Poseer significa que uno tiene derecho a controlar un recurso determinado. La propiedad es distinta a la mera posesión o el control real; es el derecho a controlar.
Como argumentó H. L. A. Hart, la pregunta de qué es la ley es diferente de la pregunta de si una ley en particular es moral o justa. Podemos distinguir cómo son las cosas de cómo deberían ser. El hecho y la norma, el ser y el deber ser, son cosas distintas. Cuando hablamos del estado actual de las cosas, estamos hablando de la propiedad efectiva o legal, y el derecho positivo legal a controlar un recurso.
Lo que quiero decir es que el Estado posee muchos recursos, incluso si (como yo y otros libertarios anarquistas creemos) el Estado no tiene ningún derecho natural o moral a poseer estas cosas. No obstante, el Estado sí posee algunos recursos: carreteras, puertos, edificios e instalaciones, bases militares, etcétera. Por ejemplo, podemos admitir que una carretera es, en efecto, o legalmente, propiedad del Estado, mientras que también reconocemos que los «verdaderos» propietarios son los contribuyentes o los anteriores propietarios expropiados de la tierra a la cual tienen derecho. Esto no plantea ningún problema conceptual: no hay conflicto entre la proposición de que los contribuyentes tienen un derecho moral o natural a la tierra, es decir, deberían tener el derecho (legal) de controlarla; y la afirmación de que el Estado tiene el derecho efectivo, positivo o legal, de controlar la tierra. El Estado es el propietario legal; pero esta titularidad legal no está justificada, porque equivale a una continua invasión por parte del Estado sobre la propiedad que «verdaderamente» poseen (normativa o moralmente) ciertas víctimas del Estado (por ejemplo, los contribuyentes o los propietarios anteriores del recurso). El punto aquí es que el Estado sí posee (legalmente) recursos que son «verdaderamente» propiedad de otros. Como libertarios, podemos ver esta situación como el Estado que posee la propiedad en nombre de los verdaderos propietarios, como una especie de encargado no deseado. Ahora bien, mi opinión es que, dada la existencia de una propiedad pública significativa en un determinado país, no es necesariamente antilibertario restringir la inmigración mediante reglas de uso establecidas por el Estado propietario sobre la propiedad pública.
Considere este caso. Vivo en una pequeña ciudad independiente, que tiene alrededor de 10 mil habitantes. Es muy pequeña y densa, y justo en el medio de Houston, que tiene 4 millones de habitantes. Nuestra Ciudad tiene una piscina pública a pocas cuadras de mi casa. Como residente de la Ciudad (y, por ende, un contribuyente) tengo derecho a usar la piscina por una tarifa muy pequeña —digamos, 2 dólares por visita—. Los no residentes —los forasteros— también pueden usar la piscina, pero pagan tres veces más: 6 dólares por visita. Ahora digamos que, como libertario, preferiría que se privatizara la piscina, o se vendiera y los ingresos se devolvieran a quienes han sido víctimas para fundarla o mantenerla: los contribuyentes o residentes de esta Ciudad. Este sería un tipo de restitución por el delito cometido contra ellos. Alternativamente, si la tierra para la piscina había sido expropiada, el propietario debería recibir una restitución, etcétera. El punto es que dado un robo, una toma o una invasión del gobierno, es mejor, siendo todo lo demás constante, que las víctimas reciban restitución; y más restitución es mejor que una cantidad menor e insuficiente. Pero la restitución no necesita hacerse solo en dólares. Puede hacerse proporcionando otras utilidades o beneficios a las víctimas. Uno de esos beneficios para mí es la posibilidad de utilizar una piscina local agradable y con poca gente por un bajo precio. Es presumiblemente mejor para la Ciudad, incluso más libertario, discriminar a los forasteros. Si no fuera así, la piscina sería invadida por forasteros que buscan nadar por poco dinero. Sería virtualmente inútil para mí y para la mayoría de mis compañeros residentes de la Ciudad si no hubiera reglas de entrada o discriminación contra los forasteros. La regla establecida sobre el uso de esta propiedad por parte de su propietario guardián, la Ciudad, es una razonable: una que el propietario de una piscina privada podría adoptar, y también una que genera más restitución para las víctimas de la agresión de la Ciudad que lo que generaría una regla menos discriminatoria. Este ejemplo ilustra el punto general de que cuando el Estado asume la propiedad de un recurso, entonces tiene que establecer algunas reglas en cuanto al uso del recurso. Esto es lo que significa poseer algo: poder determinar cómo se usa.
