Democracia + Burocracia = Idiocracia

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    Es difícil imaginar una forma más estúpida o peligrosa de tomar decisiones, que ponerlas en manos de personas que no pagan las consecuencias de equivocarse. Thomas Sowell

    A menudo ha sido dicho que es bueno que los aviadores se sienten en la parte delantera de la aeronave, porque si cometen un error catastrófico, serán los primeros en estrellarse contra el planeta Tierra. Si bien ésto no evita todos los accidentes aéreos, ilustra sencillamente una verdad innegable: cuando las personas asumen personal, inmediata y directamente las consecuencias de sus acciones y decisiones, se ven fuertemente incentivadas a ser prudentes respecto de la veracidad de sus creencias.

    La observación de Sowell capta una característica fundamental del estado moderno, especialmente de la burocracia. Cuando quienes toman decisiones están exentos de las consecuencias de sus decisiones, se aíslan cada vez más de aspectos de la realidad misma. Pero esta misma lógica institucional se extiende a la sociedad en general. La democracia de masas, reforzada por la burocracia, la política inflacionaria y el “transferísmo”[*], crea un entorno en el que los ciudadanos son alentados a adoptar creencias políticas que, de otro modo, la retroalimentación económica y social habitual disciplinaría. A su vez, surge un mercado intelectual para satisfacer esa demanda, recompensando a políticos, periodistas, académicos, activistas y otros formadores de opinión, los que ofrecen narrativas y racionalizaciones emocionalmente satisfactorias, en lugar de verdades incómodas.

    He explorado el fenómeno de la infantilización de la cultura. Este artículo argumenta que, en la democracia de masas, ciertos incentivos institucionales, sumados a la naturaleza de la burocracia y las irrealidades económicas creadas por la política inflacionaria y el transferísmo, debilitan sistemáticamente los mecanismos de retroalimentación normales que disciplinan las creencias. Dicho de otro modo, la democracia moderna, junto con la burocracia, incentiva las creencias irreales. En este sentido, Ludwig von Mises advirtió: “Donde la razón deja de funcionar, se abre el camino al romanticismo”. También se refiere al papel de la imaginación sin límites: “El romántico es un soñador; en su imaginación, logra fácilmente ignorar las leyes de la lógica y de la naturaleza”.

    En lugar de repetir argumentos ya expuestos, este artículo busca explorar por qué y cómo la democracia y la burocracia generan incentivos particularmente poderosos para la irrealidad política.

    Estado, democracia e irrealidad

    En las democracias, la paradoja del voto implica que los votos individuales tienen una probabilidad casi insignificante de determinar los resultados electorales, lo que plantea la pregunta de por qué los individuos racionales votan, y mucho menos se toman la molestia de informarse. Ésto fomenta la ignorancia racional. Los votantes tienen pocos incentivos para adquirir información costosa sobre políticas públicas, ya que su voto individual no será decisivo.

    Cuanto mayor sea el electorado, menor será el incentivo individual de cada votante para informarse, y mayor será la delegación de la gobernanza a “expertos” permanentes. Cuando los votos individuales tienen prácticamente ningún impacto, la función del voto pasa de ser una expresión genuina de preferencias, a un ritual de legitimación, proporcionando una cobertura democrática a una gobernanza que, en realidad, es ejercida por el aparato administrativo permanente.

    Debido a la desconexión entre el voto y el resultado, el costo personal de tener creencias erróneas sobre las políticas es prácticamente nulo. Por lo tanto, es incentivada la adopción de creencias incorrectas o perjudiciales. Dado que las creencias políticas erróneas no tienen costo personal, pero sí proporcionan recompensas psicológicas, los actores racionales se dejan llevar sistemáticamente por sesgos cognitivos en su pensamiento político. La insignificancia del voto individual no sólo produce votantes ignorantes, sino que crea incentivos estructurales para la formación de creencias irracionales en todo el electorado democrático.

    Especialmente en las democracias representativas, los políticos compiten por los votos prometiendo usar el poder coercitivo del estado para brindar beneficios que sus partidarios no podrían obtener mediante el intercambio voluntario. Debido a que los costos de estas promesas se dispersan, se retrasan o son transferidos a otros, tanto políticos como votantes pueden alimentar la ilusión de que el gobierno puede proporcionar continuamente más que lo que la sociedad ha inicialmente producido. Ésto permite que las personas vivan bajo el influjo de lo que Frédéric Bastiat llamó “la gran ficción”.

    El gobierno es esa gran ficción a través de la cual todos se esfuerzan por vivir a expensas de los demás.

