a Cuba. Un informe de 1997 de la Asociación Estadounidense para la Salud Mundial, elaborado tras un año de investigación, concluyó que el embargo “ha provocado un aumento significativo del sufrimiento –e incluso de las muertes– en Cuba” y que, en algunos casos, a los médicos cubanos les había resultado “imposible obtener medicamentos vitales de cualquier fuente y bajo cualquier circunstancia”.
Si bien la legislación estadounidense permite nominalmente las exportaciones de alimentos y medicamentos a Cuba, el requisito de que ningún producto contenga más de 10% de componentes de origen estadounidense, sumado a las restricciones bancarias y al efecto disuasorio de las sanciones secundarias sobre los proveedores de terceros países, ha significado que los médicos cubanos históricamente sólo hayan tenido acceso a una fracción del mercado mundial de medicamentos.
Para Septiembre de 2025, 69% de los 651 medicamentos esenciales de Cuba escaseaban, y 51% estaban agotados. Para Marzo de 2026, 80% de los medicamentos esenciales de producción nacional estaban por debajo de los niveles requeridos, y la mayoría sólo se conseguía a través de un mercado negro informal a precios muy superiores a los salarios estatales.
La crisis humanitaria más grave surgió del bloqueo petrolero efectivo impuesto tras la orden ejecutiva de Donald Trump en Enero de 2026, que amenazaba con imponer aranceles a cualquier tercer país que suministrara petróleo a Cuba. Tras la suspensión de los envíos por parte de Venezuela a raíz de la operación estadounidense para arrestar al presidente Nicolás Maduro en Enero de 2026, y la suspensión de los envíos por parte de México por temor a represalias estadounidenses, el suministro energético de Cuba colapsó.
Un análisis de salud global de la Universidad de Washington, publicado en Mayo de 2026, documentó las consecuencias en cascada para la salud. El análisis identificó a 32.880 mujeres embarazadas que enfrentaban riesgos adicionales debido a la escasez de combustible, lo que interrumpía las ecografías obstétricas y retrasaba la vacunación infantil. En los hospitales donde los generadores de respaldo carecían de baterías funcionales, el personal sanitario reiniciaba manualmente la ventilación para los recién nacidos durante los cortes de energía. A principios de Marzo de 2026, la lista nacional de espera quirúrgica alcanzó los 96.387 pacientes, incluidos 11.193 niños. Sólo uno de los seis aceleradores lineales de Cuba estaba operativo, con más de 4.000 pacientes en espera de radioterapia, más de 3.000 para quimioterapia, y los trasplantes de médula ósea completamente paralizados por falta de medicamentos esenciales. Aproximadamente 30.000 niños no recibieron las vacunas programadas a tiempo, debido a fallas en la cadena de frío causadas por la escasez de combustible.
El informe de Oxfam de 2021 reveló que 78% de las mujeres y niñas cubanas nacieron bajo las sanciones estadounidenses, y documentó cómo el embargo afecta de manera desproporcionada a las mujeres, restringiendo el acceso a la atención de salud reproductiva, la nutrición materna y la autonomía económica. Un estudio de 2026 publicado en BMJ Paediatrics Open, titulado “Impacto de las sanciones económicas en la salud infantil en Cuba”, documentó el aumento de la mortalidad infantil, el empeoramiento de los indicadores de salud infantil, y los efectos en cascada de las sanciones estadounidenses en el sistema de salud pediátrica de Cuba. Un estudio de 2025 publicado en The Lancet Global Health, que analizó 152 países, encontró que las sanciones unilaterales y generalizadas están causalmente asociadas con aproximadamente 564.000 muertes anuales, de las cuales 51% correspondían a niños menores de 5 años.
La magnitud de la emigración desde Cuba constituye uno de los indicadores más claros del sufrimiento humano. Según análisis demográficos independientes, se estima que entre 1,4 y 2,5 millones de personas abandonaron Cuba entre finales de 2020 y finales de 2024, la mayor ola migratoria de la historia cubana. La agencia oficial de estadísticas de Cuba confirmó una disminución de la población de 1,4 millones durante ese período; el demógrafo independiente Juan Carlos Albizu-Campos estima que la cifra real representa una reducción de aproximadamente 24% de la población cubana anterior a 2020.
Este colapso no se produjo de forma aislada. Coincidió con un endurecimiento deliberado de la política estadounidense que comenzó años antes. Donald Trump asumió la presidencia en 2017 con la promesa de revertir el “acuerdo unilateral” de la administración Obama con La Habana, y lo hizo de forma sistemática. En Junio de 2017, Trump emitió el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional-5, que reimponía restricciones a los ciudadanos estadounidenses que realizaban transacciones financieras con entidades controladas por los militares cubanos. Para 2019, Trump había eliminado todos los viajes a Cuba que no fueran familiares ni educativos, prohibió las escalas de cruceros estadounidenses en la isla, y canceló los vuelos estadounidenses a ciudades cubanas distintas de La Habana. En Enero de 2021, la última medida importante de Trump respecto de Cuba fue volver a designarla como estado patrocinador del terrorismo, revirtiendo la decisión de Obama de 2015.
El segundo mandato de Trump trajo consigo una postura aún más agresiva. A las pocas horas de su investidura el 20 de Enero de 2025, Trump revocó las medidas de Joe Biden del 14 de Enero que habrían eliminado a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. En Diciembre de 2025, Trump emitió una proclamación de prohibición de viaje que restringía la entrada de ciudadanos cubanos a Estados Unidos, con vigencia a partir del 1° de Enero de 2026. El 30 de Junio de 2025, Trump reeditó y reforzó la NSPM-5, ampliando los criterios de la Lista Restringida de Cuba.
El 29 de Enero de 2026, Trump firmó la Orden Ejecutiva 14.380, declarando que Cuba “constituye una amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. La orden estableció un sistema arancelario dirigido a las importaciones de cualquier país que suministre petróleo a Cuba, directa o indirectamente, amenazando con sanciones comerciales a cualquier nación dispuesta a enviar combustible a la isla.
El 1° de Mayo de 2026, Trump firmó la Orden Ejecutiva 14.404, que impone sanciones a los responsables de la represión en Cuba, y de las amenazas a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. Emitida en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, la orden autorizó el bloqueo de sanciones contra personas extranjeras que operan en los sectores de energía, defensa, metales, minería, servicios financieros y seguridad de Cuba, e impuso sanciones secundarias a las instituciones financieras extranjeras que procesan transacciones con entidades designadas.
El 20 de Mayo de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al ex presidente cubano Raúl Castro, de 94 años, y a cinco pilotos militares cubanos, de asesinato y conspiración, en relación con el derribo en 1996 de dos aviones operados por el grupo cubano en el exilio anticastrista Hermanos al Rescate. El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró que, si bien la administración prefería una solución negociada, no descartaba las opciones militares.
La decisión de Cuba de adoptar políticas económicas socialistas no debería someter a su pueblo a una guerra de asedio. La cuestión fundamental no es si el gobierno cubano ha cometido errores, sino si Estados Unidos tiene derecho a imponer un castigo colectivo a toda una población por haber elegido un camino económico diferente. La evidencia de seis décadas es clara. El embargo no ha producido un cambio de régimen, no ha impulsado la democracia, ni ha servido a los intereses estadounidenses. Lo que sí ha producido es un inmenso sufrimiento humano, y las últimas escaladas de la administración Trump sólo agravarán ese sufrimiento, sin lograr nada que las seis décadas anteriores de fracaso no han conseguido.
Traducción: Ms. Lic. Cristian Vasylenko