Volviendo a la inmigración, tomemos el caso del gobierno federal como propietario guardián de una extensa red de calles públicas y otras instalaciones. Si los federales adoptaran una regla según la cual solo los ciudadanos y ciertos forasteros invitados pueden usar estos recursos, esto restringiría en efecto radicalmente la inmigración. Incluso si los propietarios privados no tuvieran prohibido invitar a quien deseen a su propiedad, el invitado tendría dificultades para llegar allí, o salir, sin usar, digamos, las calles públicas. Así que simplemente prohibir que los no ciudadanos utilicen la propiedad pública sería un medio de establecer de facto restricciones de inmigración. No es necesario prohibir literalmente a los propietarios privados tener inmigrantes ilegales en su propiedad. Solo se necesita evitar que usen las carreteras o puertos, que son de su propiedad. Me parece que establecer reglas sobre cómo se deben utilizar las vías públicas no es inherentemente antilibertario. Incluso los libertarios que dicen que el Estado no tiene derecho a establecer ninguna regla sobre la propiedad que posee —incluyendo los límites de velocidad, etcétera— defienden realmente la siguiente regla: permitir que cualquiera la use y/o devolverla a la gente. Esta es una forma de utilizar una propiedad. Pero la mayoría de los libertarios no parece tener una oposición de principios a la idea misma del establecimiento de reglas en sí. Por supuesto, el Estado no debe poseer un estadio deportivo o una carretera, pero mientras lo posee, no es inherentemente antilibertario que el Estado propietario promulgue y haga cumplir algunas reglas respecto al uso del recurso. Una carretera puede tener límites de velocidad; un estadio o museo puede cobrar una tarifa de entrada; es posible que la oficina del alguacil y el juzgado tengan cerraduras en las puertas que impidan la entrada a cualquiera, excepto a los empleados. Los defensores de las fronteras abiertas y la inmigración irrestricta son simplemente aquellos que prefieren que los federales dicten una cierta regla de uso: que cualquiera pueda usar las carreteras federales, los puertos, etcétera. Mientras que otros ciudadanos tienen una preferencia diferente: prefieren que los federales no permitan a todos, sino solo a algunas personas. Al tener esta última regla, obviamente, se podría establecer de facto una versión de restricción a la inmigración.
Ahora bien, hasta ahora no estoy defendiendo la última regla. Simplemente estoy señalando que no es necesariamente antilibertaria, como los tipos de las fronteras abiertas quieren sostener. Instan a que el propietario guardián ilegítimo de la propiedad pública la use de esta manera; otros quieren que se use de otra manera. Todos estamos de acuerdo en que la regla que realmente debería adoptarse es: devolver la propiedad a manos privadas. En lo que nos diferenciamos es en cuál es la segunda mejor regla más libertaria o más preferida. ¿Es claramente una segunda mejor regla más libertaria que la otra? Me parece que una forma útil de comparar reglas alternativas es examinar la restitución que proporcionarían varias reglas de uso. Una regla que genere más restitución para más personas es, en igualdad de condiciones, probablemente preferible a otras reglas.
En el caso de las carreteras federales, por ejemplo, la mayoría de los ciudadanos se benefician actualmente de poder usar las carreteras. ¿«Vale la pena» el costo de pagar impuestos para mantener las carreteras, o pagar los montos de compensación pagados a los propietarios expropiados o comprados, o las violaciones de la libertad asociadas? No. Pero dada una violación de derechos, alguna restitución es mejor que ninguna. Si los federales anunciaran mañana que no se aplicaría ninguna regla a las carreteras federales, la utilidad de las carreteras para la mayoría de las personas se reduciría radicalmente, lo que significa que la restitución ha disminuido. El recurso se desperdiciaría. Si los federales anunciaran mañana que nadie podría usar las carreteras, excepto los militares, entonces, nuevamente, esto reduciría la restitución general. Alguna regla intermedia más razonable generaría obviamente una cantidad de restitución más respetable que cualquier extremo.