    La política inflacionaria y el transferismo refuerzan esta ficción al separar aún más el consumo de la producción. La inflación oculta los costos del gobierno mediante la devaluación monetaria, mientras que el transferismo desvincula los beneficios de la actividad productiva necesaria para sostenerlos. En ambos casos, los costos son trasladados, retrasados o difundidos, lo que permite a las élites políticas, los intereses favorecidos y los votantes, mantener creencias que serían mucho más difíciles de sostener bajo la disciplina directa del mercado.

    Con votantes y representantes políticos cada vez más alejados de las consecuencias inmediatas de sus decisiones, cada uno se convierte en proveedor y consumidor de las ilusiones del otro. Además, es creado y mantenido un mercado que ofrece justificaciones. El resultado es una relación simbiótica de irrealidad.

    En For a New Liberty, Murray N. Rothbard habló sobre la naturaleza de la propaganda en una democracia:

    … la única diferencia real entre una democracia y una dictadura en lo que respecta a la guerra, es que en la primera debe ser difundida más propaganda a los súbditos para manipular su aprobación. La propaganda intensiva es necesaria en cualquier caso, como podemos observar en el ferviente comportamiento de todos los estados modernos en guerra a la hora de moldear la opinión pública. Pero el estado democrático debe trabajar más duro y más rápido. Y también debe ser más hipócrita al utilizar una retórica diseñada para apelar a los valores de las masas: justicia, libertad, interés nacional, patriotismo, paz mundial, etc. Por lo tanto, en los estados democráticos, el arte de hacer propaganda para sus súbditos debe ser un poco más sofisticado y refinado. Pero, como hemos visto, ésto es cierto para todas las decisiones gubernamentales, no sólo para la guerra o la paz. Todos los gobiernos
    –especialmente los democráticos– deben esforzarse por persuadir a sus ciudadanos de que todos sus actos de opresión son realmente en su propio beneficio.

    La moderna democracia de masas transforma la propaganda, pasando de ser una actividad vertical, a un proceso de mercado participativo. Dado que los estados democráticos afirman que, mediante la participación del pueblo, el estado está autorizado y es legítimo, es necesario convencer a los ciudadanos de forma más sutil. Ésto requiere una forma de propaganda más sofisticada y refinada que la dictadura abierta. Por lo tanto, la democracia de masas moderna crea las condiciones para que los mitos políticos no sean simplemente impuestos desde arriba, sino que sean activamente adoptados, defendidos y reproducidos por el propio público. El resultado es una cultura política en la que la irrealidad se retroalimenta.

    Burocracia e irrealidad

    En una democracia moderna, es importante recordar que, si bien se vota, ésto ocurre dentro de un sistema estatal. En un estado monopólico territorial y coercitivo, cualquier votación es llevada a cabo según las condiciones y opciones que el estado permite. Por ejemplo, el pueblo no puede votar para disolver el sistema estatal.

    Además, la realidad es que, independientemente de las formas o estructuras que adopten los estados, en última instancia siempre son aristocracias u oligarquías: el gobierno de unos pocos. En las democracias, a pesar del sistema electoral, existe una tendencia a que las élites políticas dentro del estado creen y expandan el sector permanente y no electivo del gobierno, conocido como burocracia. Ésta es precisamente la historia del Occidente moderno y de Estados Unidos en los que, aunque el término “democracia” sea utilizado por muchas élites, ha llegado a significar no el gobierno del pueblo o la voluntad popular, sino el mantenimiento del statu quo del aparato estatal sin cambios.

    Con el tiempo, y debido en parte a la creciente burocratización del estado –“la política fuera del gobierno”–, el derecho al voto es ampliado, pero son incorporados más votantes precisamente a medida que son retiradas más funciones del control electoral. Ésto formó parte de la historia de la Era Progresista en Estados Unidos. Al describirla, Patrick Newman escribe:

    … a partir de la década de 1890, fueron implementadas nuevas “reformas” políticas con aparentes motivaciones democráticas, pero cuyo verdadero objetivo fue reducir las opciones de voto. Estas reformas incluyen cambios en el registro electoral, el voto secreto australiano, la papeleta abreviada, el sufragio femenino, las primarias y los referendos, y la elección directa de senadores.

    Los progresistas elogiaron abiertamente la disminución de la participación electoral, ya que permitía un voto “mejor” por parte de personas más “informadas”, y otorgaba mayor control a planificadores y burócratas. Como escribe Thomas Leonard:

    Los economistas progresistas –o al menos los más elocuentes entre ellos– no eran igualitarios, y jamás concibieron la idea de que la experiencia pudiera influir en el pueblo. Eran elitistas declarados, que aplaudían la disminución de la participación electoral durante la Era Progresista, y defendían abiertamente la calidad del voto por encima de la cantidad. La menor cantidad de votantes entre las clases bajas no era un costo, sino un beneficio de la reforma (Leonard 2016, 52).

    … formaba parte del movimiento general para eliminar diversos cargos electivos de la política, ya que las masas “ignorantes” desconocían cómo votar sobre ciertos temas, y así proteger a los burócratas atrincherados en esos puestos. Que los expertos decidieran en lugar del pueblo llano.

    La Era Progresista no sólo amplió el sufragio al tiempo que expandía la burocracia, sino que trasladó progresivamente la toma de decisiones de las legislaturas y los gobiernos locales a instituciones administrativas, judiciales, financieras y tecnocráticas aisladas. En otras palabras: la participación democrática fue formalmente expandida, mientras que la gobernanza sustantiva fue vuelta cada vez más indirecta, dirigida por expertos y centralizada. Así, durante este período, presenciamos la expansión simultánea de la participación política formal y la contracción del control democrático efectivo. Este proceso desconecta aún más tanto a los votantes como a los burócratas de las consecuencias de sus políticas.

    Por supuesto, las élites políticas dentro del estado administrativo están en gran medida aisladas tanto de la disciplina del mercado, como de la rendición de cuentas democrática efectiva. Como resultado, operan bajo mecanismos de retroalimentación mucho más débiles que los sistemas empresarios o los participantes comunes del mercado. Sus clientes o castas políticamente favorecidas –los beneficiarios netos de los impuestos y del transferismo– también son alentados a pensar y actuar de maneras cada vez más alejadas de las disciplinas de la producción, el intercambio y la realidad económica.

    A medida que el estado administrativo permanente se expande, y son delegadas más decisiones a la burocracia no electa, la conexión entre la opinión pública y las políticas públicas se debilita. Por lo tanto, los votantes tienen menos incentivos para formarse juicios políticos cuidadosos y basados ​​en la realidad, ya que una porción cada vez menor del gobierno está realmente sujeta al control democrático.

    En este entorno, el voto y la expresión política se vuelven cada vez más expresivos, o una forma de exhibicionismo moral. Los individuos acumulan capital social y moral al afirmar las creencias, los valores y las aspiraciones de su grupo preferido, en gran medida independientemente de si esas creencias describen con precisión la realidad. La demanda de creencias que afirmen la identidad, a su vez, crea un mercado para políticos, periodistas, académicos, activistas y otros promotores de la opinión que compiten por ofrecer racionalizaciones satisfactorias. Así, el carácter moral es cada vez más identificado con la lista de deseos o demandas políticas de cada uno. Ser una “buena persona” implica exigir las políticas correctas, independientemente de si estas están basadas en la realidad, o si producen buenos resultados.

    Conclusión

    La inversión de capital y la producción previas al capitalismo de mercado, sumadas a la institución del estado y las condiciones descritas anteriormente, permiten a las élites estatales, a sus beneficiarios y a muchos ciudadanos, vivir en una especie de irrealidad durante un tiempo indeterminado. La realidad acaba por disciplinar a las sociedades. La inflación, las crisis de deuda, la escasez o las guerras fallidas, por ejemplo, acaban imponiendo costos, pero su efecto disciplinario sobre las creencias políticas individuales, ya sean de ciudadanos o burócratas, es mucho menor.

    La democracia y la burocracia modernas separan progresivamente a quienes toman las decisiones, de los costos y las repercusiones que generan. La democracia separa a los votantes de la responsabilidad decisiva, la burocracia separa a los administradores de las ganancias y las pérdidas, la inflación separa el gasto de la tributación visible, el transferísmo separa el consumo de la producción, y los medios de comunicación y los intelectuales separan las narrativas de la rendición de cuentas empírica. Todo ésto tiende a fomentar la vida en la irrealidad, lo que podría ser denominado riesgo moral mental.

     

     

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    [*] Sistema en el que un grupo obliga a otro a pagar por bienes y servicios que, según ellos, les corresponden a ellos o a un tercer grupo. No se trata del control de los medios de producción, sino de la redistribución forzada de lo producido.

     

     

    Traducción: Ms. Lic. Cristian Vasylenko

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    Joshua Mawhorter
    foi professor do ensino fundamental e médio nos últimos cinco anos nas disciplinas de governo/economia e história dos Estados Unidos. Josh é bacharel em ciências políticas pela California State University, Bakersfield (CSUB) e mestre em ciências políticas pela Southern New Hampshire University (SNHU). Ele publica conteúdo em seu canal do YouTube Political Factions e está trabalhando em um cana de finanças Mawhorter Finance . Ele também ensina regularmente em sua igreja local nas áreas de teologia, Antigo Testamento, história da igreja, apologética e filosofia.

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