¿Existe una regla «óptima» que lleve a una restitución «óptima»? Ciertamente no. La propiedad privada es la única forma de asignar capital de manera objetiva y eficiente. Pero algunas reglas son mejores que otras; y una regla general razonable que se utiliza para juzgar la validez de una determinada regla de uso para un recurso de propiedad pública es preguntar si un propietario privado de un recurso similar podría adoptar una regla similar; o comparar la cantidad y los tipos de restitución correspondientes a reglas de uso alternativas. Y dado que es imposible que el Estado adopte una regla que satisfaga perfectamente a todos los ciudadanos —este es, en primer lugar, un problema de tener propiedad pública— entonces, siendo todo lo demás constante, se puede considerar una regla que es favorecida por la abrumadora mayoría como la que proporciona «más» restitución general antes que una que es favorecida solo por unas pocas personas. Dadas estas consideraciones, me parece obvio que, así como la piscina de mi vecindario discrimina a los forasteros, y así como una piscina privada también lo hace, el Estado propietario guardián de la propiedad federal también puede establecer reglas que discriminen a algunos inmigrantes. Es evidente que la inmensa mayoría de los ciudadanos no quiere fronteras abiertas; lo que significa que casi todos los contribuyentes americanos preferirían que la propiedad pública no estuviera abierta a todos. También está claro que, dadas las leyes federales contra la discriminación, proporcionar acceso ilimitado a las vías públicas es equivalente a la integración forzosa, como Hoppe ha argumentado. Este costo es otra razón más por la que la mayoría de los americanos preferirían no tener la propiedad pública abierta a todos sin discriminación ni restricciones. Dado que los valores son subjetivos, el uso de la propiedad para satisfacer las preferencias subjetivas de la gran mayoría parecería ser una forma de lograr un grado más sustancial de restitución.
¿Cuáles son mis propias preferencias personales? Bueno, preferiría que la propiedad pública fuese devuelta como restitución a las víctimas y que la mafia llamada Estado se disolviera. Exceptuando eso, siempre y cuando el Estado posea propiedad legítimamente «mía» y de otras personas a las que el Estado debe indemnización y restitución, preferiría que la propiedad que posee se use solamente para fines pacíficos del tipo que existirían en el mercado libre (¿puede algún libertario negar seriamente que es objetivamente mejor que el Estado construya una biblioteca o un parque en la propiedad pública antes que una oficina del IRS o una fábrica de armas químicas?). Preferiría que se establecieran reglas sobre el uso de estos recursos para que no se desperdicien y para actuar de manera razonable como lo harían los propietarios privados, y para maximizar la restitución. Hasta ahora, creo que mis «preferencias» son las únicas libertarias posibles. Pero, ¿qué reglas concretas deberíamos preferir? Aquí creo que empezamos a desviarnos del libertarismo hacia el ámbito de las preferencias personales. No quisiera que los federales permitieran el ingreso de cualquiera y de todas las personas a la propiedad federal, por las razones mencionadas anteriormente; creo que eso reduciría la utilidad de la propiedad pública, e impondría costos (como la integración forzosa). En cualquier caso, incluso si esta fuera ahora mi propia preferencia, tengo que admitir que el 99% de mis compañeros contribuyentes simplemente preferirían algunas restricciones de inmigración y, por lo tanto, probablemente preferirían algunas clases de reglas de tránsito que discriminen contra los forasteros. Dada esta preferencia, que no parece por sí misma antilibertaria, es obvio que en general se logra mucha más restitución si se promulgan tales reglas.
Los libertarios que asumen con rectitud que su visión de las fronteras abiertas es la única basada en principios, solo pueden mantener esta postura si argumentan que el Estado nunca debería establecer ninguna regla sobre la propiedad de la que afirma ser dueño. Una vez que conceden que se deben establecer algunas reglas, no pueden asumir que las reglas discriminatorias sean automáticamente antilibertarias; todas las reglas son «discriminatorias». Y personalmente no creo que se pueda argumentar de manera convincente que no debería haber reglas sobre la propiedad pública, porque esto resultaría en costos significativos para los ciudadanos que son suficientemente victimizados. No puede ser un requisito libertario agregar daño al daño; el libertarismo consiste en reivindicar y defender a la víctima, no en victimizarla aún más.
Traducción: Oscar Grau
